La guerra que la actual mayoría política ha emprendido contra los órganos constitucionales autónomos es total. Todos los frentes están abiertos. Los que no han sido capturados, están bajo amenaza. Los que no han sido desaparecidos, están disminuidos. Las tácticas son diversas: recortes presupuestales, ataques mediáticos, reformas jurídicas, capturas institucionales, bloqueo de nombramientos, fraudes legislativos y, en los peores casos, persecuciones políticas con amenazas de destitución, cárcel y/o congelamientos de cuentas bancarias.
En verdad, más que guerra es una persecución. Los “enemigos” no contratacan: intentan sobrevivir la destrucción mayoritarista. De 15 órganos constitucionales autónomos (OCAs) que existen en México, todos han sido agraviados, de alguna u otra forma, por el ejecutivo y su mayoría legislativa.
((Excluyo de este conteo a algunas entidades cuya autonomía constitucional se discute, como es el caso de algunas universidades públicas. Sin embargo, estas también han sufrido ataques a su autonomía por parte del actual gobierno. ))A ellos se suman el Poder Judicial y decenas de organismos con autonomía legal.
La guerra contra los autónomos es parte de un proyecto de poder más amplio: la transformación de la democracia constitucional mexicana en un régimen populista, poco constitucional y poco democrático. Si existe una transformación de México, esta consiste en el intento por establecer un poder hegemónico que destaca no por la renovación de la vida pública, sino por la regresión a la dominación política.
((Utilizo el término “dominación” en el sentido desarrollado por Philip Pettit dentro del neo-republicanismo. Véase Philip Pettit, Republicanism (Reino Unido, Oxford University Press, 2010). ))El proyecto populista ataca las dos dimensiones de la democracia: sus instituciones –el Estado de Derecho y la división de poderes, que incluye a los órganos autónomos– y su vida extrainstitucional –el debate público libre y equitativo que permite que el pueblo dialogue consigo mismo y tome decisiones políticas–.
Sin embargo, aunque la guerra contra los autónomos es total, también es silenciosa: la mayoría no la escucha, los optimistas dudan de ella y los exégetas oficiales formulan falacias que pretenden justificarla.
Este es un recuento de la guerra contra los autónomos. Una historia viviente que debe ser contada, no solo para refrescar la memoria, sino para revelar el ataque y oponer resistencia. El silencio y la sordera son los mejores facilitadores para que los cimientos de nuestra democracia caigan ante el embate.
Auditoría Superior de la Federación (ASF)
La Auditoría Superior de la Federación, encargada de fiscalizar el gasto federal, podría estar subordinada en los hechos a la actual mayoría legislativa. La Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados tiene facultades para controlar al auditor superior: vigila y evalúa a los funcionarios de la ASF e, indirectamente, la audita, presenta denuncias en su contra y puede solicitar su remoción.
((Las auditorías y denuncias en contra de los funcionarios de la ASF son ordenadas por la Comisión de Vigilancia e implementadas por su Unidad de Evaluación y Control, según los artículos 81 y 104 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. La remoción del titular de la ASF es solicitada por la Comisión de Vigilancia y votada por el Pleno de la Cámara de Diputados. ))Esta comisión está controlada por Morena y sus aliados, quienes cuentan con 25 de los 36 diputados que la integran: el 69.4%.
La ASF se ha deteriorado notablemente en los primeros años de este sexenio. La mayoría de sus puestos directivos están ocupados por personas con antecedentes partidistas, que trabajaron para gobiernos del PRI, de López Obrador y de Marcelo Ebrard.
Entre el último año de EPN (2018) y el primero de AMLO (2019), las auditorías que realiza la ASF disminuyeron de 1,813 a 1,360; las acciones jurídicas contra las irregularidades pasaron de 10,589 a 7,141; y las denuncias penales cayeron a cero. Además, el nuevo auditor ha renunciado al papel anticorrupción de la ASF, y en su lugar ha establecido un enfoque de evaluación de política pública, bajo el pretexto de hacer una fiscalización más preventiva que punitiva.
