La historia del caso Esquivel todavía no está escrita

En el caso Esquivel, los dardos se han cargado mayoritariamente contra la UNAM. Lo cierto es que ninguna de las instancias que pueden hacer algo ha actuado en consecuencia.
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Tras el anuncio que hizo la UNAM el viernes 20 de enero, queda claro que no habrá medidas institucionales inmediatas para revocar el título de Yasmín Esquivel. La esperanza no se pierde: la misma nota que la Oficina de la Abogacía General  universitaria hizo pública el 10 de enero deja abierta la puerta para que la Máxima Casa de Estudios demande ante un juzgado la nulidad del título de la aún ministra, con fundamento en el artículo 2226 del Código Civil,

{{ Artículo 2226. La nulidad absoluta por regla general no impide que el acto produzca provisionalmente sus efectos, los cuales serán destruidos retroactivamente cuando se pronuncie por el juez la nulidad. De ella puede prevalerse todo interesado y no desaparece por la confirmación o la prescripción. }}

 que da una acción casi perpetua para impugnarlo. De tal forma, el título se puede revocar en el seno de la universidad, o esta puede ir a tribunales a pedir su nulidad.

Sin embargo, los dardos se han cargado mayoritariamente contra la UNAM, como si fuera la única que pudiera incidir en este asunto. Lo cierto es que ninguna de las instancias públicas y sociales que pueden hacer algo ha actuado en consecuencia. Primeramente, la respuesta de la Dirección General de Profesiones a la UNAM es notoriamente ilegal, ya que la ley de profesiones establece (en su artículo 67) que basta la solicitud del interesado y la constancia de que la titulación no cumplió los requisitos de ley para que la Dirección General de Profesiones tenga que abrir un procedimiento de cancelación del registro del título y, en consecuencia se revoque la cédula profesional que habilita para ejercer la carrera de abogado.

(( ARTICULO 67.- La Dirección General de Profesiones, a solicitud y previa audiencia de parte interesada, en sus respectivos casos cancelará las inscripciones de títulos profesionales, instituciones educativas, colegios de profesionistas o demás actos que deban registrarse, por las causas siguientes:
I.- Error o falsedad en los documentos inscritos;
II.- Expedición del título sin los requisitos que establece la ley;
III.- Resolución de autoridad competente;
IV.- Desaparición de la institución educativa facultada para expedir títulos profesionales o grados académicos equivalentes; revocación de la autorización o retiro de reconocimiento oficial de estudios. La cancelación no afectará la validez de los títulos o grados otorgados con anterioridad;
V.- Disolución del colegio de profesionistas; y
VI.- Las demás que establezcan las leyes o reglamentos.
La cancelación del registro de un título o autorización para ejercer una profesión, producirá efectos de revocación de la cédula o de la autorización.))

En segundo término, el Pleno

{{ Corresponde al Pleno resolver sobre las responsabilidades administrativas y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes, respecto de las faltas de las y los ministros, como disponen los artículos 11 fracción XI y 113 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 9 fracción V de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. }}

de la Corte tiene facultades para suspender a la ministra y separarla así de las votaciones y decisiones del Máximo Tribunal. No puede destituirla: esa atribución es del poder legislativo, a través del juicio político, cosa que se antoja difícil, dadas las mayorías morenistas que, carentes de dignidad, aceptarán ovinamente el mandato de protección que les giren desde Palacio Nacional.

El caso de la Suprema Corte es particularmente grave. En lo inmediato, el Alto Tribunal es el más afectado con esta situación, porque Esquivel sigue votando y proponiendo resoluciones en materias muy delicadas para el país. Sin embargo, pareciera que la ministra presidenta Norma Piña está esperando a que alguien más le saque las castañas del fuego, lo que sería una pésima forma de empezar su gestión como cabeza del guardián de la Constitución. Esta inacción obliga a formular un cuestionamiento: si nadie cancela el título de Yasmín Esquivel, ¿el Pleno de la Corte dejará que una plagiaria siga definiendo votaciones, presente proyectos de sentencias y decida sobre los derechos de todos los mexicanos?

También cabe preguntarse: ¿por qué este lavado de manos institucional y generalizado en torno a un plagio obvio, vulgar y burdo? ¿Es tanto el miedo de los gremios judicial, jurídico y profesional? ¿Miedo a López Obrador? Al parecer es así. Ni siquiera los colegios profesionales han hecho algo más que pronunciamientos y desplegados, a pesar de que pueden acudir a la Dirección General de Profesiones a pedir la cancelación del registro del título de la todavía licenciada Esquivel.

Como consecuencia de la tradición mexicana de la cargada, casi nadie quiere animarse a emprender una acción que pueda fallar y en consecuencia reciba las represalias del presidente, de la ministra y de su poderoso marido, quien ya ha dado muestras de su proclividad al uso de la ley para amedrentar a sus familiares.

La historia se repite. Del mismo modo que el escritor Émile Zola fue condenado y perseguido por escribir el J’accuse…!, Guillermo Sheridan ha sido atacado, insultado y calumniado por señalar el plagio de una ministra corrupta. Una nota especial merece la situación del abogado Édgar Báez, el Dreyfus de este caso, a quien, en un giro rocambolesco, los medios que lograron obtener sus declaraciones ahora quieren convertirlo en el plagiario de una historia que solo tendría coherencia si se aceptaran los viajes en el tiempo. A la pasividad de las instituciones y organizaciones sociales se suman medios que han buscado el asesinato reputacional de Báez o han cambiado bandera para favorecer a la ministra Esquivel.

En el caso Dreyfus, la historia rehabilitó al comandante e hizo de Émile Zola el fundador de la tradición moderna intelectual. Tarde o temprano, la historia pondrá en su lugar a Yasmín Esquivel, a López Obrador y a todos los que se han cruzado de brazos. La historia también juzgará a los medios venales que han jugado el mismo rol que L’Éclair y L’Echo de Paris en 1894, al poner en marcha una campaña abominable, engañar al público y cubrir la culpa de una mala persona, en detrimento de alguien cuya única falta fue ser más brillante y pobre que quien le robó. Esperemos que la sociedad mexicana no cometa los errores de otras latitudes y reconozca la valentía intelectual de Guillermo Sheridan y redima a Édgar Báez. Mientras tanto, una ministra plagiaria seguirá despachando en el Máximo Tribunal del país, para vergüenza de todo México. ~


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