No sé si Genaro García Luna es culpable o inocente de haberse coludido con el Chapo Guzmán. Lo que sí pienso es que las evidencias que se han dado a conocer en los tres años transcurridos desde que se le detuvo, incluyendo las declaraciones del primer testigo del juicio, Sergio Villarreal, no son concluyentes. Más bien parece un caso débil, fundado en declaraciones –sin evidencias que las corroboren— de testigos urgidos de aminorar sus sentencias y, por tanto, interesados en decir lo que la fiscalía quiere que digan. Si después de más de diez años de investigación (el reportaje de Tim Golden en ProPublica revela que agentes de la DEA comenzaron a investigar a García Luna desde 2011) lo que la fiscalía tiene son puros dichos, aunque sean de muchos testigos, su caso es definitivamente débil. ¿Hay algún indicio de dónde están los cientos de millones de dólares que supuestamente le dieron de sobornos?
En todo caso, este artículo no se trata de especular sobre la culpabilidad o inocencia de García Luna. Eso lo sabremos dentro de poco.
Ocurre que, a partir de posicionamientos políticos, especialmente de quienes ya declararon culpable al exsecretario de Seguridad Pública (algunos analistas, funcionarios del gobierno y morenistas), se están haciendo una serie de reflexiones sobre sus significados e implicaciones que no ayudan nada a entender lo que está en juego. Su único interés consiste en sacar raja política del tema y culpabilizar a los contrarios, prolongando un debate estéril sobre la inseguridad y la violencia. Para avanzar en un debate serio, productivo, es necesario desmontar esos “razonamientos”.
El primer mito es que Genaro García Luna era el hombre fuerte del presidente Calderón y el estratega del gobierno en materia de seguridad. Algunos datos y hechos para desmentir tales afirmaciones. La estrategia de seguridad fue una tarea colectiva de todo el gabinete de seguridad, y el presidente Calderón decidía. La mayor parte de los operativos en los estados los realizaba el Ejército, por instrucciones presidenciales, y era imposible que el secretario de Seguridad tuviera alguna capacidad de influencia en el despliegue y la forma como operaban los soldados. El Cisen integraba y elaboraba la información y los reportes semanales y mensuales de cómo evolucionaba el problema y qué estaban haciendo las dependencias. El director del Cisen presidía, junto con John Brennan, asesor de Seguridad Nacional de Barack Obama, la coordinación del grupo de alto nivel de cooperación con las agencias de seguridad de Estados Unidos. Gran parte de los operativos para detener a los capos los realizó la Marina.
El gran mérito de García Luna –además de realizar detenciones muy importantes y haber conseguido una reducción relevante de la violencia en Ciudad Juárez entre 2011 y 2012– fue construir casi desde cero una policía federal (PF) profesional, con estándares internacionales (no perfecta ni invulnerable), que de haber continuado creciendo hubiera hecho posible el regreso del ejército a sus cuarteles. Pero Peña Nieto se desentendió de ella y López Obrador la destruyó alegando que se había corrompido totalmente, cosa que nunca demostró. La desaparición de la PF fue a la seguridad pública lo que la cancelación del aeropuerto de Texcoco fue a la aviación y conectividad aérea del país: una tragedia de consecuencias enormes que pagaremos durante muchos años.
El segundo mito es que la eventual culpabilidad de García Luna significaría que todo el gobierno estaba corrompido y se dedicó a impulsar el dominio del cartel de Sinaloa. Además, demostraría que todo lo realizado por el presidente Calderón en materia de seguridad fue un fracaso: se confirmaría la “fallida guerra de Calderón”. Ambas afirmaciones son un despropósito de tal magnitud que insulta cualquier inteligencia y, por tanto, no se requiere mucho para refutarlas. Sin embargo, hay un punto de enorme relevancia que debe señalarse.