Aun así, la ASF ha encontrado varias irregularidades en el actual gobierno. Entre otras cosas, mostró que el costo de cancelación del NAIM asciende a 321 mil millones de pesos. El presidente reaccionó en su contra y solicitó que la Cámara de Diputados llamara a comparecer al Auditor Superior. Además, el Auditor Especial encargado de fiscalizar la cancelación del NAIM fue destituido.
El gobierno de Peña Nieto se derrumbó, entre otras cosas, por el escándalo de corrupción de la Estafa Maestra, descubierto por las auditorías forenses de la ASF. Con un auditor subordinado, cualquier estafa maestra del nuevo gobierno podría permanecer oculta.
Fiscalía General de la República (FGR)
La FGR es uno de los órganos autónomos que, en la práctica, ha tenido menor autonomía debido a su relación con el actual gobierno. En primer lugar, se eligió al actual fiscal general, Alejandro Gertz Manero, de manera exprés y después de que el presidente ya lo había designado como encargado de la vieja Procuraduría General de la República, que carecía de autonomía constitucional. En su designación no hubo participación ciudadana, a pesar de que esta participación es obligatoria.
((Artículo 15 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (LOFGR): “El nombramiento de la persona titular de la Fiscalía General de la República se sujetará al procedimiento y requisitos previstos en el artículo 102, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se promoverán los principios de transparencia, publicidad, mérito, participación ciudadana, e igualdad y no discriminación”. ))Además, Gertz Manero designó directamente a los titulares de las dos fiscalías especializadas contra delitos electorales y corrupción, a pesar de que su nombramiento debía hacerse en un concurso público ante el Senado y con participación ciudadana.
((Artículo 22 de la LOFGR: “La persona titular de la Fiscalía General de la República designará a las personas titulares de las Fiscalías Especializadas con base a sus méritos y capacidades para ejercer el cargo y con un perfil previamente establecido. El Senado de la República por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes podrá objetar dicha designación o remoción, en un plazo máximo de veinte días hábiles, para dichos efectos, el Fiscal General de la República, enviará al Senado de la República una comunicación donde expondrá las razones que sustentan la designación o la remoción de las personas titulares de las Fiscalías Especializadas. En su caso, serán removidos en términos de las disposiciones constitucionales, respetando el derecho de audiencia y debido proceso conforme a la presente Ley y su Reglamento”. ))Por ello, una organización civil impugnó el nombramiento de la fiscala anticorrupción, María de la Luz Mijangos, quien trabajó para López Obrador en su gobierno en la Ciudad de México. El presidente se ha pronunciado en contra de darle autonomía constitucional a la Fiscalía Anticorrupción, argumentando que lo importante es tener “buenos” fiscales.
Por otro lado, el Senado no ha nombrado al Consejo Ciudadano de la FGR, que fiscaliza el trabajo de la institución y funge como contrapeso. Tampoco se ha llevado a cabo el proceso para depurar al personal heredado de la vieja PGR: la nueva Fiscalía conserva intacto el 80% de la estructura anterior.
Además, la FGR sufrió un recorte de 1,500 millones de pesos para 2020 respecto a lo que había solicitado para poder operar. Su área más afectada fue la de Investigación de Delito Federal, que sufrió una reducción del 70%. No obstante, su presupuesto ha aumentado de 2018 a 2021 en términos nominales.
Independientemente de casos reveladores, como la exculpación del exgeneral Cienfuegos por parte del fiscal Gertz, la FGR ha obtenido puntaje en autonomía de 27.7 de 100 puntos posibles, según el Observatorio implementado por México Evalúa sobre la transición de la PGR hacia la FGR en 2019.
Magistrados Anticorrupción y Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)
Desde las reformas anticorrupción de 2015 y 2016, se crearon 18 magistrados anticorrupción que debían ser propuestos por el presidente y nombrados por el Senado. Dichos magistrados, pertenecientes al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), son los únicos juzgadores que pueden sancionar hechos de corrupción por la vía administrativa.
