El 26 de junio de 2021, agentes de la seguridad del Estado detuvieron al artista cubano Hamlet Lavastida. Acababa de regresar a La Habana tras un año en una residencia para artistas en Berlín. Se le acusó –pero no se le imputó el delito– de “incitación a delinquir” por una propuesta que compartió en un chat privado para estampar moneda con logotipos de los movimientos opositores. Su idea nunca se llevó a cabo en Cuba, pero las autoridades alegaron que había vuelto a su país para liderar las protestas del 11 de julio y que era un agente de una conspiración imperialista para derrocar el régimen. Era la misma historieta de la Guerra Fría que el gobierno cubano ha vendido a sus oponentes durante décadas. Lavastida estuvo detenido durante tres meses antes de ser expulsado del país.
En su esfuerzo por culpar a los artistas de las protestas del verano pasado en toda la isla, las autoridades cubanas han arrestado a los cocreadores de la canción “Patria y vida”, ganadora de dos premios Grammy, y han sometido a otros “artivistas” a acoso, arresto domiciliario y detención. Aunque una generación más joven de artistas politizados ha estado desafiando las leyes draconianas que coartan las libertades de expresión desde 2018, las protestas del 11 de julio fueron provocadas por videos compartidos en grupos de Facebook por cubanos de a pie, como explicó Carla Colomé en su ensayo “11 de julio en San Antonio de los Baños: Lo que se ve/Lo que no se ve”. Lavastida, que estaba fuera del país mientras aumentaban las frustraciones durante la pandemia, ya estaba en la cárcel cuando comenzó el levantamiento. Sin embargo, sus “instructores” (el término cubano para referirse a los interrogadores) querían que confesara que estaba siendo “manejado” por dos extranjeros: la madre polaca de su hijo y yo. Los interrogadores exigieron que Lavastida confirmara que yo trabajaba para el National Democratic Institute (NDI), una ONG estadounidense vinculada al partido Demócrata, y que él seguía mis órdenes.
La madre del hijo de Lavastida, Aga Gratkiewicz, trabaja en el sector inmobiliario y nunca ha sido empleada del gobierno polaco, y yo no trabajo para el NDI. Soy una artista, escritora y profesora universitaria cubano-americana. Desde la década de 1980, he realizado investigaciones en la isla y he colaborado con artistas cubanos en películas, exposiciones e intercambios culturales. Nunca he solicitado financiación al National Endowment for Democracy (NED). En 2014, enseñé en Brasil con una beca Fulbright financiada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y en 1989 di una conferencia sobre el cine latino en Brasil bajo los auspicios de la Agencia de Información de los Estados Unidos. Como artista, he recibido fondos de varios organismos gubernamentales europeos, latinoamericanos y del Medio Oriente en forma de comisiones y honorarios, ninguno de los cuales llevaría a la mayoría de la gente a concluir que me he visto obligada a servir a los intereses de ningún gobierno.
Pero el gobierno cubano insiste en que se trata de señales de conspiración. Al igual que sus homólogos en Nicaragua, Venezuela y Rusia, los cubanos están sujetos a leyes que penalizan las opiniones disidentes y criminalizan el apoyo financiero de organizaciones relacionadas con agencias gubernamentales estadounidenses. Si un artista o periodista cubano recibe un pago de una entidad financiada por el gobierno de Estados Unidos por un solo texto, actuación u obra de arte, toda su vida profesional se convertirá en políticamente sospechosa. Pero los cubanos no tienen que recibir realmente fondos de entidades extranjeras para ser vilipendiados por hacerlo en los medios de comunicación estatales. Cualquier productor cultural que exprese opiniones críticas con respecto a las políticas y prácticas del gobierno cubano es susceptible de ser señalado como enemigo del Estado.
Figuras culturales internacionalmente reconocidas como la periodista independiente Yoani Sánchez, la artista Tania Bruguera y el dramaturgo Yunior García Aguilera son caricaturizados en los medios estatales cubanos como mercenarios que se enriquecen con la nómina del gobierno de Estados Unidos. No importa que la compañía de teatro de García Aguilera operara bajo contrato con el gobierno hasta que fue cerrada el mes pasado, o que el periódico digital de Sánchez, 14yMedio, esté financiado en su totalidad por inversores privados, o que Tania Bruguera canalice los ingresos de sus ventas de arte, así como las donaciones privadas a su Instituto de Artivismo (INSTAR). No importa que los medios de comunicación independientes cubanos con financiación estadounidense solo paguen a los isleños entre 35 y 100 dólares por sus artículos y videos, o que los productores culturales independientes carezcan del derecho a formar organizaciones empresariales propias, o que a los periodistas independientes se les impida obtener credenciales de prensa en Cuba y a los artistas independientes se les castigue por su disidencia con la pérdida del permiso para vender sus obras.
