Espaรฑa rechazรณ en los 70 incluir en su Constituciรณn la pena de muerte y la cadena perpetua, por considerarlas inhumanas y degradantes. Se abre ahora este debate, avanzado el siglo XXI, sin que el mรกs mรญnimo dato de la realidad lo justifique y siempre al calor de hechos puntuales que conmocionan a la opiniรณn pรบblica. Siempre con argumentos falaces.
Ya en 2003, con la aprobaciรณn de la LO 7/2003, bajo el tรญtulo Medidas de Reforma para el Cumplimento รntegro y Efectivo de las Penas, se reformaron varios artรญculos del Cรณdigo Penal. Desde entonces, una persona puede ser condenada a 40 aรฑos de prisiรณn. 40 aรฑos es en la prรกctica una cadena perpetua de duraciรณn mayor que la que regulan los paรญses que formalmente tienen contemplada la cadena perpetua en sus cรณdigos.
Cuando se aprobรณ esta Ley, el Gobierno explicรณ a la opiniรณn pรบblica que era para que los presos de ETA cumplieran una pena mayor, ya que no saldrรญan de prisiรณn hasta que cumpliesen 40 aรฑos de condena. Lo cual, obviamente, no era cierto. Y no lo era porque el propio Cรณdigo Penal lo impide en su Artรญculo 2: โNo serรก castigado ningรบn delito con pena que no se halle prevista por ley anterior a su perpetraciรณnโ. Por lo tanto, no era de aplicaciรณn a los que entonces estaban en prisiรณn o habรญan cometido un delito con anterioridad.
Pese a ello, a la opiniรณn pรบblica y a las vรญctimas se les presentรณ esta reforma del Cรณdigo como una medida de aplicaciรณn inmediata. Pero los presos de ETA siguieron saliendo de prisiรณn a medida que completaban el cumplimiento de sus condenas, segรบn el cรณdigo en vigor por el que habรญan sido condenados.
Despuรฉs llegรณ la llamada doctrina Parot, que pretendรญa la retroactividad en la aplicaciรณn de disposiciones penales desfavorables, y que se presentรณ de nuevo como la fรณrmula que mantendrรญa en prisiรณn mรกs aรฑos a los presos de ETA, y que acabรณ siendo derogada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Mรกs tarde, en 2015, se aprobรณ la prisiรณn permanente revisable, presentada en un paquete de medidas legales contra el terrorismo yihadista. Ahora se debate si va a mantenerse, ampliando incluso sus destinatarios, sus efectos.
La tentaciรณn de usar de manera torticera el Cรณdigo Penal como รบnica alternativa frente a problemas que no se sabe cรณmo afrontar ni resolver se combina con la utilizaciรณn demagรณgica de la preocupaciรณn por los delitos mรกs crueles y con un escaso respeto a nuestro marco normativo, a los principios que establecen la Constituciรณn y nuestras leyes, contrarias a las penas inhumanas y degradantes.
El endurecimiento del Cรณdigo Penal se presenta como una fรณrmula para incrementar la seguridad, pero es fรกcil comprobar que estas medidas nada tienen que ver con la comisiรณn o no de nuevos delitos, con la seguridad ni con la prevenciรณn. Quien comete un delito terrible, de los que encajarรญan en las normas modificadas, no deja de hacerlo si la condena prevista es de 30 aรฑos o de 40 o de toda la vida. El incremento de la pena no actรบa como elemento disuasorio en estos casos.
La protecciรณn de la sociedad de la acciรณn de desalmados debe ser, desde luego, un objetivo. Conseguir esa protecciรณn es uno de los sentidos de la privaciรณn de libertad y para ello se aparta temporalmente de la sociedad a quien ha cometido un delito. Nuestras leyes prevรฉn, ademรกs, acciones de reeducaciรณn para evitar que vuelva a hacerlo cuando recobre la libertad. La mayor parte de las personas condenadas lo estรกn por delitos menos graves y completar con รฉxito esos programas de tratamiento contribuye sin duda a evitar que reincidan y que cometan otros delitos de mayor gravedad.
