Temprano en la mañana, poco antes del amanecer, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibe en Palacio Nacional a representantes de los principales medios de comunicación del país en su tradicional mañanera. En esta ocasión lo acompañan la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, conocida entre los seguidores del gobierno como una “implacable” luchadora contra la corrupción, y Santiago Nieto, el cerebro detrás de la estrategia anticorrupción como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Los altos mandos de gobierno están reunidos para presentar el inicio y avances de la investigación de un posible caso de conflicto de interés que involucra a la cabeza de una dependencia del Estado mexicano. Durante la siguiente hora presentarán a detalle cómo el funcionario omitió declarar la participación de familiares en empresas, situación que consideran grave e inadmisible.
Durante la exposición, Sandoval menciona incluso que “sería bueno” que el funcionario solicitara licencia durante la investigación y aclara que la sanción podría llegar a la inhabilitación del señalado del servicio público. Al terminar la intervención, el presidente López Obrador aprovecha para recordar a los presentes sobre el cambio de régimen que se está viviendo en el país, por el cual no se tolerarán actos de corrupción de absolutamente nadie.
¿El acusado? Guillermo García Alcocer, presidente de la Comisión Reguladora de Energía en febrero de 2019, momento en el que tuvo lugar esta conferencia de prensa.
¿La acusación? No haber reportado la participación del primo de su esposa en una empresa de gas.
¿La coincidencia? Tan solo una semana antes, Alcocer criticó el perfil de los nominados por el presidente a ocupar cuatro vacantes en la CRE.
¿El mensaje? Muy claro: cero tolerancia contra la corrupción. De ser necesario, todo el poder presidencial sería volcado contra un funcionario sospechoso de una irregularidad.
Increíble sorpresa nos llevamos los mexicanos meses después, al ver al mismo poder presidencial y la implacable capacidad de investigación de la Función Pública una vez más volcada y coordinada, pero ahora para defender a Manuel Bartlett. Esto a pesar de que, en esta ocasión, la omisión de 25 propiedades y 12 empresas en las declaraciones patrimoniales y de intereses del director general de la Comisión Federal de Electricidad representa una falta mucho más grave y evidente que la que dio origen al espectáculo en contra de García Alcocer.
Las incoherencias entre éste y otros casos nos llevan a pensar si el discurso anticorrupción del gobierno federal es tan solo eso: un discurso, dispuesto a convertirse en acción únicamente cuando los implicados resultan ser funcionarios incómodos o figuras opositoras al gobierno, y rápidamente transformado en palabras vacías cuando los señalados son personajes cercanos al presidente.
Después de todo, hemos sido testigos de investigaciones contra figuras importantes de gobiernos pasados. Y aunque se esperaría que en casos como Odebrecht y la Estafa Maestra necesariamente hubiera más involucrados que Emilio Lozoya y Rosario Robles, las indagatorias en su contra representan un cambio simbólico respecto de la manera en la que los casos de corrupción fueron tratados en administraciones anteriores.
No obstante, el cambio aún no llega a los casos donde los involucrados son personajes fieles al movimiento de López Obrador, casos en los que gobierno reacciona siguiendo un patrón similar. Primero, se ataca al mensajero, lanzando la acusación de que las investigaciones periodísticas seguramente tienen intereses ocultos que buscan desestabilizar al gobierno, aun si la evidencia presentada es verídica. Segundo, se defiende al acusado. Ya sea en una de las conferencias de la mañana o en voz de algún miembro del gabinete, este recibirá un espaldarazo o se buscará una justificación de las acciones señaladas. Un ejemplo de esto es el de Irma Sandoval, quien a pesar de ser la encargada de investigar el caso de las propiedades de Bartlett, declaró en defensa del funcionario que las adquisiciones “ocurrieron cuando no era funcionario público”. Tercero, se inicia una investigación, aclarando que, incluso en los casos donde la integridad del implicado es intachable, habrá una indagatoria que esclarezca los hechos. Cuarto, se espera a que el escándalo pase y la opinión pública se olvide de él sin la necesidad de emitir una sanción.
Así fue con los departamentos sin reportar de varios miembros del gabinete en Houston, dados a conocer por el diario Reforma. También, cuando una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad señaló el favoritismo y conflicto de interés del delegado del gobierno federal en Jalisco, Carlos Lomelí. Y ahora, con los reportajes de las propiedades y empresas de Manuel Bartlett a cargo de Areli Quintero.
Es cierto, Carlos Lomelí renunció a su cargo. Pero la renuncia no dicta culpabilidad ni fue producto de una sanción, ya que las siete investigaciones iniciadas por Función Pública en su contra aún carecen de resultados contra el exfuncionario, aun cuando empresas vinculada a él fueron inhabilitadas.
El discurso anticorrupción de López Obrador fue arropado por el electorado mexicano, que encontró en las promesas de cambio del ahora presidente una alternativa viable a gobiernos caracterizados por la simulación al enfrentar al fenómeno de la corrupción. Así lo muestran las cifras del Barómetro Global de la Corrupción 2019, según las cuales el 61% de los mexicanos opina que la estrategia contra la corrupción “va por buen camino”. Esta cifra, retomada y celebrada por Función Pública, muestra las altas expectativas depositadas en el discurso del gobierno. No obstante, del dicho al hecho hay un gran trecho. Hasta el momento, las promesas y el discurso se mantienen todavía en expectativas demasiado grandes como para no arrojar resultados concretos.
La simulación en el pasado era simple. La decisión de cuáles casos investigar y cuáles no recaía en la discrecionalidad del presidente en turno. El cambio esperado en esta Cuarta Transformación sería que los casos de corrupción se investigaran aun cuando el presidente no lo quisiera.
Queda claro que, en el caso de Bartlett, López Obrador ha optado, incomprensiblemente, por defender al miembro de su gabinete. ¿Veremos entonces a una Secretaría de la Función Pública capaz de desmarcarse de la voluntad presidencial? ¿O estaremos ante más de lo mismo?
El discurso de López Obrador siempre ha sido certero. No se equivoca al decir que el pueblo mexicano es sabio: no queda duda de que este reconocerá inmediatamente si su apuesta por un cambio en la sanción de casos de corrupción terminó siendo solo una Cuarta Simulación.
Es coordinador anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO)
