¿El presidente de qué país acaba de anunciar que la Navidad comenzará el 1 de octubre? ¿Qué país tiene un ministro de reputación siniestra a cargo de la seguridad, la justicia y… la paz? ¿Qué país tiene unos indicadores de desarrollo humano, económico y de pobreza dramáticos, a pesar de tener las mayores reservas de petróleo del mundo?
¿Cuál es el país en el que la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) calcula que entre 7,7 y 8 millones de personas –de una población de 28,4 millones– han huido como refugiados, exiliados o emigrantes a otros países, la mayoría de ellos –6,5 millones– a países latinoamericanos?
¿El gobierno saliente de qué país se niega a reconocer la victoria masiva (67%) del candidato de la oposición en las elecciones presidenciales del 28 de julio, según todos los informes? Ese país es Venezuela.
La nación fundada por Simón Bolívar está sometida a la deriva autoritaria de Nicolás Maduro, sucesor de Hugo Chávez: ya no hay Estado de Derecho y los derechos humanos se violan constantemente. Desde hace varios años, la República Bolivariana sigue el camino cubano, una dictadura basada en un Estado policial. Son los cubanos quienes han proporcionado a Caracas la tecnología y los instrumentos de represión: métodos de inteligencia, una guardia pretoriana en torno al presidente, el entrenamiento personal de Nicolás Maduro, etc.
Pero Venezuela también puede contar con Rusia, China e Irán. Como era de esperar, estos Estados, que no apoyan los valores occidentales, la libertad y la democracia, ya sostienen el espantoso régimen de Ortega-Murillo en Nicaragua. Lo que está en juego en Venezuela es, por tanto, esencial en el equilibrio de poder entre democracias y regímenes autoritarios.
Sorprendidos por los resultados de las elecciones presidenciales, sobre todo en los barrios populares que hasta entonces habían permanecido fieles al chavismo, los jerarcas del régimen decidieron suspender el recuento de votos y tomar medidas brutales. Los líderes de la oposición, entre ellos el candidato presidencial Edmundo González y María Corina Machado, se vieron obligados a esconderse y sus partidarios fueron detenidos y agredidos. Ya hay centenares de heridos. El señor González, grotescamente acusado por la Fiscal General de Venezuela de “usurpación, falsificación, instigación y sabotaje”, acaba de refugiarse en España.
Hoy me siento en cólera porque el régimen de Maduro sigue en pie. Pero admiro la resistencia de este pueblo a pesar de las amenazas, manipulaciones y eructos de Maduro. Se expresaron con gran claridad eligiendo a Edmundo González, un diplomático experimentado y respetado, gracias al formidable liderazgo de María Corina Machado, a quien el régimen prohibió presentarse, pero que supo movilizar al pueblo venezolano con su carisma y valentía.
No soporto que parte de la izquierda europea –desde Francia Insoumise hasta el Podemos español– hipnotizada por el populismo de Chávez, sea tan indulgente con el régimen de Maduro como con la dictadura castrista. Son los mismos que se muestran ambiguos con Putin o que propagan por el mundo el odio a los judíos y a Israel. El menoscabo de los derechos fundamentales, la confusión de poderes, la negación de la democracia y el encarcelamiento de opositores merecen nuestra total condena y nuestra movilización.
Francia siempre ha tenido una relación especial con América Latina. Ha acogido a miles de exiliados que huían de las dictaduras de Pinochet, Videla y Castro. Por ello, debe desplegar todos sus esfuerzos para que los gobiernos que se han mostrado demasiado complacientes con Maduro, como los de Brasil y Colombia, adopten posiciones acordes con los valores democráticos que dicen defender: rechazo absoluto a la represión y respeto total al voto venezolano. Máxime cuando importantes instituciones internacionales como el Centro Carter y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se han posicionado claramente. Varios ex jefes de Estado y de Gobierno latinoamericanos –entre ellos Andrés Pastrana y Mauricio Macri– y españoles –Felipe González y José Mariá Aznar– han recurrido a la Corte Penal Internacional (CPI) para denunciar el “terrorismo de Estado” y las “violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos”, incluidos los “crímenes contra la humanidad” cometidos por el régimen venezolano.
Francia, España, Estados Unidos, México, Brasil y Colombia deben actuar con contundencia para garantizar una transición de poder sin sobresaltos antes de enero de 2025. Pero no puede haber indulgencia para una dictadura corrupta que depende del narcotráfico. Acojo con satisfacción las posiciones muy claras adoptadas por el Presidente chileno, Gabriel Boric, que procede de la izquierda radical, y por varios países latinoamericanos. La declaración de Santo Domingo, apoyada por la Unión Europea, y la de la Organización de Estados Americanos (OEA) me parecen esenciales y señalan el camino a seguir.
Espero que Francia utilice su influencia para que se cumplan las cuatro exigencias de María Corina Machado:
– respeto de la voluntad del pueblo y del voto popular
– establecimiento de un diálogo nacional para una transición negociada
– garantías y salvoconductos para los dirigentes del régimen;- confirmación de las negociaciones por los representantes legítimos del pueblo venezolano.
La comunidad internacional y la Unión Europea deben ser inflexibles en el reconocimiento del nuevo presidente, Edmundo González, e imponer las máximas sanciones a un régimen que se niega a reconocer los resultados de las elecciones. Actuemos con rapidez y contundencia. El tiempo apremia. No podemos olvidar a Venezuela.
Publicado originalmente en Le Figaro.
Manuel Valls fue primer ministro de Francia entre 2014 y 2016 y concejal del Ayuntamiento de Barcelona entre 2019 y 2021.
