Foto: Ivo Kruusamägi - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=48127118

Presunciones fallidas

Mientras este gobierno siga jugando a las buenas intenciones con malos resultados, presumirá de logros que fácilmente caerán, por su falta de sustento real.
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El régimen de la 4T centró su mensaje en acabar la corrupción. Esta meta la prefirió a la de gobernar con eficacia, eficiencia o innovación. Ahora el gobierno de López Obrador presume que la posición de México en el índice de percepción de la corrupción (IPC) de Transparencia Internacional  Con una economía que durante 2019 creció 0% y con previsiones para 2020 de apenas 1.2%, hasta lógico parece que celebre que la opinión sobre la corrupción sea menos mala: en un escenario de desastre, hay que presumir lo que se pueda. Sin embargo, se olvida de que en esa métrica aún no se consideran escándalos como el imperio inmobiliario de Manuel Bartlett o la adquisición opaca de medicamentos

Debe insistirse en que México es el lugar 130 de 180 en el índice de corrupción –mejoró ocho lugares– pero sigue en el tercio de los países peor valorados por su deshonestidad. A pesar de las opiniones de la secretaria de la Función Pública, la nación no es líder en la región, donde la rebasan Uruguay (21), Chile (26) o Argentina (66). Además, en un puntaje de base 100, México tiene 29 de calificación, frente al 71 uruguayo.

Tal y como señala Sartori respecto a que las izquierdas suelen alegar buenas intenciones para sus casos, pero invocan resultados cuando critican a las derechas, el ministerio que exoneró a Bartlett sostiene que el país es líder regional de estrategias anticorrupción, el problema es que esas estrategias no se han traducido en mejoras sustanciales.

Una de las quejas de Irma Eréndira Sandoval es que la metodología de Transparencia Internacional “no tomó en cuenta todo el primer año de este nuevo gobierno; es decir, la medición se interrumpe en agosto de 2019, lo cual quiere decir que ya no se puso en consideración políticas públicas de la más alta importancia en nuestro país como por ejemplo fue la aprobación de nuestra Ley Federal de Austeridad Republicana”. En lugar de lamentarse, la secretaria debería agradecer que el tema del enriquecimiento inexplicable de Manuel Bartlett y su vergonzosa dispensa sucedieron a finales de agosto de 2019, por lo que no fueron parte de los elementos a considerar en el IPC, que “utiliza 13 fuentes de datos de 12 instituciones independientes que se especializan en análisis sobre gobernanza y entorno de negocios”.

No obstante, las supuestas estrategias anticorrupción, por las que la doctora Sandoval asume que México es líder regional, recuerdan la famosa frase con la que se describía a los porros setenteros: adalides del socialismo teórico, esbirros del pistolerismo práctico. 

El gobierno presume el freno de los conflictos de intereses, los programas de Alertadores Internos y Externos de la Corrupción, los whistleblowers y los programas de integridad empresarial… pero las adjudicaciones directas a funcionarios y militantes de Morena, así como las empresas a modo de familiares de senadores de ese partido, refutan la efectividad de tales estrategias.

Donde amigos y parientes de políticos se benefician de contratos, los funcionarios tienen fortunas que no corresponden a sus ingresos y la compra directa es la regla, la realidad es que no se detiene el conflicto de interés, los whistleblowers son inútiles y la integridad empresarial sólo es para los adversarios y, para los amigos, se tiene a la corrupción a secas.

Aparte de su apreciación selectiva de la realidad, la secretaria Sandoval también omite otro aspecto metodológico del IPC que beneficia al régimen: el índice no recoge manifestaciones de corrupción como “percepciones o experiencias ciudadanas de corrupción, fraude fiscal, flujos financieros ilícitos, facilitadores de corrupción (abogados, contadores, asesores financieros, etcétera), lavado de dinero, corrupción en el sector privado, así como economías y mercados informales”. Estos siete factores son particularmente negativos, tanto en la opinión de la sociedad civil y de los medios no alineados con el gobierno, como en los datos duros. Baste con recordar que más de 31 millones de la Población Económicamente Activa (PEA) viven en la informalidad, es decir 56.5% de la PEA no paga impuestos.

Mientras este gobierno siga jugando a las buenas intenciones con malos resultados, presumirá de logros que fácilmente caerán, por su falta de sustento real. La corrupción se combate cancelando sus áreas de oportunidad, que suelen encontrarse en la complejidad administrativa y las regulaciones deficientes, pero lo que ha intentado el gobierno de López Obrador sólo es mala teoría y práctica funesta.

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