Las reglas electorales en México me parecen confusas, excesivas y, en algunos casos, de verdad absurdas. Todas las restricciones a la libertad de expresión y la frivolidad constante de los formatos de los mensajes políticos serían razones suficientes para lamentar nuestro marco legal electoral. Pero resulta que hay vergüenzas peores.
Una de las primeras historias que he tenido el gusto de cubrir en mi nueva etapa profesional en Los Ángeles es el vía crucis de miles y miles de mexicanos quienes, siendo ciudadanos de nuestro país, quieren votar en las elecciones de 2012 pero encuentran obstáculos ridículos y numerosos. Uno supondría que la sola magnitud de la comunidad mexicana en el sur de California serviría para hacer conciencia entre las autoridades electorales de nuestro país sobre la importancia de facilitarles el voto. Después de todo, en esta zona de Estados Unidos, mucho más mexicana que antes de aquella fatídica mitad del siglo XIX, viven tres millones y medio de paisanos. Muchos, claro, no tienen credencial de elector. Para ellos, la única salida es viajar a México, con los riesgos que eso implica, para tramitar el plástico del IFE. Sobra explicar por qué, para un jornalero indocumentado, hacer eso resulta, digamos, ligeramente inviable. Las trabas impuestas para conseguir una credencial de elector a la gente que vive en esas condiciones son incomprensibles y humillantes.
Pero eso no es todo. Incluso si uno tiene credencial de elector, votar desde el extranjero es prácticamente imposible. El trámite es ridículo: uno tiene que pedir una solicitud antes del 15 de enero (6 meses antes de la elección), presentar una copia de la credencial de elector, poner firma y huella digital, obtener un sobre “priority mail” en consulados, ir a la oficina postal y enviar el sobre a México, esperar a que todo esto salga bien y sin errores, recibir confirmación del IFE, votar y enviar la boleta antes del 30 de junio. Si uno revisa todo el trámite e imagina que quien lo hace tiene que trabajar 18 horas al día para poner pan sobre la mesa y vive aterrado ante la posibilidad de ser deportado, la conclusión es inevitable: el proceso de voto en el extranjero es una burla.
A nadie debe sorprender, entonces, que hasta el 20 de diciembre, el IFE había recibido 15 mil solicitudes. Si todas hubieran solo del área de Los Ángeles, representaría un porcentaje minúsculo, absurdo del universo potencial de electores. Cuando el consejero Benito Nacif presentó los datos se le veía complacido. Se equivoca. Debería, en cambio, venir al sur de California y entrevistarse con dirigentes comunitarios como Guadalupe Gómez, del Frente Zacatecano. Guadalupe ha pensado demandar al IFE por privarlo a él y a millones de sus derechos. No lo culpo. Si el consejero Nacif siguiera los pasos de Guadalupe hasta los lugares donde trabaja arduamente instalando mesas para tratar de inscribir paisanos y repartir las mentadas solicitudes del IFE, pensaría dos veces antes de presumir cifras oprobiosas.
Que el IFE no haya encontrado una manera práctica y sensata para proveer de credenciales de elector a los millones de mexicanos que viven acá es una vergüenza. Lo es todavía más que ejercer el voto contando con la credencial represente un trámite que haría palidecer a cualquier experto en burocracia. Y sí, ya sé: algunos me dirán que hacerlo costaría carísimo o que implica riesgos de fraude. Ningún argumento me convence. La naturaleza de la migración mexicana a Estados Unidos es única; nuestra política para atender a esa comunidad debería serlo también.
(Ciudad de México, 1975) es escritor y periodista.