Sin embargo, tanto el presidente como el Senado han bloqueado su designación, a pesar de que existe una sentencia que los obliga a realizarla. Peor aún, Ricardo Monreal, senador de Morena, ha propuesto desaparecerlos y crear una Tercera Sala de la Suprema Corte en su lugar, que no estaría encargada de combatir corrupción, pero sí serviría para capturar a nuestro máximo tribunal.
Además, el Congreso también ha recortado el presupuesto del TFJA, el cual cuenta con una sala auxiliar que suple provisionalmente a los Magistrados Anticorrupción. Según el presidente, estos son demasiado costosos y no producen resultados –lo cual es evidente, pues no han sido designados–.
El presidente ha acusado a los miembros de la sociedad civil del Sistema de solo buscar acomodarse en dichos puestos, sin importarles combatir la corrupción. El Senado bloqueó el nombramiento de los nuevos miembros del Comité de Participación Ciudadana del SNA, por lo que actualmente solo cuenta con 1 de 5 miembros. Así, se ha impedido que la ciudadanía vigile el combate a la corrupción desde dentro del SNA, y se ha limitado su capacidad para participar en el diseño de la política anticorrupción.
Como ha mostrado México Evalúa, el presupuesto global del SNA ha disminuido 20.1% desde 2016 hasta 2021. Dos tercios de esa disminución corresponden al sexenio de López Obrador y otro tercio al sexenio de Peña Nieto.
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)
El INAI, encargado de garantizar la transparencia y proteger el derecho de acceso a la información y los datos de las personas, ha sido uno de los organismos más atacados por el presidente en el último año. En 2019 y 2020, se recortó su presupuesto 21% y 5%, respectivamente.
El presidente ha propuesto en varias ocasiones desaparecer al INAI y sustituirlo por la Secretaría de la Función Pública, para que esta tramite de forma “fast track” las solicitudes de información que hace la ciudadanía, aunque su gobierno ha clasificado información de varios de sus proyectos prioritarios, y es cuatro veces más opaco que el gobierno de Peña Nieto. Además, el presidente ha acusado falsamente al INAI de ser “tapadera” de la corrupción en sexenios pasados, cuando algunos de los mayores casos de corrupción, como la Casa Blanca de Peña Nieto, se descubrieron gracias al Instituto.
Instituto Nacional Electoral (INE)
El INE ha sido atacado por varias vías. Primero, a través de ataques mediáticos contra sus miembros, que son acusados desde el púlpito presidencial, sin pruebas, de sobrecostos, corrupción y fraudes electorales.
Segundo, el INE ha sido debilitado a través de recortes presupuestales: de 2018 a 2019, la Cámara de Diputados, a propuesta del presidente, redujo el presupuesto del INE de 24,215 a 15,363 millones de pesos –lo cual se debe, en parte, a que en el segundo de dichos años no hubo elecciones federales–. Sin embargo, en 2020 se volvió a reducir el presupuesto del INE a 11,421 millones, lo cual representó un recorte de casi el 9% de lo que el INE solicitó para poder operar correctamente. Para 2021, aunque el presupuesto del INE aumentó por las elecciones que se llevarán a cabo en junio –las más grandes en la historia del país–, es 870 millones de pesos menor al que se requiere para efectuar dichas elecciones. Nunca antes se había aprobado un presupuesto menor al necesario en año electoral. Como ha alertado el consejero presidente del Instituto, Lorenzo Córdova, estos recortes ponen en riesgo a la democracia.
Tercero, el INE ha sido presionado a través de la captura de su Órgano Interno de Control –encargado de fiscalizar al INE desde dentro– por parte de Morena, a través de la designación de Jesús George Zamora como su titular. Zamora es considerado parte del Grupo de Acción Política liderado por los morenistas Higinio Martínez y Horacio Duarte. Además, asesoró a este último cuando fue representante de Morena ante el INE. En su gestión, Zamora inició una investigación para sancionar a los consejeros y otros funcionarios del INE por no acatar las leyes de disminución de salarios, que no les son aplicables por tratarse de un órgano autónomo. En contraste, los órganos internos de control de la Secretaría de la Función Pública no han iniciado ninguna investigación contra los 14 miembros del gabinete del presidente que ganan más que él.
