Una semana más ha transcurrido desde que el presidente López Obrador implementó su plan de combate al robo de combustible, pero la incertidumbre permanece: se desconoce cuándo se normalizará el abasto, cuál ha sido el costo de la estrategia y cuáles las acciones concretas implementadas para evitar que esta actividad delictiva continue.
El Wall Street Journal publicó el viernes 11 un artículo que explica que México ha reducido sus importaciones de petróleo en los últimos meses. En los primeros diez días de enero, las importaciones diarias de barriles provenientes de la costa del Golfo de Estados Unidos disminuyeron 33% en comparación con el mes anterior y 45% respecto al promedio diario de enero del 2018, según las cifras de ClipperData, una empresa especializada en el análisis de importaciones y exportaciones de crudo, productos refinados y petroquímicos desde Estados Unidos.
En respuesta al artículo, la Secretaría de Energía presentó los datos preliminares de importaciones. Durante el mes de diciembre, Pemex Transformación Industrial importó 559 mil barriles diarios de gasolina, lo que representó una disminución de casi 17% en comparación con diciembre del 2017. A su vez, en los primeros nueve días de enero, se importó un promedio de 764 mil 800 barriles diarios. De acuerdo con Enrique Quintana, estas fluctuaciones son normales y no representan “un cambio sensible en la política de compras de gasolina en el exterior”. Por su parte, el reportero del WSJ, Robbie Whelan, aclaró que en su artículo solo hizo referencia a las importaciones provenientes de Estados Unidos, mientras que las cifras presentadas por SENER incluyen a todos los países a los que se les compra combustible.
En un video, el presidente López Obrador desmintió la información presentada por el diario y aseguró que la situación se normalizará en los próximos días, pues no se trata de un problema de insuficiencia, sino de distribución. “¿Quieren jugar a las vencidas? No van a poder con la voluntad del pueblo de que se acabe ya de una vez para siempre la corrupción y la impunidad”, dijo el presidente en alusión a la continuidad de su plan.
La secretaria de Energía, Rocío Nahle, también rechazó las cifras presentadas en el reportaje del WSJ y afirmó que el suministro en la Ciudad de México, el Estado de México y el Bajío se restablecerá esta semana. Sin embargo ella y Octavio Romero, director de Pemex, cancelaron su comparecencia ante el Congreso de la Unión programada para el martes 15, en la que se esperaba que respondieran a los cuestionamientos de los legisladores sobre el impacto y los pasos a seguir en su estrategia. Miembros de los partidos de oposición reaccionaron con molestia por su ausencia y la calificaron como una falta de respeto a las instituciones.
En una investigación basada en cifras de la Secretaría de Energía, el periódico Reforma reveló que “durante las últimas seis semanas del 2018, el inventario de algunas terminales de almacenamiento se encontraba en una situación particularmente atípica y preocupante”, y que para el día 28, al arranque del operativo contra el huachicol, 10 de las 75 Terminales de Almacenamiento y Reparto (TARs) de Pemex tenían un inventario de cero barriles.
Aunque hasta el momento no hay una explicación oficial para esta situación, el director de Pemex aclaró la situación actual del inventario de gasolina en el país. De acuerdo con datos de la paraestatal, hay 5.3 millones de barriles almacenados (mdb) en las terminales, 7 mdb en buques fondeados y 3.8 mdb en buques en tránsito. A las preguntas sobre la suspensión de actividades en las refinerías de Salamanca y Tula, Romero respondió que la producción de gasolina en ellas se reanudará una vez que llegue un componente de alto octanaje necesario para el proceso de refinación.
Durante el fin de semana, brigadas de la Procuraduría Federal del Consumidor supervisaron el abasto de gasolina en 2,809 gasolineras de Aguascalientes, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, Tlaxcala, Zacatecas y la Ciudad de México, y confirmaron que en 1,953 de ellas no había combustible. Esta situación ya impactó a las empresas dedicadas al transporte de carga, a la mensajería, a los abarrotes y a la industria turística. En once días, las pérdidas ascienden a 4 mil millones de pesos, según el presidente de la Concanaco, José Manuel López Campos.
A pesar de esto, la población parece respaldar las medidas emprendidas por el presidente para frenar el huachicoleo. Así lo muestran cuatro encuestas levantadas entre el 9 y el 11 de enero por diversos medios y empresas encuestadoras. El 62% de los encuestados por Grupo Reforma se pronunció a favor de que se hayan cerrado los ductos, aunque eso implique un problema de desabasto en las gasolineras. El sondeo de El Financiero muestra un porcentaje similar, 64% de sus consultados apoya la medida del presidente. Por su parte, la encuesta telefónica realizada por De las Heras revela que el 72% de los mexicanos cree en la actual estrategia. Mientras que los resultados del ejercicio de Mitofsky revelan que 56.7% de los encuestados opinan que se han tomado las medidas correctas.
Ante la pregunta de qué medida sería más eficaz para terminar con el robo de combustible, si seguir con el cierre de los ductos por tiempo indefinido o perseguir a los responsables, el 79% de los encuestados por Reforma se inclinó por la segunda opción. Por otro lado, solo el 39.9% de la muestra de mil mexicanos entrevistados por Mitofsky consideró que el gobierno debe buscar otras maneras de combatir al huachicoleo.
