Durante las últimas semanas, varias mujeres han denunciado a través de redes sociales agresiones e intentos de secuestro dentro y fuera de diferentes estaciones del metro de la Ciudad de México y en las inmediaciones de las paradas de transporte público del Estado de México. Ante el silencio de las autoridades, organizaciones civiles y colectivos de mujeres marcharon el 2 de febrero en varias ciudades para exigir seguridad y justicia a las víctimas. Tan solo en la Ciudad de México se congregaron 5 mil personas que llevaban carteles con frases como “De camino a casa, quiero ser libre, no valiente” o “Tengo miedo de acostumbrarme al miedo”.
Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el 2018 se registraron 834 feminicidios en todo el país. Pero la cifra podría ser mayor, pues de acuerdo con estimaciones de la ONU, cada día nueve mujeres son asesinadas en México. Por otro lado, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas reportó 9,327 mujeres desaparecidas de 2008 a abril de 2018.
El Estado de México y la Ciudad de México son las entidades con mayor prevalencia de violencia contra las mujeres. Sus gobernantes han manifestado su preocupación por este tema, pero los testimonios y las estadísticas revelan que sus esfuerzos han sido insuficientes. A pesar de que desde el 2015 la alerta de género se activó en once municipios mexiquenses, las desapariciones en el Estado de México crecieron en un 227%, según un informe presentado por el colectivo IDHEAS, y en el 2018 esa entidad tuvo la tasa de feminicidio más alta del país. El panorama no es más optimista en la Ciudad de México. Los asesinatos de mujeres tuvieron un incremento del 9% en el último año, desde el 2017 ocupa el primer lugar en denuncias de trata de mujeres y es la entidad donde más llamadas de emergencia relacionadas con delitos sexuales se registran, de acuerdo con el SESNSP.
A pesar de las advertencias que el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio hizo el año pasado sobre las agresiones a mujeres en las unidades de transporte público mexiquense, la seguridad de las mujeres en el transporte ocupa un lugar menor entre las 20 estrategias y 180 líneas de acción del gobierno de Alfredo del Mazo contra la violencia de género, que se limitan a reconocer a las mujeres como sus principales usuarias para brindarles un “servicio eficiente, tranquilo y seguro”.
Por su parte, para prevenir y frenar las agresiones en el metro, Claudia Sheinbaum anunció cinco medidas que incluyen módulos móviles de atención del ministerio público, revisión de carpetas de investigación por delitos que podrían estar relacionados con los intentos de secuestro, mayor vigilancia en las estaciones y sus alrededores, la activación de un número de denuncia ciudadana y reuniones con organizaciones civiles y víctimas. Además, a partir de abril, 135 abogadas atenderán denuncias en los 70 ministerios públicos capitalinos. Para Regina Tamés, abogada y directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida, A.C, estas medidas “son aisladas, desarticuladas y no tienen como foco la prevención (salvo que haya mayor iluminación en las estaciones)”. Al igual que la administración anterior, la jefa de gobierno no está considerando la profundidad del problema. “Estos son esfuerzos mínimos que poco servirán para evitar que las mujeres sigan sufriendo diferentes modalidades de violencia. Se requiere de una respuesta seria, pensada, profesional, que incluya indicadores de medición”, afirmó Tamés.
La falta de indicadores y de información estadística es el principal obstáculo para atender los casos de violencia contra las mujeres, reforzando así la impunidad e inacción de las autoridades, como denunció el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Dentro de las cifras oficiales, numerosos asesinatos a mujeres no están tipificados como feminicidios a pesar de que el 6 de febrero del año pasado el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República y las Fiscalías Generales de Justicia de los 32 estados acordaron investigar “toda muerte violenta de carácter doloso de mujeres bajo protocolos de feminicidio”. Así, de los 3 mil 580 asesinatos de mujeres ocurridos en 2018, solamente 834 son investigados como feminicidios y el resto como homicidios dolosos, con base en el último reporte del SESNSP.