Cuarto, existen algunas propuestas para desaparecerlo o para dañar su autonomía, como la de Pablo Gómez, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, para desaparecer al Consejo General del INE o la del diputado federal Sergio Gutiérrez Luna, del mismo partido, para desaparecer a los Organismos Públicos Locales Electorales y sustituirlos por el INE, sobrecargando de trabajo a este último.
Por último, al momento de la publicación de este artículo, las instalaciones del INE se encuentran bloqueadas por Félix Salgado Macedonio –candidato de Morena acusado de varias violaciones, cuya candidatura fue cancelada por omitir informar sobre el gasto de su precampaña–, con el apoyo de Mario Delgado, presidente de Morena. Ambos amenazaron con desaparecer al INE. Además, Salgado amagó con impedir las elecciones de Guerrero si no le devuelven la candidatura, formar un “ejército democrático”, buscar a los consejeros del INE en sus casas y, con una corona de flores y un ataúd con la inscripción de “Lorenzo cuenta tus días rata del demonio”, afirmó que el presidente del INE está muerto y que el INE puede revivir si resuelve a su favor. El ministro en retiro José Ramón Cossío señaló que esto podría constituir un delito contra la paz, la seguridad de las personas y la inviolabilidad de su domicilio.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
La CNDH es uno de los órganos constitucionales autónomos más afectados. En 2019, Morena impuso a Rosario Piedra como nueva presidenta de la Comisión, a través de un fraude legislativo. Fue elegida después de dos votaciones ilegales; los votos en su favor eran insuficientes, por lo que los senadores alteraron el conteo y, para colmo, Piedra incumplía los requisitos para ser presidenta de la CNDH, ya que fue dirigente de Morena unos meses antes, por lo que presentó documentos falsos para competir por el puesto, lo cual podría constituir un delito. Reciéntemente, la CNDH contrató para defender a las personas privadas de la libertad a Álvaro Sánchez Valdez, exjefe de los granaderos de la policía de la Ciudad de México, quien ha sido investigado por abuso de autoridad, acoso sexual y venta de plazas, y cuya gestión recibió varias recomendaciones de la misma CNDH.
La captura de la CNDH ha generado dos tipos de problemas. Por un lado, la sociedad mexicana perdió un vigilante que observaba y denunciaba las violaciones de derechos humanos. Estos últimos días, una investigación mostró que la CNDH incluso ha ocultado y silenciado decenas de asesinatos, secuestros, casos de tortura y violaciones de migrantes –incluidas niñas y niños– entre 2019 y 2020. Por otro lado, el gobierno eliminó un contrapeso, ya que la CNDH está facultada para impugnar las leyes y demás normas generales que violen derechos humanos, para que estas sean anuladas. Con su nueva presidenta, la CNDH no ha impugnado algunas normas claramente violatorias de derechos humanos, como el acuerdo militarista, mientras que el anterior presidente de la CNDH impugnó todas las leyes milatiarizadoras del actual gobierno.
Por último, el año pasado, el senador morenista Armando Guadiana presentó una iniciativa para desaparecer a la CNDH y a otros organismos autónomos y crear, en su lugar, un Consejo Nacional de Derechos Humanos.
Banco de México (Banxico)
El Banco de México, encargado de procurar la estabilidad monetaria e impulsar el desarrollo del sistema financiero, ha sido uno de los órganos que, aparentemente, ha recibido menos golpes a su autonomía en este sexenio. Sin embargo, también ha sido objeto de ataques. El presidente acusó al gobernador de Banxico, Alejandro Díaz de León, por aprobar créditos desde Bancomex a Fertinal, una empresa chatarra adquirida a sobreprecio por Pemex, aun cuando Díaz no laboraba en Bancomex cuando los créditos fueron aprobados.