Humberto López, que además de su trabajo como presentador de la televisión cubana es miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, ha dedicado muchos programas de los viernes por la noche en el último año a calumniar a artistas y periodistas como lacayos de Estados Unidos. Acusaciones similares aparecen regularmente en CubaDebate, Granma y blogs patrocinados por el Estado. La presunción subyacente, que a menudo es aceptada sin rechistar por los partidarios extranjeros del gobierno cubano, es que el Partido Comunista debe tener el derecho exclusivo de hablar en nombre del pueblo cubano y que si los ciudadanos no se someten a la dirección del partido se dejarán llevar por intereses extranjeros o por la llamada “mafia de Miami”. Es un argumento que niega a los cubanos la capacidad de juicio independiente. Infantiliza a los isleños y denigra a la comunidad de exiliados, que se ve obligada a financiar a un gobierno que rechaza –ya que el gobierno se beneficia de cualquier dinero enviado a la isla– para poder mantener a los familiares y amigos que permanecen en su patria.
Independientemente de la veracidad de sus acusaciones, las burdas campañas de los medios de comunicación estatales cubanos producen un efecto escalofriante.
Los editores de una revista cultural independiente editada en el extranjero reconocen que, una vez que los medios estatales cubanos les acusan de recibir fondos estadounidenses, los colaboradores de la isla empleados por instituciones estatales dejan de colaborar con ellos para no perder sus puestos de trabajo. Las embajadas europeas en La Habana siempre han apoyado las actividades culturales cubanas, pero las relaciones de los intelectuales independientes con ellas son tratadas como sospechosas. La curadora Claudia Genlui fue despedida de su trabajo en La Factoría Habana en 2019 porque dio una conferencia sobre el arte independiente cubano en la embajada checa. Yanelys Nuñez Leyva fue despedida de la revista Revolución y Cultura porque cocreó el sitio web El Museo de la Disidencia, por el cual ella y el artista Luis Manuel Otero Alcántara recibieron un Premio a la Libertad de Expresión en 2018 de la organización londinense Index on Censorship.
Aunque algunos artistas plásticos y músicos pueden mantenerse con la venta de sus obras, a menudo con la ayuda de internet para encontrar mercados fuera de los canales estatales, muchos productores culturales se encuentran en una situación económica desesperada cuando el Estado toma represalias, dejándolos sin empleo e incluso sin hogar: la seguridad del Estado suele intimidar a sus propietarios para que los desalojen. Algunos han buscado becas en el extranjero. En el último año, los colaboradores de El Estornudo Mario Luis Reyes y Mónica Baró, que en su día informaron desde Cuba, se han instalado en España, mientras que el cofundador Abraham Jiménez Enoa, que tiene prohibido salir de la isla, ya no aparece en la cabecera. Otros han buscado el apoyo financiero de ONGs con un enfoque de derechos humanos o a favor de la democracia en Estados Unidos, América Latina y Europa.
El Movimiento San Isidro, por ejemplo, se acercó al Instituto Nacional de la Democracia en 2019. “Las cosas llegaron al punto de que Luis Manuel (Otero Alcántara) no tenía dinero ni para el transporte público. Nos habíamos quedado sin trabajo, pero queríamos seguir con nuestra labor”, explica la integrante Iris Ruiz sobre la decisión. Desde entonces, algunos miembros han viajado a Europa y Sudamérica bajo los auspicios del NDI y de la ONG argentina CADAL , y el NDI ayudó a Ruiz a viajar a Estados Unidos para recibir el tratamiento médico que no podía obtener en Cuba.
En los últimos cuatro años, la escalada de tensiones entre el sector artístico y el gobierno ha politizado a una generación joven de artistas, músicos, periodistas y cineastas. Estos trabajadores de la cultura estaban acostumbrados a operar en una zona gris de la cultura cubana que no está dirigida ni sancionada por el Estado. Viajaban con frecuencia, vendían ellos mismos su trabajo, lo hacían circular por internet y presentaban sus obras en lugares privados. Desde 2018, cuando se introdujeron leyes para restringir la actividad cultural independiente y penalizar a cualquiera que publicara comentarios críticos sobre el gobierno cubano en línea, se han vuelto cada vez más ruidosos acerca de su desafección, produciendo comentarios críticos, campañas de internet y videos musicales, conferencias de transmisión en vivo y denuncias en el terreno sobre los excesos de los funcionarios cubanos. Como el resto de la población, dependen de los cubanos de la diáspora para recargar sus teléfonos móviles. Facebook es su plaza pública alternativa, a pesar de que ETECSA, la empresa estatal de telecomunicaciones, puede bloquear intermitentemente el acceso a internet de los disidentes.