Pese a que hay un apoyo de la población en terminar con el delito, en términos de resultados y efectividad de la estrategia, algunos de los encuestados se muestran escépticos. En la encuesta publicada en Reforma, la opinión está dividida: 47% no cree que el cierre de ductos ayude a terminar con el robo de combustible, mientras que 46% piensa que sí. De acuerdo con la muestra de Mitofsky, 64.6% cree que el problema tardará más de una semana en resolverse. Entretanto, 52% de los encuestados por De las Heras opinó que actualmente se vive el peor momento de la emergencia.
Sobre la justificación de la crisis, 55.9% de los encuestados por Mitofsky se mostraron conformes con la explicación brindada por el presidente y su equipo. En la encuesta realizada por De las Heras las opiniones están divididas: 43% opinó que el gobierno sí está informando en tiempo y forma y otro 43% pensó que no. Resulta interesante que para el 42% de los entrevistados por Reforma el principal responsable de la falta de gasolina es el gobierno de Enrique Peña Nieto, mientras que 31% culpa a los huachicoleros y el 13% a la administración actual.
Para normalizar el abasto de gasolina, el presidente anunció que se comprarán 500 pipas con capacidad de 60 mil litros con el dinero que se ha ahorrado “por no permitir el robo de combustible”. Por su parte, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México retomó una propuesta ciudadana para sugerir la carga de gasolina por días, de acuerdo con el último número de placa del vehículo y el color de holograma. Sin embargo, estas soluciones son un tratamiento paliativo para un problema que persiste –e incluso aumenta– en los estados que sufren desabasto porque la distribución del combustible vía terrestre requiere más tiempo y recursos.
México no es el único país que sufre pérdidas millonarias a causa del robo de combustible. En 2002, casi 8,000 barriles diarios fueron robados en Colombia. Tras un cambio en la estrategia –que consistió en la vigilancia de los ductos; la revisión de las refinerías, autotanques, buques y gasolineras; la instalación de fibra óptica en los principales ductos para detectar filtraciones; la aplicación de marcadores químicos a la gasolina para supervisar sus envíos y el endurecimiento a las penas por robo, compra, almacenamiento y contrabando de combustibles– se logró que en dos años el robo se redujera un 97%. Sin embargo, la planeación de la estrategia tomó una década y requirió de la colaboración entre Ecopetrol, empresa colombiana de petróleo, empresarios, policía y gobierno. En 2017, Pemex tuvo un acercamiento a Ecopetrol para recibir asesoría sobre su modelo de combate al robo de combustible. En aquel entonces, Raúl Cervantes, procurador general de la República, afirmó que la Policía Nacional de Colombia le facilitó protocolos y manuales sobre cómo atender este delito. Pero los resultados de su ejecución no se llegaron a conocer.
El presidente dice que se está avanzando en el combate al huachicoleo, que se encontraron depósitos clandestinos en el NAIM en Texcoco, que han ocurrido numerosos sabotajes a los ductos, que se han asegurado tomas clandestinas y que recorrerá el ducto Tuxpan-Azcapotzalco para pedirle a las comunidades que no roben el combustible. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, presentó información sobre el blanqueamiento de más de 10 mil millones de pesos en el sistema financiero a través del robo de combustible exhibe la magnitud del problema y la impunidad con que las autoridades habían actuado en el pasado. Aunque no se ha dado a conocer a personas involucradas en los robos ni se han girado órdenes de aprehensión, hay reportes de una lista de quince personas cuyas cuentas han sido congeladas, al estar bajo investigación por la Unidad de Inteligencia Financiera.
La estrategia actual, empero, carece de una planeación a largo plazo. Mantener al ejército en las instalaciones de Pemex y cerrar los ductos es una estrategia insostenible dadas las exigencias y necesidades actuales de consumo de gasolina. Además, si no se les desarticula, los grupos delictivos organizados buscarán otras maneras de hacerse del combustible, o probarán nuevas actividades que les brinden ganancias. Postergar más las acciones en contra del tráfico de combustibles tampoco es viable, pero “si no se hacen labores de inteligencia, de monitoreo electrónico, procuración de justicia, si no se prepara a los ministerios públicos, se generan unidades especializadas para combate de estos delitos, es como si solo usáramos curitas para tapar los ductos”, como escribió Rodrigo Elizarrarás, analista en Animal Político.
Vale la pena recordar, en medio de la crisis por la distribución de combustible, que Pemex es la empresa petrolera más endeudada del mundo y la estrategia actual no brinda seguridad a los inversionistas extranjeros sobre cómo se lograrán los objetivos de producción planteados por el gobierno. El país no cuenta con una infraestructura competitiva de transporte, distribución y comercialización de hidrocarburos. El modelo monopólico de Pemex permitió que la extorsión y el sabotaje operados desde la misma empresa fueran posibles. Para Luis de la Calle, López Obrador tiene ante sí la posibilidad de “transitar de un sector energético viciado a un mercado de energía competitivo” si logra impulsar la inversión necesaria para tener reservas suficientes de combustible. El problema es que el gobierno no ha sido claro con el futuro de su estrategia.