Una amenaza más grave a la autonomía de Banxico es la iniciativa propuesta por Ricardo Monreal, apoyada por el Ejecutivo y aprobada de manera exprés por el Senado. La iniciativa busca, supuestamente, proteger los ingresos de los migrantes mexicanos. Sin embargo, beneficiaría poco a los migrantes y mucho a Banco Azteca, del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien forma parte del Consejo Asesor Empresarial del presidente. Además, obligaría a Banxico a involucrarse en actividades con un alto riesgo de lavado de dinero, como ha reconocido el titular de la UIF, lo cual vulneraría la autonomía del banco central.
Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) e Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)
La Cofece es el organismo encargado de vigilar y promover la competitividad económica, por lo que persigue prácticas monopólicas para lograr disminuciones de precios y mejoras en los bienes y servicios que adquieren los consumidores. Por otro lado, el IFT promueve la eficiencia en la radiodifusión y telecomunicaciones, para lo cual procura que también haya competencia en dichos ámbitos. Ambos órganos impiden que la presidencia favorezca a sus monopolistas favoritos en sus labores de regulación, como sucedía antes de que fueran creados.
El presidente anunció que presentará una iniciativa para desaparecer al IFT, para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes absorba sus funciones. Además, ha insistido en reformar la Constitución para fusionar el IFT, la Cofece y la CRE. El presidente ha sostenido que la autonomía del IFT es una moda, que no sirvió para disminuir los monopolios y actores preponderantes en materia de telecomunicaciones, y que solo ha generado una burocracia de funcionarios con altos sueldos.
Por el lado de los recortes presupuestales, la mayoría morenista redujo el presupuesto de la Cofece 5.7% para 2019 y recortó 25% el presupuesto del IFT. Además, desde febrero el IFT opera sin dos de siete comisionadas, ya que el Senado rechazó a las aspirantes al cargo y el presidente no ha elegido .
Por otro lado, el presidente criticó a la Cofece por permitir la fusión entre Disney y Fox. Sobre este tema, el diputado morenista Gerardo Fernández Noroña acusó sin pruebas a la expresidenta de la Cofece, Alejandra Palacios, de tener un conflicto de interés. Sin embargo, a la Cofece no le corresponde impedir dicha fusión por un posible monopolio en materia de telecomunicaciones, sino al IFT.
Comisión Reguladora de Energía (CRE) y Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)
Desde que Morena es mayoría, ha recortado todos los años el presupuesto de la Comisión Reguladora de Energía, encargada de garantizar que la oferta energética en el país sea adecuada, de calidad y con precios competitivos. En 2019, la CRE sufrió un recorte de 28.4%, mantenido en 2020 y 2021, por lo que en junio de 2020 despidió a 40% de sus trabajadores por falta de presupuesto. Por otro lado, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, dedicada a regular la exploración y extracción de hidrocarburos, sufrió un recorte de 27.6% en 2019 que se ha mantenido hasta 2021. Ambos organismos cuentan con autonomía legal y tienen otras similitudes con los órganos constitucionales autónomos.
((Aunque se discute si estos órganos tienen o no autonomía constitucional, esta sí se encuentra prevista en el artículo transitorio décimo segundo de la reforma constitucional en materia energética de 2013, consultable aquí. Sin embargo, aunque tienen autonomía, están adscritas formalmente al Poder Ejecutivo, por lo que no se les cuenta entre los órganos constitucionales autónomos, aunque tienen algunas de sus características. ))
De los siete comisionados de la CRE, cuatro debían ser sustituidos en 2019. Sin embargo, el presidente propuso candidatos que incumplían los requisitos para ocupar el puesto, por lo que fueron rechazados por el Senado. Ante el rechazo, debía mandar nuevas ternas, pero volvió a proponer prácticamente a los mismos candidatos dos veces más. Gracias a ello, nombró unilateralmente a los nuevos comisionados, manipulando las reglas de nombramiento previstas en la Ley de los Órganos Reguladores en Materia Energética. El Senado designó a Rogelio Hernández Cázares, quien fue operador electoral de Morena en Coahuila, como presidente de la Cofece.