A su vez, no se tiene una idea clara del número exacto de delitos contra las mujeres, porque el número de denuncias formales es mínimo. Un diagnóstico de la Procuraduría de Justicia capitalina reveló que de 2016 a 2018 solamente se abrieron once querellas por el delito de abuso sexual en el metro. En 2018, la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales solo registró una denuncia en el metro Chabacano. A raíz de los testimonios publicados en redes sociales se han abierto diez carpetas de investigación, se detuvo a dos hombres por acoso en el metro y se tiene el retrato hablado de un posible secuestrador, informó Ernestina Godoy, procuradora de justicia local.
La revictimización que realizan las autoridades es el principal motivo por el que las mujeres no denuncian. Al acudir al ministerio público para denunciar pueden pasar horas antes de que sean atendidas, las autoridades no creen sus testimonios, las agresiones son minimizadas y las víctimas son sometidas a exámenes médicos e interrogatorios poco sensibles. En la opinión de Tamés, “son las autoridades las primeras en discriminar y violentar a las mujeres al replicar públicamente narrativas estereotipadas en donde se les denigra”, lo que refuerza la falta de confianza y el miedo de las víctimas y sus familias.
Sin embargo, desde la sociedad civil han surgido iniciativas que han logrado visibilizar la magnitud del problema. Con el objetivo de recopilar los testimonios publicados en redes sociales para conocer el modus operandi de los agresores y de esta manera proponer soluciones específicas, Sandra Barrón, Dana Corres, Mónica Zamudio, Brenda Vázquez y Alejandra Padilla, junto con Serindipia, lanzaron un mapa colaborativo que se alimenta de un formulario abierto. La última actualización, correspondiente al 3 de febrero, contabilizó 210 incidentes. El mapa ha permitido ilustrar que se trata de un fenómeno que ocurre en toda la ciudad, no solo en algunas estaciones y que, a pesar de que hay un pico de incidentes entre noviembre del 2018 y enero del 2019, algunos testimonios se remontan hasta 1991. “No es nuevo y nos parece muy alarmante que apenas las autoridades estén reaccionando”, dice Sandra Barrón, una de las activistas detrás del mapa. Para ella, las medidas implementadas por el gobierno capitalino son apropiadas para la coyuntura, pero es “fundamental que exista una política pública a largo plazo que sea muy clara y que tenga la perspectiva de las mujeres en su diseño”.
A lo largo de los años, diversas organizaciones denunciaron casos de violencia de género en el transporte público, pero las soluciones que han ofrecido las autoridades son superficiales –vagones y autobuses exclusivos para la mujeres, silbatos rosas para alertar y listones morados para que las mujeres en peligro le den la mano a un policía–, y no atienden el problema a nivel estructural.
El año pasado, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas hizo una serie de recomendaciones al Estado mexicano para frenar los altos niveles de violencia contra la mujer a partir de un enfoque multidimensional que involucrara instancias estatales, sobrevivientes de la violencia, organizaciones civiles e integrantes de la academia. Entre estas se encuentran trabajar en la prevención, generar información estadística, fortalecer las instituciones existentes, proveer servicios de calidad a las víctimas y promover marcos normativos y de políticas públicas con perspectiva de género. No obstante, las autoridades han hecho caso omiso. La ausencia de la perspectiva de género en el diseño de políticas públicas ha provocado una clasificación incorrecta de los delitos, una mala atención de los ministerios públicos y, por ende, que los crímenes no se esclarezcan, los responsables no sean castigados y las soluciones propuestas carezca de un impacto. Para Regina Tamés, el gobierno federal ha ignorado que la política de seguridad pública no es distinta a la de la prevención y sanción de delitos en contra de las mujeres. “Es por eso que es crucial que las políticas sean diseñadas con perspectiva de género. Mientras se siga pensando que son dos problemáticas distintas, o que caminan por diferentes lugares, no veremos avances”.
Con investigación de Karla Sánchez.
