El artículo “Power on paper”, publicado la semana pasada en The Economist, parte de una constatación evidente: México vive una concentración de poder político como no se había visto en décadas. Un solo partido domina el Congreso, controla la mayoría de los gobiernos estatales, ocupa el Ejecutivo federal con una legitimidad electoral incuestionable e hizo suyo el Poder Judicial. El diagnóstico es duro: ese poder, aun siendo amplio, no se ha traducido en mejores resultados ni en un Estado más eficaz. Seguridad, crecimiento económico y calidad institucional siguen mostrando signos de deterioro. El poder existe, pero funciona mal.

Hasta ahí, poco habría que objetar. El problema aparece en el lenguaje. En su caracterización, la revista califica a Morena como “el partido de izquierda más fuerte del mundo democrático”. La intención es clara: subrayar el tamaño de su dominio electoral dentro de un sistema que aún celebra elecciones competitivas. No hay un elogio pero el calificativo importa, porque el populismo –y esto conviene decirlo con claridad– no busca desaparecer la democracia. Su objetivo es vaciarla de contenido.

Esa es la clave que suele perderse. El populismo no cancela elecciones; las instrumentaliza. No suprime la palabra “democracia”; la ocupa. No rompe el régimen de golpe; lo erosiona desde dentro. Por eso el lenguaje es un terreno central de disputa. Llamar “democrático” a un partido y a un gobierno que avanzan debilitando los contrapesos no es un detalle menor: es parte del proceso mismo de erosión.

La politóloga Nadia Urbinati ha trabajado con precisión esta idea. En libros como Democracy disfigured (2014) y Me the people (2019), explica que el populismo se presenta como una forma superior de democracia, cuando en realidad la transforma en otra cosa: una relación directa entre líder y pueblo que desconfía de las mediaciones, de las instituciones y de los límites. La democracia no se elimina, pero se “desfigura”, pierde su sustancia liberal y pluralista. Por eso el populismo necesita apropiarse del lenguaje democrático: sin esa cobertura, su proyecto pierde legitimidad.

El problema no es semántico ni académico. Es político e institucional. Cuando se le llama “democrático” a un poder que concentra decisiones, desacredita a los jueces, subordina a los órganos autónomos y reduce la competencia real, se redefine el estándar de lo aceptable. Gobernar sin límites empieza a verse como una variante legítima del juego democrático, no como una anomalía.

Este punto se vuelve todavía más relevante si se cruza con otro dato que proviene del propio universo de The Economist. En su Democracy Index, México ya no aparece como una democracia plena y se ubica en una categoría de deterioro institucional. El índice no evalúa solo elecciones, sino también el funcionamiento del gobierno, el Estado de derecho, las libertades civiles y la cultura política. Desde ese ángulo, la democracia mexicana no se ha roto, pero sí se ha debilitado. El contraste entre el diagnóstico del índice y el uso laxo del adjetivo “democrático” en el artículo revela la tensión central de nuestro momento: seguimos votando, pero cada vez exigimos menos.

Aquí conviene hacer otra precisión. Morena no es simplemente un “partido fuerte”. Es, cada vez más, un partido de Estado. La frontera entre la estructura partidaria y el aparato gubernamental se desdibuja. Programas públicos, recursos, narrativa oficial y organización territorial operan de manera cada vez más indistinguible. Esa fusión no solo refuerza la hegemonía electoral; debilita la neutralidad del Estado y reduce los espacios de competencia efectiva. Nombrar a ese actor únicamente como “partido democrático” borra esa transformación y la vuelve invisible.

El populismo no necesita abolir la democracia para avanzar. Le basta con acostumbrar a la sociedad a estándares más bajos. Si la democracia se define solo como llevar a cabo elecciones, entonces todo lo demás –límites, reglas, contrapesos– pasa a segundo plano. Defender instituciones empieza a parecer exagerado; exigir legalidad, elitista; pedir autocontención, antidemocrático. En ese contexto, las instituciones no caen porque alguien las derribe, sino porque pierden respaldo normativo y social.

En este punto, conviene insistir en algo elemental: la democracia no es solo el origen del poder, sino la forma en que ese poder se ejerce. Un gobierno puede nacer de elecciones y, aun así, gobernar de manera cada vez menos democrática. Decirlo no es negar la legitimidad del voto; es afirmar que el voto no lo justifica todo.

Por eso es tan importante desnudar el fenómeno. Llamar a las cosas por su nombre no es polarizar ni dramatizar, es evitar la confusión deliberada. El populismo prospera en la ambigüedad, en la mezcla entre legitimidad electoral y concentración de poder, entre democracia formal y vaciamiento institucional. Mientras esa ambigüedad se mantenga, el deterioro seguirá avanzando sin resistencia clara.

No se trata de descalificar a un medio ni de entrar en una disputa terminológica estéril. Se trata de entender que el lenguaje educa políticamente. Enseña qué esperar del poder y qué exigirle. Cuando el lenguaje se vuelve complaciente, las instituciones quedan solas. Cuando se nombra con precisión, se restablecen los límites de lo tolerable.

México no vive una ruptura democrática espectacular. Vive algo más silencioso y, por eso mismo, más peligroso: la normalización del vaciamiento. La democracia permanece en el discurso, en las urnas y en los rituales, mientras se debilitan los mecanismos que la hacen algo más que una suma de mayorías. En ese contexto, la precisión del lenguaje no es un lujo intelectual. Es una forma mínima de defensa institucional.

Nombrar con precisión no resuelve por sí solo los problemas del país, pero sí fija el terreno en el que esos problemas se discuten. Cuando el lenguaje se vuelve indulgente con el poder, la crítica pierde filo antes siquiera de empezar. No porque falten voces, sino porque se vuelve confuso qué está en juego.

Nombrar al populismo tampoco significa negar los problemas que le dieron origen ni desconocer las demandas sociales que canaliza. Implica, simplemente, dejar de conceder. Porque cuando dejamos de llamar a las cosas por su nombre, el poder aprende que puede hacerlo todo gracias a la confusión. Y entonces, más que una paradoja, lo que tenemos es una renuncia colectiva.

La erosión democrática no avanza solo por decisiones de gobierno; avanza cuando la sociedad acepta, casi sin darse cuenta, que exigir límites es exagerado y que cuestionar al poder es antidemocrático. En ese punto, el deterioro deja de provocar alarma. Se vuelve paisaje. Y lo que se vuelve paisaje, termina por consolidarse. ~