El anterior presidente de la CRE, Guillermo García Alcocer, después de criticar a los candidatos del presidente, fue perseguido políticamente por la Secretaría de la Función Pública por un supuesto conflicto de interés con un primo de su esposa. García Alcocer presentó su renuncia dos veces, hasta que fue aceptada. En noviembre del año pasado fue sancionado, aunque en su declaración de intereses sí transparentó su relación con este familiar, además de que tiene una relación de cuarto grado con él y el conflicto de interés solo opera con familiares de segundo grado.
Por último, Morena ha presentado iniciativas para desaparecer la autonomía de la CRE y a la CNH y subordinarlas a la Secretaría de Energía, aunque dicha iniciativa no ha avanzado y podría generar problemas de incumplimiento al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) e Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
El Coneval tiene la función de evaluar las políticas sociales y medir la pobreza de forma imparcial, mientras que el INEGI se encarga de generar información estadística y geográfica veraz y objetiva, independiente de intereses políticos. El presidente ha propuesto desaparecer al primero e integrarlo al segundo.
Ambas instituciones han sufrido recortes presupuestales: el presupuesto del Coneval se redujo 23.1% para 2021, alcanzando su cifra más baja desde 2013, mientras que el presupuesto del INEGI se recortó en 2019, en comparación con lo que había solicitado, hasta el punto de que tuvo que cancelar 14 proyectos –entre ellos, mediciones sobre la transparencia, el gasto de los hogares, el trabajo infantil y las personas privadas de la libertad– y se recortó otro 54.8% para 2021, en comparación con 2020.
Además, el presidente despidió a Gonzalo Hernández Licona, entonces director del Coneval, por criticar la política de austeridad de su gobierno, que implicarían que la “institución deje prácticamente de funcionar”. También lo acusó de ganar 220 mil pesos mensuales –cuando en realidad ganaba menos de la mitad– e insinuó que ha habido corrupción en la institución.
Por otro lado, el presidente y el Senado designaron a Graciela Márquez Colín, exsecretaria de Economía en su gobierno, como parte de la Junta de Gobierno del INEGI.
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE)
El INEE, encargado de evaluar con independencia de intereses políticos el Sistema Educativo Nacional, es el único órgano constitucional autónomo que ha sido eliminado completamente por el gobierno en turno, a través de la contrarreforma educativa. Antes de desaparecerlo, el gobierno recortó 45% de su presupuesto. Además, el presidente criticó al INEE por tener altos sueldos y supuesto derroche de recursos.
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y otros órganos del Poder Judicial de la Federación (PJF)
La SCJN y el PJF cuentan con autonomía constitucional respecto a las mayorías políticas, aunque formen parte de los tres poderes tradicionales. Además de resolver algunos juicios federales, protegen a las personas en contra del gobierno en juicios de amparo, y controlan la constitucionalidad de los actos y normas de otros poderes.
En varias ocasiones, el presidente ha acusado de corrupción al Poder Judicial, en especial en algunos casos en los que su gobierno tiene intereses de por medio. Además, el presupuesto del PJF fue recortado 6,000 millones de pesos para 2019, una caída de 8.4% en términos nominales, aunque, para 2021, su presupuesto ha regresado, sin considerar la inflación, a su nivel en 2018.
El presidente ha logrado nombrar a tres ministros. Dichos nombramientos han sido cuestionados, ya sea por haber trabajado en el gobierno del presidente, por haber resuelto casos con posible tráfico de influencias o por tener relaciones familiares con los empresarios favoritos del presidente. Uno de esos nombramientos se logró después de la persecución política el exministro Eduardo Medina Mora, quien fue presionado con el congelamiento de cuentas bancarias para obligarlo a renunciar, y después de su renuncia dejó de ser perseguido.
En el Consejo de la Judicatura, el actual gobierno ha nombrado a Bernardo Bátiz, exprocurador de justicia en el gobierno capitalino de López Obrador, así como a Loretta Ortiz, quien fue militante de Morena, y Verónica de Gyves, quien es cercana al presidente y fue una de sus candidatas para la FGR.
