Desde su llegada a la Casa Blanca, Biden buscó una relación con su vecino basada en la cooperación y el respeto mutuo. En un intento de regresarle certidumbre y seriedad a la relación con México tras cuatro años de trumpismo, restableció el Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN), creó el Dialogo de Alto Nivel sobre Seguridad, basado en el Entendimiento Bicentenario que reemplazó a la Iniciativa Mérida, y recibió en la Casa Blanca a los líderes de Canadá y México para celebrar la Cumbre de Líderes de América del Norte (NALS), la cual no se había reunido desde 2016. Quiso, pues, reinstitucionalizar la relación bilateral con mecanismos permanentes.
El presidente Biden quería darle a la situación en la frontera un giro de 180 grados, enfocado en la dignidad y los derechos humanos de los migrantes. En la lógica de su administración, mantener una buena relación con AMLO era fundamental para resolver de raíz las causas que impulsan a millones de personas a abandonar sus países de origen, al igual que asegurar las fronteras de México y Estados Unidos y reducir el flujo de migrantes.
Pero la relación bilateral se empezó a complicar. Debido a los fallos de distintas cortes estadounidenses, la Casa Blanca se vio forzada a continuar con las políticas migratorias de la era Trump, como el Título 42 y los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), mejor conocidos como “Quédate en México”, eliminado por una decisión reciente de la Corte Suprema de Estados Unidos. Un presidente puede tener aspiraciones para solucionar una crisis, pero si los datos no reflejan una tendencia positiva, la realidad se impone.
Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense (CBP, por sus siglas en inglés), durante el año fiscal 2021 hubo más de 1.7 millones de detenciones en la frontera, y se espera que en 2022 haya más de 2 millones. El número de connacionales mexicanos que intentan cruzar de manera ilegal ha crecido de forma sustancial, aunque la tendencia en la última década era descendente. De acuerdo con el Pew Research Center, en julio de 2021, 26% de los migrantes detenidos fueron ciudadanos mexicanos, a comparación de 13% en mayo de 2019. CBP reveló la semana pasada que agentes fronterizos detuvieron a 66,557 mexicanos en junio de 2022, 15% más que la cantidad de migrantes provenientes de Centroamérica. Desde octubre, han detenido a 627,764 mexicanos, en comparación con 655,594 durante los últimos doce meses que culminaron en septiembre del año pasado.
Esta agudización de la crisis en la frontera pone en riesgo el futuro político del presidente Joe Biden y del Partido Demócrata, de cara a las elecciones intermedias del próximo 8 de noviembre. La Casa Blanca ha colaborado con el gobierno de López Obrador porque depende de su cooperación para detener a los migrantes, pero los números revelan que no le ha salido bien la jugada.
En noviembre se elegirá a la totalidad de la Cámara de Representantes (435 curules), un tercio del Senado (34 escaños) y 36 gubernaturas, entre otros cargos. Los republicanos utilizarán la crisis en la frontera y la incapacidad de Biden para resolverla (a pesar de su buena relación con AMLO) para arrebatarle la mayoría a los demócratas en el poder legislativo. Actualmente, estos tienen 220 escaños en el Cámara baja, y los republicanos 211. Según el Cook Political Report, 34 contiendas serán competidas, de las cuales 26 están hoy en manos de demócratas y ocho de republicanos. Un cambio de solo cinco escaños transferiría el control de la Cámara de Representantes a los republicanos.
En la Cámara alta, la lucha es más cerrada. El Senado está dividido justo a la mitad, con 50 demócratas y 50 republicanos; el voto de desempate lo tiene la vicepresidenta Kamala Harris. Los republicanos tendrían que ganar un solo escaño para retomar la mayoría. Debido a los altos índices de inflación, el aumento en los precios de la gasolina, la posibilidad de una recesión económica y la baja aprobación del presidente Biden, las encuestas favorecen al partido de Donald Trump.
El panorama en las contiendas para gobernador también es favorable a los republicanos. Todos los estados en la frontera con México –California, Arizona, Nuevo Mexico y Texas– elegirán nuevos gobernadores, y México debería de tener los ojos puestos en dichos procesos. Los candidatos republicanos en esos estados, en su mayoría respaldados por Donald Trump, tienen plataformas políticas que incluyen aumentar las fuerzas del orden estatales para sellar la frontera, la deportación de los indocumentados, el cierre de la frontera ante amenazas de seguridad –tal como lo hizo el gobernador texano Greg Abbott– y otras medidas punitivas. Un cambio de burro a elefante en los estados gobernados por demócratas podría afectar el comercio con México y la cooperación en materia migratoria.
El voto hispano jugará un papel fundamental en los resultados de las gubernaturas. Según el portal Axios, los hispanos que viven en la frontera favorecen medidas de seguridad fronteriza más estrictas que han defendido los republicanos. Los resultados de una encuesta realizada por el New York Times y el Siena College confirman el triunfo mediático que ha tenido la estrategia de los republicanos con la comunidad hispana. El sondeo revela que los demócratas y los republicanos están empatados técnicamente con el voto hispano, a comparación de la ventaja de 47 puntos que gozaba el partido Demócrata en las elecciones intermedias de 2018.
