¿Cómo se llama una operación que mueve 10 millones de litros de combustible de contrabando, una y otra vez, hasta 31 veces en un año, frente a narices militares y aduanales? Propongo: Operación Monstruo Marino.
¿Cómo se nombra un sistema que convierte a la Marina en vigilante de los puertos y al mismo tiempo en puerta de entrada para el contrabando más lucrativo del país? Propongo: sistema de incentivos perversos y destrucción institucional.
¿Y cómo se explica que sepamos tanto del caso? Supongo que es porque no sabemos lo importante.
La historia comenzó formalmente en marzo de este año, cuando el buque Challenge Procyon fue detenido en Tampico. Transportaba alrededor de 10 millones de litros de combustible bastante más barato que el mexicano, pero disfrazado como aditivo para colarlo al mercado sin pagar impuestos. Eso fue apenas el primer rastro. Bueno, no exactamente. El primer indicio lo había señalado Carlos Loret de Mola, en una columna publicada en El Universal en noviembre de 2022, donde apuntaba a los contralmirantes Roberto y Fernando Farías como dueños fácticos de la Marina en los puertos.
Los periodistas especializados en seguridad y fuerzas armadas lo sabían: era un secreto a voces que algo apestaba ahí adentro, pero una cosa es saber que unos marinos usan patrimonialmente sus encargos y otra muy distinta es asegurarles un buque completo lleno de algo pegajoso que no es mermelada. Y, sobre todo, escuchar a la Fiscalía acusar formalmente a 10 personas –entre ellas, un vicealmirante en activo– de introducir 31 buques de eso en un año. Cada uno, como el Procyon, requeriría unas 300 pipas para distribuir el contenido.
Para dimensionar el tamaño de la operación, realicé un cálculo con base en los datos disponibles. El cálculo fue este: 31 buques × 10 millones de litros = 310 millones de litros. Se requerirían 9,700 viajes para ser transportados en pipas de 32 mil litros.
Dependiendo del radio de acción de cada viaje –100 km o hasta 3 días–, la inteligencia artificial me ayudó a estimar tres escenarios logísticos: 10, 15 u 8 viajes al mes por pipa. Eso requeriría una flota activa de 80 pipas. Si fueran dobles (60 mil litros), incluso menos.
Más claro: 80 pipas, 160 conductores, y según la IA, al menos 40 personas más para tareas de supervisión, almacén, administración y seguridad.
Eso es solo para la distribución. Falta contar al personal clave en aduanas, también implicado según la audiencia en el Altiplano, a los compradores en Estados Unidos y al personal en los barcos.
Tal vez estoy cayendo en una trampa, porque ignoro en qué momento esa operación (capaz de dejar 29 millones de pesos en efectivo en cajas negras en la oficina de un implicado) se convierte en algo que requiere facturas, subcontrataciones legales y empresas formales. Es decir, en qué momento se “blanquea”. Pero como sea, una operación logística así necesita escala industrial. Solo para cubrir la demanda de distribución, esa empresa tendría que ser una de las tres piperas más grandes de México1… o directamente la Sedena.
Frente a esto, me sorprende el detalle quirúrgico de la información que se ha hecho pública. Sabemos cifras, nombres, apellidos. Sabemos de grabaciones, montos exactos, cajas de billetes. Hay registro minucioso de las consideraciones judiciales, argumentos de la defensa, palabras del fiscal, de la presidenta, del secretario Omar García Harfuch. Hay cartas y suicidios, asesinatos y accidentes de bala.
Y, sin embargo, todo eso que sabemos construye el caso de apenas una decena de personas. Catorce, según la Secretaría de Seguridad, en una operación gigantesca.
Lo que no sabemos es mucho: ¿Quiénes compraron todo ese combustible? ¿Qué empresas lo movieron o lo revendieron? ¿A qué precios? ¿Qué funcionarios firmaron, omitieron o protegieron? ¿La red de protección incluía solo aduanas, o también carreteras, gasolineras, bodegas, centros de distribución? En pocas palabras: ¿dónde está la organización?
Estoy del lado de quienes defienden a las instituciones y distinguen entre el edificio y quienes lo han ocupado para delinquir. Pero sobre todo, estoy del lado de quienes entienden que cuestionar a los altos mandos involucrados en una corrupción estructural no destruye a la institución. La salva.
El contrabando de hidrocarburos no lo arman 10, 14 o 25 personas: lo arma una estructura, y esta requiere complicidad institucional. La estructura misma puede o no estar dentro del Estado. Puede ser paralela, puede estar infiltrada. De lo que no hay duda es que no son uno o dos docenas de operadores con talento personal quienes montaron la Operación Monstruo Marino. Lo que las autoridades han hecho hasta ahora es notable, pero no nos engañan: falta mucho más para que esto no sea solo control de daños o rotación de grupos encargados del negocio. ~
- Según información en línea, los más grandes, como Grupo Autotransportes, Autotanques Nieto y UNNE tienen entre 400 y 750 tractocamiones para remolcar pipas. ↩︎