Otros casos de presiones indebidas políticas en el PJF son la suspensión del magistrado Jorge Arturo Camero por un supuesto caso de corrupción, que se realizó después de que votara en varias ocasiones en favor de las suspensiones contra el nuevo aeropuerto del gobierno federal. A ella se suma el bloqueo de cuentas bancarias de, por lo menos, cinco juzgadores locales y federales,
((La UIF congeló las cuentas de tres juzgadores locales de Jalisco, un magistrado federal en Jalisco y un juez local de Puerto Vallarta. ))así como la readscripción del magistrado federal Luis Vega –quien lideraba algunos litigios contra la “ley de remuneraciones”–, por la cual perdió la presidencia de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces Federales. Todo esto ha dado lugar a que la ONU cuestione la independencia del PJF en México. En las últimas semanas, el presidente también ha atacado mediática y jurídicamente al juez que suspendió la “Ley Combustóleo” aprobada por su gobierno.
Por otro lado, el PJF también ha sufrido bloqueos en el nombramiento de sus integrantes. Como ha mostrado Reforma, a nivel federal faltan más de 300 magistrados de circuito, los cuales han tenido que ser suplidos por funcionarios de menor nivel.
Por último, han existido iniciativas contra la autonomía de la Suprema Corte, como la presentada por el senador Ricardo Monreal, que permitiría que el presidente nombre a cinco ministros más en su sexenio y, con ellos, controle a la mayoría de la Suprema Corte. En esa iniciativa, propuso subordinar al CJF a la Tercera Sala de la Corte, que sería completamente nombrada por la actual mayoría política. Además, anunció otra iniciativa para desaparecer al Consejo.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
Siempre han existido dudas respecto a la autonomía del TEPJF. Este sexenio no es la excepción. A finales de 2018, según explicó la magistrada presidenta Janine Otálora, hubo una crisis al interior del Tribunal, derivada de la tensión al resolver conflictos políticos. Esto, luego de que el tribunal validara la elección para la gubernatura en Puebla, en la que el candidato morenista perdió. Otálora presentó su renuncia como presidenta del Tribunal poco después, y fue sustituida por Felipe Fuentes Barrera.
A finales de 2020, Fuentes fue reemplazado como presidente del Tribunal por José Luis Vargas, quien tiene vínculos familiares con Grupo Salinas, del empresario consejero del presidente. En la opinión de algunos juristas, varios magistrados del Tribunal, entre ellos el presidente Vargas, se han comportado como alfiles partidistas, antes del PRI y ahora de Morena. El Tribunal ha revertido varias resoluciones del INE contra Morena, como la limitación de las mañaneras del presidente por la veda electoral, la multa por el fideicomiso de Morena a través del cual se dispersó dinero en efectivo, la cancelación del registro del candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero por no presentar el informe de sus gastos de precampaña, entre otras.
El presupuesto del TEPJF también fue recortado fuertemente en 2019, ya que disminuyó 34.7% en términos nominales. Aunque esto puede deberse, como en el caso del INE, a la ausencia de elecciones federales, dicho presupuesto es 862 millones de pesos menor para 2021 que para 2018, aunque ambos son años electorales.
Tribunales Agrarios
El presidente acusó, de nuevo sin pruebas, que en los tribunales agrarios hay “puro mercader” y tráfico de influencias, así como apropiaciones ilegales de tierra, por lo que propuso hacer una limpia. Estos tribunales facilitan el acceso a la justicia para los ejidos y comunidades, y han funcionado relativamente bien en la práctica. Sin embargo, el presidente afirmó que nombraría aproximadamente a 100 funcionarios en dichos tribunales para acabar con este problema.
Por otro lado, su gobierno recortó el 75% del presupuesto para servicios generales, materiales, pago de arrendamiento de inmuebles y suministros de dichos tribunales, bajo la excusa de la pandemia de covid-19. Además, se recortó el presupuesto aprobado para los tribunales en 148 millones de 2018 a 2019 y, para 2021 se redujo otros 30 millones respecto a 2018. Esto, además de impedir sus actividades, afecta su autonomía, al hacerlos depender de dádivas de los gobernadores de los estados en que se ubican para poder operar, según ha alertado el Tribunal Superior Agrario.