Tras la histórica sentada de cientos de artistas en el Ministerio de Cultura en noviembre de 2020, que dio lugar a la formación del movimiento 27N, los ministros rechazaron las demandas de diálogo de los artistas. Como represalia por seguir alzando la voz, los artistas sufren la expulsión de los puestos de trabajo y los sindicatos estatales, restricciones a los viajes, arresto domiciliario, multas, interrogatorios hostiles y detención sin juicio. Y las continuas acusaciones en los medios de comunicación estatales sirven para intimidar al resto de la población. En los medios de comunicación extranjeros que simpatizan con el gobierno cubano, el hecho de centrarse en la financiación estadounidense de las actividades prodemocráticas echa más leña al fuego al dar credibilidad a la posición del Estado cubano de que la disidencia en la isla está orquestada por Estados Unidos. Además, la caracterización de la financiación de la NED como necesaria y exclusivamente subversiva no tiene en cuenta el hecho de que la NED financia proyectos progresistas en numerosos países latinoamericanos que son aliados de Estados Unidos, como Guatemala, Brasil y Colombia.
En realidad, el apoyo de fuentes gubernamentales estadounidenses representa solo una parte del dinero que los isleños utilizan para expresar sus críticas, y el propio gobierno cubano recibe apoyo de la USAID a través de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Según el Havana Consulting Group, la diáspora cubana envió 3,720 millones de dólares en remesas a Cuba en 2019, lo que constituye la tercera mayor reserva de divisas del país. Parte de ese dinero se destina a las telecomunicaciones y a la producción cultural independiente de la isla. Artistas, escritores y cineastas cubanos emprendedores han utilizado el crowdfunding para financiar sus emprendimientos durante más de una década, y los influencers cubanos astutos solicitan suscripciones a sus espectadores habituales. El flujo de quejas que los cubanos de a pie airean en las redes sociales es posible gracias a las remesas de los exiliados, no al Departamento de Estado de Estados Unidos.
Los empresarios cubanos expatriados respaldan el medio de comunicaciónCiberCuba. Los podcasts de El Toque reciben apoyo de RNW Media en los Países Bajos. Periodismo de Barrio recibe financiación de Suecia y Noruega. Algunas de las publicaciones digitales que reciben financiación de ONGs financiadas por el gobierno de Estados Unidos tampoco dependen totalmente de esos fondos; obtienen ingresos de la publicidad y de empresas editoriales auxiliares. La mayor parte del dinero estadounidense que se distribuye para trabajar en Cuba, como detalla Tracey Eaton en su Cuban Money Project, nunca llega a Cuba: se gasta en España, Florida y México en los costes de funcionamiento, salarios, tecnología y de internet de las publicaciones digitales, y en la producción de eventos culturales cubanos celebrados fuera de la isla. Los editores de las publicaciones que sí reciben subvenciones de la NED señalan sistemáticamente que sus decisiones de contenido siguen siendo independientes y que sus financiadores solo exigen que se rindan cuentas de los gastos. Los medios de comunicación opositores que defienden las opiniones políticas más conservadoras, como ADN Cuba, tienen su sede en Miami, donde todas las noticias en español se inclinan fuertemente hacia la derecha, mientras que las publicaciones con oficinas en Europa y México tienden a tener una línea editorial más liberal y culturalmente enfocada.
Las afirmaciones del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, de que los artistas y periodistas independientes cubanos forman parte de una campaña de terrorismo mediático, se hacen eco de las acusaciones formuladas contra los disidentes de épocas anteriores. Pero mucho ha cambiado en los últimos 20 años. El acceso a internet ha ampliado la capacidad de la población en general para comunicarse, compartir preocupaciones e informarse utilizando fuentes ajenas a los canales estatales. La disminución de la dependencia del apoyo del gobierno cubano a la cultura, junto con la creciente represión de los artistas, ha envalentonado a un sector de la sociedad cubana que antes prefería someterse a la autoridad a cambio de privilegios económicos. Cuanto más ejerza el gobierno cubano el poder sobre los artistas a través de la violencia, más se identificarán los artistas e intelectuales con las víctimas de fuera de su entorno que sufren un maltrato similar.
Ahora, la reciente decisión de desestimar los casos contra un puñado de artistas blancos y de alto nivel educativo, mientras que docenas de manifestantes pobres de color se enfrentan a largas condenas de prisión, está siendo criticada por los activistas como una medida diseñada para exacerbar las divisiones de clase y raza, alejando así a los artistas de “los cubanos de a pie”. Según Prisoners Defenders, en diciembre de 2021 había 842 presos políticos. Múltiples fuentes de noticias han informado de que decenas de cubanos están siendo sometidos a juicios sumarios, incluidos menores de edad. Los artistas y periodistas que están arrojando luz sobre esta injusticia no necesitan que el Departamento de Estado de Estados Unidos los aliente.
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Este ensayo fue publicado originalmente en inglés en NACLA: Report on the Americas.
es artista y escritora y autora de Pasos Peligrosos: Performance y Política en Cuba (Turner Libros 2017). Es profesora en The Cooper Union for the Advancement of Science and Art.