Joe Biden obtuvo 59% del voto hispano en 2020. No obstante, las consecuencias de la pandemia de covid-19, el impacto de la inflación en la economía y la falta de acceso a salud pública han deteriorado esa ventaja. Si bien es cierto que la inmigración no es uno de los temas principales para los hispanos a nivel nacional, una encuesta de la Universidad de Quinnipiac indicó que solo 23% de los hispanos aprueban la estrategia migratoria del mandatario estadounidense, a comparación de 49% en mayo de 2021. La inmigración no es un tema prioritario para toda la comunidad hispana en Estados Unidos, pero la retórica antiinmigrante de la era Trump puede atraer a ciertos votantes hispanos que viven en la frontera.
Considerando que la mayor cantidad de hispanos habita en los estados fronterizos (15.57 millones en California, 11.52 millones en Texas y 2.31 millones Arizona, mientras que Nuevo México tiene la comunidad hispana más alta en cuanto al porcentaje de su población, 49.26%), se entiende por qué el presidente Biden y su partido están preocupados por lo que puede suceder en noviembre.
Es importante entender este escenario electoral en Estados Unidos, porque tendrá impacto en la relación con México. La relación bilateral tiende a analizarse solo a nivel ejecutivo, entre la Casa Blanca y Palacio Nacional, cuando en realidad mucho de lo que ocurre entre los dos países transciende en el poder legislativo, en los estados, y en los municipios. Si los republicanos retoman el control del Congreso, le podrían subir el tono a varios aspectos de la agenda bilateral, como la migración y ciertos temas comerciales en el marco del T-MEC. Tendrán el poder de diseñar el presupuesto y presidir comisiones importantes, como la de Relaciones Exteriores. Podrán aprobar reformas y medidas en contra de los soñadores, protegidos bajo la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), de los cuales hay más de medio millón de connacionales mexicanos. También podrán afectar negativamente a los más de cinco millones de indocumentados mexicanos que residen en Estados Unidos, y de cuyas remesas depende la economía mexicana.
Cuando el presidente López Obrador boicoteó la Cumbre de las Américas, abogando por los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua, no solo amargó su relación con el presidente Biden, sino también con el partido Republicano. Distintos miembros de esa agrupación política han expresado sistemáticamente su rechazo por las dictaduras en América Latina, al igual que las violaciones de derechos humanos, la falta de la libertad de expresión y la imposición de medidas antidemocráticas. Lo han hecho porque saben el capital político que representa en estados claves como Florida, donde comunidades hispanas apoyan a candidatos que se posicionan como guardianes de la democracia y enemigos del socialismo, algo que ha utilizado el partido de Abraham Lincoln en contra de sus opositores. Seguro no verán con buenos ojos el hecho de que AMLO coquetea con dictadores, y que con sus políticas pone en riesgo inversiones estadounidenses y al sistema democrático mexicano.
En la más reciente visita de AMLO a Washington, Biden dejó claro que los asuntos de la agenda bilateral se tienen que abordar de manera conjunta y coordinada. Sin embargo, en el comunicado oficial no se incluyó ninguno de los cinco puntos propuestos por el mandatario mexicano durante su largo discurso en la Oficina Oval. Biden ha dejado pasar, manteniéndose callado, las distintas declaraciones de AMLO en contra de Estados Unidos, pero cuando se trata de cuestiones sustantivas, ignora las peticiones de su homólogo mexicano.
La Casa Blanca no ha destinado presupuesto a los programas sociales de AMLO –Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro–, no mencionó un incremento específico de visas para trabajadores temporales, descartó las ofertas del gobierno mexicano en cuanto a garantizar abasto de gasolina en la frontera para los estadounidenses y los más de mil kilómetros de gasoductos para transportar gas de Texas a otros estados. Tampoco invitó a Nicaragua, Cuba y Venezuela a la Cumbre de las Américas. Biden deja hablar a AMLO, y AMLO se queda con las ganas de que sus declaraciones generen una reacción de Biden. El presidente estadounidense tiene crisis globales que atender, y su meta con el presidente mexicano es mantener una buena relación para continuar avanzando en temas que son importantes para Estados Unidos.
A la pregunta de por qué Joe Biden se “ha portado bien” con AMLO pueden darse varias respuestas: por proteger la prosperidad económica de la región de América del Norte ante las disrupciones a las cadenas de suministro globales, por la situación migratoria en la frontera, por la crisis de salud pública provocada por el ingreso de fentanilo y otras sustancias desde México… pero sobre todo, por sobrevivencia política.
es directora del Instituto México del Wilson Center. Ha laborado en el gobierno federal de México, fue asesora de políticas públicas para América Latina en un despacho de abogados internacional en Washington DC y fungió como corresponsal de la Casa Blanca para NTN24. Cuenta con una maestría en Estudios Latinoamericanos y Gobierno de la Universidad de Georgetown.