El sistema penitenciario espaรฑol estรก orientado a la reinserciรณn (aunque no tenga todos los medios para hacer su trabajo) y es eficaz. Espaรฑa es un paรญs que tiene una tasa de criminalidad muy por debajo de los paรญses de nuestro entorno. Y en los delitos mรกs graves todavรญa estamos mรกs abajo en la tabla. Segรบn las estadรญsticas del Ministerio del Interior de Espaรฑa, basadas en los datos de Eurostat, Espaรฑa serรญa el paรญs con menor tasa de homicidios de la UE, si exceptuamos Austria. Entre 2005 y 2016, el nรบmero de muertes violentas ha descendido en Espaรฑa un 43%.
Tenemos unas fuerzas de seguridad y unos funcionarios penitenciarios muy competentes y un marco legal muy adecuado para que hagan su trabajo. El sistema de seguridad funciona razonablemente bien. Sin embargo, la impresiรณn que se transmite a la ciudadanรญa es la contraria. Serรญa muy prolijo explicar quรฉ mecanismos se utilizan para que se instale en la mentalidad de la mayorรญa la idea de que cada vez hay mรกs delitos y de que cada vez son mรกs graves, pero desde luego nada es inocente. La derecha cree que uno de sus puntos fuertes ante la opiniรณn pรบblica es que representan mejor la defensa de la seguridad, frente a la izquierda que representarรญa la defensa de la libertad. Por eso se presentan como valores contradictorios, antagรณnicos. Pero Espaรฑa ha demostrado que, cuanto mรกs se ensancha la libertad, mejor va la seguridad. Las cifras no mienten.
La idea de que la dureza funciona mejor que el tratamiento profesional es, ademรกs de incierta, peligrosa. Nos conduce a una espiral inquietante de endurecimiento del sistema sin que haya ninguna razรณn objetiva detrรกs. Espaรฑa tiene un buen nivel de seguridad, cada vez mejor. Deberรญamos apreciar el buen funcionamiento del sistema, aunque tenga obviamente insuficiencias y fallos. Pero algunos estรกn empeรฑados en alentar el miedo de la sociedad y en presentarse como salvadores frente a una supuesta inseguridad extrema. Diagnรณstico equivocado, receta equivocada, deriva peligrosa de nuestra democracia.
La cadena perpetua revisable (todo es revisable, claro) harรก necesario formar a los funcionarios de prisiones para que sepan cรณmo se debe trabajar con alguien que no tiene horizonte; tendrรกn que programarse actividades, no de preparaciรณn para la vida en libertad, sino para que puedan afrontar la reclusiรณn permanente; habrรก que disponer de mรกs psicรณlogos y psiquiatras para evitar que la desesperanza no se traduzca en violencia hacia ellos mismos o hacia otros. Nuestras prisiones cambiarรกn y con ellas nuestra democracia de la que son espejo.
La cadena perpetua es, ademรกs de innecesaria para nuestro sistema de seguridad e ineficaz para la prevenciรณn del delito, una pena inhumana y degradante. Para muchos, es un castigo mรกs cruel que la pena de muerte porque es condenar a alguien a vivir el resto de su vida sin horizonte, sin esperanza, sin futuro. Por eso tantas personas condenadas a perpetuidad acaban quitรกndose la vida. Esta es una siniestra realidad que viven algunos sistemas penitenciarios de algunos paรญses que mantienen esta pena.
Ni siquiera cuando el azote del terrorismo se cobraba cada aรฑo decenas de vรญctimas se atreviรณ nadie a suscitar el debate de la cadena perpetua. Eran otros tiempos y la conciencia democrรกtica era mรกs sensible a ciertas cosas. Tampoco conocรญamos este populismo punitivo en el que llevamos instalados todo el siglo XXI, que ha encontrado la respuesta mรกs fรกcil y mรกs inรบtil ante cada problema que conmueve o preocupa a nuestras sociedades: hacer una nueva ley que castigue con mรกs dureza que la anterior las conductas. Como si la promulgaciรณn de la ley actuase como escudo protector frente a la irracionalidad, el fanatismo, las distorsiones de la personalidad…
Hay muchas cosas que podemos y debemos hacer para mejorar la seguridad, para prevenir, para detectar, para evitar que el terror actรบe. Instaurar la cadena perpetua no es una de ellas.
Mercedes Gallizo es diputada por el PSOE en la Asamblea de Madrid. Entre 2004 y 2011 fue directora general de Instituciones Penitenciarias. Es autora del libro Penas y personas. 2.810 dรญas en las prisiones espaรฑolas (Debate, 2013).
