Durante la campaña presidencial, una de las principales banderas de Andrés Manuel López Obrador fue la promesa de incluir a la ciudadanía en la toma de decisiones por medio de consultas. La primera que su equipo de transición prepara es sobre la cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y se realizará del 25 al 28 de octubre.
La legislación actual es clara: si la consulta no se hace durante la jornada electoral federal ni es organizada por el INE, no es válida. Para que una consulta sea legal deberá solicitarse con anticipación por el presidente, los legisladores o la ciudadanía ante el Congreso de la Unión. Posteriormente, la Mesa Directiva considerará su pertinencia y, en caso de aceptarla, la presentará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual tendrá 20 días naturales para declarar su constitucionalidad y notificar al INE para que se encargue del diseño legal.
A pesar de la promulgación de la Ley Federal de Consulta Popular en el 2014, ninguno de los temas a consulta solicitados por las bancadas de los partidos se ha concretado. El PAN propuso una consulta sobre el aumento del salario mínimo, el PRI una sobre la disminución de legisladores de representación proporcional y el PRD otra sobre la reforma energética, pero ninguna fue aceptada por la SCJN. Solo a nivel local, las asambleas y los institutos electorales han organizado consultas ciudadanas sobre el manejo del presupuesto y obras públicas.
Mientras fue Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el propio López Obrador convocó a cinco consultas ciudadanas, que versaron sobre la aplicación del horario de verano, el costo del Metro, la construcción del segundo piso del Periférico y Viaducto, y la revocación de mandato. Salvo en el caso del horario de verano –la gente votó en contra de su aplicación, el Gobierno del DF emitió un decreto, pero quedó sin efecto debido a que la SCJN lo consideró inconstitucional–, los resultados de las consultas coincidieron con sus planes de gobierno: la gente votó por el incremento del precio del Metro y este se aplicó, estuvieron de acuerdo con las obras viales y estas se realizaron, aprobaron su mandato y él permaneció en el poder. Sin embargo, la participación ciudadana en ninguna de las cinco consultas superó el 10% del padrón electoral de la Ciudad de México. La más concurrida fue la que hizo en diciembre de 2002. Se trató de una consulta telefónica en la que se le preguntó a los capitalinos si estaban de acuerdo con que el Jefe de Gobierno permaneciera en su cargo. El 95.5% de los encuestados (691, 619 ciudadanos) respondieron que sí.
Que no se siga el proceso legal no impide que se efectúen ejercicios de opinión popular cuyos resultados no están respaldados por ninguna institución. Al realizar una consulta fuera del marco legal, quien la convoca decide cuál es la metodología que seguirá y la manera en que dará a conocer sus resultados. Esto, lejos de ser un ejercicio democrático, puede prestarse a la manipulación que favorezca intereses y justifique decisiones.
Escuchar a la población es importante, pero la democracia directa es mucho más compleja, como Thomas Meaney y Yascha Mounk escribieron en esta revista: “afirmar que la participación política de la gente en la toma de decisiones hace de la democracia una forma de gobierno legítima no es sino otra vacuidad”. Para estos historiadores, el problema recae en que los ciudadanos no quieren asumir las responsabilidades de gobernarse a sí mismos, no están informados o siquiera interesados. De tal manera que las consultas pueden convertirse en un ejercicio poco fructífero si no se escucha a las voces expertas.
No es la primera vez que se efectúan consultas para informar los planes de trabajo del gobierno entrante durante el periodo de transición. En 2000, el equipo de transición de Vicente Fox hizo una consulta cultural para conocer la opinión del público interesado en la cultura y de los profesionales y conocedores. Ahora, la futura secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, ha lanzado una convocatoria por internet para que la gente participe en mesas de diálogo para plantear los proyectos del sector durante el sexenio por venir. Los interesados también pueden mandar sus propuestas a través de redes sociales y correo electrónico. La finalidad de este ejercicio es promover una “política de la escucha y el diálogo” donde todos los sectores de la sociedad estén incluidos.
Las consultas son un ejercicio que, bien efectuado, permite conocer la opinión de una parte de la ciudadanía sobre temas polémicos. Sin embargo, no se puede esperar que toda la población sea experta en el tema o que tengan propuestas claras sobre cómo contribuir a la solución de los problemas que afectan al país. El abuso de las consultas puede provocar que cualquier decisión, por más insignificante que sea, se someta a un voto, por ejemplo, por medio de Twitter.
Organizar consultas implica tiempo y recursos. Uno de los retos para la actual legislatura es crear un marco legal para la elaboración de consultas, plebiscitos y referéndums con la finalidad de garantizar la legitimidad y confianza en estos ejercicios democráticos, y al mismo tiempo simplificar el barroco proceso que existe en este momento.
