La dictadura Ortega-Murillo destruye la cultura más allá de sus fronteras

Las naciones libres no deben tolerar que la dictadura que gobierna Nicaragua ejerza influencia para imponer su intolerancia y censura fuera de su territorio.
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El gobierno del dictador Daniel Ortega no solo ha intervenido los espacios culturales, sino que ha silenciado la palabra: declaró fuera de la ley a la Academia Nicaragüense de la Lengua (establecida en 1928), obligó a cerrar el capítulo nacional del Pen Club Internacional, persigue y encarcela a periodistas y cierra estaciones de radio y canales de televisión. Se han girado órdenes de aprehensión a escritores, como en el conocido caso de Sergio Ramírez Mercadi y el de la periodista Andrea Margarita Del Carmen, quien fuera directora de Proyectos del Pen Club y se vio obligada a salir al exilio. También se cancelaron el Festival de Poesía de Granada y el Festival Centroamérica Cuenta. Tampoco faltan los músicos presos como Josué Monroy, líder y vocalista de la banda Monroy y Surmenage.

En medio de la violación generalizada de derechos humanos fundamentales, se constriñen la libertad de expresión, pensamiento y creación. Ya habían sido silenciadas la Academia de las Ciencias y otras más de cuatrocientas organizaciones civiles que implicaban, supuestamente, una amenaza para la dictadura. Los Ortega Murillo consideran un peligro a las organizaciones no gubernamentales, a universidades y a organismos de derechos humanos y ambientales. Tras acusaciones de recibir donaciones del exterior, no reportar estados financieros y salirse de su “fin primordial” –entre otros cuestionamientos e inventos– se destruyen pilares culturales y de los derechos humanos en Nicaragua.

Para que se sorprendan aún más, los tres Somoza (Anastasio Somoza García, Luis Somoza Debayle y Anastasio Somoza Debayle), quienes gobernaron Nicaragua en periodos no continuos que se sucedieron entre 1937 y 1979, casi empatan en años de mandato con Daniel Ortega (y él lo ha hecho solo, de la mano de su esposa Rosario Murillo).

Un gobierno que destruye la cultura porque la cree un peligro para su permanencia en el poder debería ser condenado de inmediato, en especial por la izquierda que se define como democrática. Censurar y reprimir el conocimiento demuestra la materia de la que están hechos los dictadores, falsos mesías que pretenden adueñarse de un país convirtiendo a sus ciudadanos en súbditos sin voz ni voto, en nombre del antiimperialismo y de la autodeterminación de los pueblos    

En el momento en el que se silencia la palabra, los regímenes dictatoriales crean su propio discurso cultural a manera de adoctrinamiento y lavado de cerebro. Solo se leerá lo que la dictadura quiere que se lea porque no se puede dar el lujo de atentar contra su estabilidad. Para muestra un botón: el gobierno nicaragüense anunció la apertura de un centro cultural en las oficinas desiertas del diario La Prensa y las llamó “Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho”. Para la vicepresidenta de la dictadura, el nuevo centro cultural “marca los días finales del odio y será un camino de futuro, amor y esperanza”.

Escritores fundamentales de Nicaragua han sido perseguidos. Es el caso de Sergio Ramírez Mercado, Premio Cervantes, quien tiene una orden de aprehensión en su contra por parte de la Fiscalía de Nicaragua. Ramírez ha vivido el exilio varias veces a lo largo de su vida: las voces críticas e inteligentes son enemigas de las dictaduras.

La poeta y novelista nicaragüense Gioconda Belli ha sido otro blanco reciente del gobierno de Ortega. Ella ha fincado su residencia en España y fue invitada al festival Celebremos Iberoamérica, que se llevó a cabo del 19 al 25 de septiembre en Madrid, bajo la dirección de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). Belli había sido invitada a participar en una conversación sobre escritura viajera acompañada de Mónica Ojeda y Nélida Piñón. Pues resulta que la representante de la dictadura de Daniel Ortega llevaba línea de vetar la participación de Belli y, según escribió la misma autora en El País, le retiraron su invitación a tal evento. Ya había manifestado el gobierno que si un escritor nicaragüense en el exilio ganaba un premio, tendría que ser aceptado primeramente por ellos. Belli expresó en el texto antes mencionado que su censura “sienta un precedente nefasto para la libertad intelectual de quienes, porque nos ha sido arrebatada, hemos tenido que salir de nuestros países”.

Desinvitar a Gioconda Belli de Celebremos Iberoamérica en Madrid demuestra que los vasos comunicantes dictatoriales atraviesan fronteras y espacios. Pero la ley mordaza del gobierno Ortega-Murrillo no tendría que traspasar fronteras. Personalmente, no temo protestar, lo hago desde la firme convicción de que las dictaduras deben extirparse. Hablo por los derechos de mis hermanos nicaragüenses y sobre todo por aquellos que han sido encerrados y silenciados en las mazmorras de El Chipotle. Las naciones libres no deben permitir que las dictaduras ejerzan influencia en sus soberanías y mucho menos tolerar  su totalitarismo, intolerancia y censura. Los organismos de carácter cultural no están por la labor de aceptar esas imposiciones; por el contrario, es preciso respetar las disposiciones de UNESCO relativas a la libertad de expresión y creación, a menos que no se tema que sean pura y simplemente letra muerta. La política no puede secuestrar a la cultura ni al conocimiento y no podrá callar a las voces críticas que se manifiesten contra las violaciones y los abusos cometidos en Nicaragua.


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