Ese tipo de juicios generales condenatorios, sin matices, sin datos sólidos que los avalen, obedecen más a fobias personales y posturas políticas y partidistas (sorprendentemente, varios analistas reputados los hacen). Son entendibles en un debate político, pero tienen consecuencias muy serias para comprender y solucionar la compleja problemática que nos aqueja desde hace casi tres sexenios: violencia, inseguridad, impunidad. Al afirmar que todo lo realizado por un gobierno –sea el de Calderón, el de Peña o el de López Obrador– fue un fracaso porque hoy persisten el narcotráfico y la violencia, lo único que se sigue es que la próxima administración tire a la basura todo y comience de cero nuevamente, con ocurrencias peores. En vez de aprender, depurar y mejorar, culpabilizamos, destruimos y caminamos para atrás.
Evidentemente hay políticas que no han funcionado, pero afirmar que todo ha sido un fracaso es desconocer aciertos, avances institucionales y proyectos regionales exitosos (Ciudad Juárez, Nuevo León, La Laguna, Ciudad Nezahualcóyotl, etc.). Por desgracia, en el debate sobre seguridad se quiere culpabilizar personas, gobiernos o partidos, en vez de tratar de entender los fenómenos que causan la violencia e inseguridad y averiguar el grado de eficacia de las estrategias y políticas. Si hay algo urgente por hacer son evaluaciones serias, sin visiones ni agendas partidistas, de las políticas instrumentadas por los últimos tres gobiernos. Sin ellas, seguiremos dando palos de ciego en materia de seguridad. Viene ya el cuarto gobierno que enfrentará estos problemas y la discusión alentada desde Palacio Nacional es para ponerse a llorar.
Apunto algunos temas que podrían estarse discutiendo con motivo del juicio a García Luna. Primero: ¿cómo combatir la corrupción de policías, soldados, ministerios públicos, jueces y políticos por parte del crimen organizado? La colusión de todo tipo de autoridades mexicanas con criminales es histórica y trágica, y no se ha resuelto. En el gobierno de Calderón se introdujo el control de confianza, comenzaron las mejoras de salarios y condiciones laborales de las policías y soldados, entre otras cosas. Es evidente que, si se siguen aplicando, son insuficientes. El tema debiera ser prioritario.
Segundo: la disfuncionalidad del sistema penitenciario y la ausencia de un programa serio de testigos protegidos. Estados Unidos aprovecha la información de los capos mexicanos porque aquí se escapan de las cárceles o las convierten en sus oficinas y centros operativos. A ello debe añadirse que no hay incentivos para que los detenidos proporcionen información.
Y tercero: las relaciones con las agencias de seguridad de Estados Unidos y su esquizofrenia para con México. La DEA, el FBI y García Luna trabajaron codo a codo muchos años, detuvieron juntos a varios capos muy importantes e incluso lo premiaron. Ahora, agentes de la misma DEA usan la información de los capturados por García Luna para tratar de encarcelarlo de por vida. Es evidente que no se trata de que la colaboración con Estados Unidos sirva como salvoconducto para asociarse con los narcotraficantes. Sin embargo, desde la perspectiva de los agentes mexicanos el riesgo es real por dos razones. La primera es el incentivo que tienen los delincuentes detenidos, ya sea por el interés de ver reducida su condena o por simple venganza, para imputar delitos a sus captores; más cuando la DEA les puede permitir que las acusaciones no vengan acompañadas de evidencias. Tal es el caso, según él mismo declaró, del mencionado Sergio Villarreal. El segundo riesgo son los muchos agentes de las agencias estadounidenses que piensan y creen que todos los policías y funcionarios mexicanos son corruptos, y actúan en consecuencia. Me tocó conocer personalmente a algunos de ellos. Y hay ejemplos de autoridades y ciudadanos mexicanos llevados ante las cortes de estadounidenses con acusaciones que resultaron falsas o inventadas. Así, ¿quién va a querer colaborar de nuevo con agencias de Estados Unidos? ~
Es especialista en seguridad nacional y fue director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). Es socio de GEA.
