Una magistrada que era muy mala no fue ratificada en su cargo. Y con razón: sus decisiones eran incorrectas, deficientes y falaces; era prepotente con su personal y grosera con la gente. A pesar de que se inclinaba ante el poder y jamás se atrevió a reprender a un gobernante que cometiera actos ilícitos, hubo autoridades que la denunciaron por su falta de apego a la jurisprudencia. Al saber que no iba ser ratificada, promovió un amparo y logró que se suspendiera la salida de su cargo: tenía relaciones en el Poder Judicial de la Federación. Se aferró con uñas y puños a su silla. Y ahí sigue, quizá no dejará su puesto en mucho tiempo.
Otra magistrada, que era muy buena y honesta, tampoco fue ratificada. Sus sentencias jamás se sometieron al poder. Uno de sus actos más valientes fue dictar una medida con efectos generales para impedir un alza del transporte público. No solo innovó en la protección de los derechos humanos, también se ganó el odio de los grupos de interés que se iban a beneficiar con el alza de tarifas. Y se lo cobraron en el poder legislativo. También se amparó, pero no obtuvo la suspensión que la mantendría en el cargo. Los legisladores se inventaron pruebas para no ratificarla, y su caso está por llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Estas dos historias son reales y sus protagonistas tienen nombre y apellido. Omito el nombre de la ministra mala dado que su asunto se encuentra pendiente de resolución definitiva. La ministra buena se llama Patricia Campos y su caso ha sido cubierto en los medios. Ambos asuntos, entre otros, son ejemplos del problema de arbitrariedad judicial que se padece en México, especialmente en el caso de jueces que buscan la protección de la justicia: que se gane o se pierda un amparo depende de las conexiones políticas de quienes lo promueven. Y cualquier duda que hubiera sobre la decisión política de los juicios de amparo la despeja la revelación que hizo hace unos días el diario Reforma, acerca de la manera en que Arturo Zaldívar presionaba a jueces y magistrados para que sentenciaran al capricho de él.
Una definición mínima de arbitrariedad es “no saber a qué atenerse”, y todos los esfuerzos por la implementación del Estado de Derecho están dirigidos a destruir la arbitrariedad y el abuso del poder, dos caras de un mismo fenómeno. Si ni siquiera los jueces pueden tener certeza sobre la forma en que resolverán los tribunales, es claro que el Estado de Derecho, más que un mito, en México es una burla.
Otro ejemplo de ese problema de arbitrariedad judicial es el de Yasmín Esquivel Mossa. En el tema de los plagios, retiro del título de licenciatura y destitución como ministra, su estrategia radica en judicializar todo. Así obtuvo una suspensión definitiva para que el Comité de Ética de la UNAM no dictara resolución en su caso.
Sin embargo, hay dos factores que hacen pensar que su suerte en el juego ha cambiado: la Universidad Nacional sustituyó al abogado general cuya interpretación de la normativa impidió que un exalumno pudiera ser sancionado por hacer trampa en su tesis o examen profesional. El nuevo abogado general es un jurista que, además de ser un crítico vocal de la conducta de la ministra, ha sostenido públicamente que la universidad sí tiene facultades para sancionar a Esquivel. Y cómo no iban a hacer reemplazos desde la rectoría, si alguien ya documentó que, en 1962, la UNAM le retiró el título a un exalumno que plagió su tesis y solicitó a la Dirección de Profesiones la cancelación de su cédula. La interpretación unamita siempre había sido que la institución podía sancionar a los egresados tramposos, hasta que llegó el abogado general que afortunadamente ya dejó el cargo.
El otro cambio es que un tribunal está estudiando si debió admitirse la demanda de amparo que Esquivel interpuso para que el Comité de Ética de la UNAM no resuelva sobre su asunto. Tiene sentido que se examine ese tema, dado que hay quien opina que la UNAM no emite actos de autoridad en estos asuntos. Valga una pregunta para entender el punto: ¿si la Universidad Panamericana le hubiera retirado el título a Enrique Peña Nieto, habría emitido un acto de autoridad, revisable en amparo? La respuesta es un rotundo no.
Si el Tribunal Colegiado de Circuito decide que las acciones de la UNAM no son examinables en amparo, la estrategia procesal de Yasmín Esquivel deberá cambiar radicalmente. Y esto evidencia el profundo conflicto de interés que existe en que una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda promover amparos ante un juez de Distrito, que es, por definición, su inferior jerárquico.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fallado gravemente en su omisión de establecer un mecanismo que impida que los ministros hagan algo que no deben: tramitar amparos ante cualquier juez del Poder Judicial de la Federación. Por elemental sentido de honestidad, los asuntos de los máximos juzgadores del país no deben atenderse en cortes que están sujetas a su autoridad e influencia.
Como es evidente que ese aspecto no le importa a la ministra, toca a la presidenta de la Corte tomar medidas para que esto ya no suceda. A final de cuentas, Yasmín Esquivel Mossa se parece a la magistrada mala de la parábola… pero puede suceder que su suerte cambie y ya no obtenga suspensiones por la influencia de su cargo. ~