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La guerra contra los autónomos en los dos años y tres meses que van del actual gobierno puede resumirse en la siguiente tabla. Los recuadros rojos indican que ese tipo de ataque ha ocurrido, mientras que los recuadros verdes indican lo contrario.
La tabla no muestra la intensidad del ataque, ni cuánta autonomía se ha perdido. Es posible que un órgano constitucional que ha sufrido menos tipos de ataques, como la ASF, sea menos independiente en la práctica que otros que han sufrido varios tipos de ataque, como el INE. Además, algunos ataques pueden ser más nocivos que otros –por ejemplo, la persecución política es más dañina que los ataques mediáticos–, y un mismo tipo de ataque puede tener distintas intensidades: es el caso de los recortes presupuestales, que pueden ser menores o mayores, o la captura institucional, que puede ser parcial o total.
Sin embago, la tabla muestra un hecho irrefutable: todos los órganos constitucionales autónomos, sin excepción, han sido atacados por la actual mayoría política.
Además, como muestra la siguiente tabla, el presupuesto del conjunto de contrapesos con autonomía constitucional –los OCAs, CRE, CNH y el PJF– se ha visto afectado en términos reales en este sexenio.
((La tabla y el cálculo fueron elaboradas y revisadas con apoyo de Jorge Luis Moreno, Carlos Santiagonúñez y Luis Ulloa, economistas y politólogos del ITAM. ))
Como vemos, aun sin considerar las limitaciones al presupuesto, sino únicamente los recortes presupuestales, casi todos los OCAs han tenido afectaciones presupuestales en términos reales.
((Como indica la tabla, se utiliza como año base el 2016 para el cálculo de la inflación acumulada. El presupuesto de la SCJN, el TFJA y el CJF no forma parte del cálculo de la sumatoria de presupuestos, pues ya se encuentra considerado en el presupuesto del PJF. Respecto al presupuesto del INE, se excluye el financiamiento a partidos políticos, pues no es dinero que sirva para sus funciones autónomas. Además, se utiliza como fuentes directas los PEFs 2016-2021. Para quien interese, la inflación acumulada para cada uno de esos años es la siguiente: 2016: 0.0297; 2017: 0.0994; 2018: 0.1525; 2019: 0.1851; 2020: 0.2225; y 2021: 0.233. Por último, no se incluye el presupuesto del CONEVAL y del CPC, pues el primero no se incluye por ese rubro en el PEF y requiere un cálculo más complejo, mientras que el segundo no se incluye en el PEF. ))Sin embargo, si consideramos las limitaciones presupuestales, el INEGI, que realiza censos que se repiten en periodos de tiempo mayores a un año o un trienio, también se ha visto afectado, pues no ha podido realizar todas las actividades que necesita.
Así, solo existe un órgano cuyo presupuesto ha mejorado entre el último trienio de EPN y el primer trienio de AMLO: Banxico. Sin embargo, aunque, en términos reales, su presupuesto aumentó de 2018 a 2019, ha disminuido en 2021.
La siguiente tabla muestra el cambio en términos nominales. Dicha tabla es poco útil para comparar el cambio entre un año y otro, pues no considera la inflación. Sin embargo, puede servir para quien sea que quiera corroborar el análisis anterior:
Conforme pasa el tiempo, los nuevos ataques a los órganos constitucionales autónomos se apilan sobre los anteriores. Poco a poco, los tornillos que mantienen unido a nuestro sistema de pesos y contrapesos se van aflojando. En su lugar, se dibuja una estructura diferente, pero conocida por México: un sistema de gobierno hiperpresidencialista, que conduce al riesgo de que exista, de nuevo, un partido hegemónico que domine la vida política y económica del país.
Consultor en Derecho Anticorrupción y litigio estratégico.
