Si comparamos a México con otros países de América Latina, en lugar de hacerlo con sus vecinos del norte o con Europa occidental, encontraremos que la discusión sobre la interrupción voluntaria del embarazo cuenta con un primer logro en una fecha tan temprana como 1931, año de la aprobación del Código Penal para el Distrito Federal, en el cual se despenalizó el aborto en casos de violación o cuando peligrara la vida de la mujer. La lucha por la legalización del aborto continuaría por décadas hasta su aprobación en cuatro entidades federales: Ciudad de México (2007), Oaxaca (2019), Veracruz (2021) e Hidalgo (2021). Si bien esta nación se encuentra a la zaga de Uruguay, Cuba y Argentina, no cuenta con las legislaciones absolutamente restrictivas de El Salvador, Honduras, República Dominicana, Haití y Nicaragua. Incluso, puede considerarse un país adelantado en la materia al lado de Venezuela, Brasil, Bolivia, Ecuador o Chile.
La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de México es un hito en la historia de las luchas por los derechos de la mujer. Constituye una victoria para el feminismo, que ha hecho del cuerpo y la sexualidad uno de sus temas centrales de cara al activismo en el siglo XXI, al abrirse la puerta a la legalización del aborto a lo largo y ancho de México. Se han tomado en cuenta los argumentos sobre los peligros que corre la salud de las mujeres en el contexto del aborto clandestino, en especial cuando pertenecen a los estratos más pobres. Con su decisión, la Corte reconoce el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo y la obligación estatal de incluir la interrupción voluntaria del embarazo en los servicios de salud pública. Toca al parlamento hacer lo propio para que se convierta en legislación federal la materia de la sentencia; por sobre todo, es necesaria una política integral en materia de salud reproductiva que no se circunscriba al aborto sino que apoye a las mujeres en cuanto al libre y responsable manejo de su propio cuerpo y sexualidad. Asimismo, queda un camino largo por recorrer en las legislaturas estatales.
Lo ocurrido demuestra una progresiva liberalización de los valores, reflejada en la cúpula del Estado. Se ha impuesto el criterio de la ciencia respecto al número de semanas que permiten la viabilidad del aborto, en lugar de privar la discusión meramente ideológica sobre la sacralidad de la vida, en el contexto de un país con altos índices de violencia de género, trabajo infantil y pobreza.
En este terreno común pueden dirimir sus diferencias de fondo las feministas de inspiración liberal –convencidas de que ningún individuo debe ser sacrificado en función de interés colectivo alguno y promotoras de posturas universalistas relativas a los derechos humanos– y las partidarias del feminismo situado, enraizado en las diferencias raciales, sociales y culturales. También militantes de diversas corrientes políticas; de hecho, la senadora Xóchitl Gálvez, de Acción Nacional, respalda el aborto, a contrapelo de la posición oficial de su organización.
La unión de las distintas corrientes del feminismo en torno al aborto es esencial en América Latina, una región donde partidos políticos de distintos signos ideológicos establecen alianzas con las iglesias evangélicas o se casan con los principios conservadores de la iglesia católica en cuanto a la salud sexual y reproductiva. No solamente la derecha se opone al aborto. Los ejemplos de Venezuela y Nicaragua, gobernados por una izquierda relacionada con grupos religiosos, ilustran muy bien esta afirmación, al igual que el actual presidente del Perú, Pedro Castillo. No deben olvidarse las alianzas del Partido de los Trabajadores (Brasil) con sectores de las iglesias evangélicas ni las de Morena, actualmente en el poder en México, con el Partido Encuentro Social. Las bases sociales latinoamericanas pueden ser sumamente conservadoras en estos temas, tal como lo han demostrado, por ejemplo, los partidarios del boliviano Evo Morales. Este es un inconveniente nada menor, pues se trata de una amplísima franja del voto popular.
En caso de lograrse la legislación y las políticas públicas en favor del aborto en toda la república, la lucha por su perdurabilidad en el tiempo es clave. Las mujeres en Polonia están luchando por su derecho al aborto luego de haberlo conseguido en el siglo pasado, en vista del ascenso de los nacionalistas conservadores al poder. El caso del estado de Texas, en el país vecino, ejemplifica los vaivenes a los que está sujeta la legalidad de la interrupción voluntaria del embarazo: la llamada Ley de Texas solo permite los abortos hasta las seis semanas de gestación. El gobernador Gregg Abbot promueve una agenda regresiva, apoyada por sus seguidores, en la línea del exitoso conservadurismo de Donald Trump. Así como ha ocurrido en otros países, puede ocurrir en México si no se establecen los consensos necesarios para proteger avances como el que propicia la sentencia de la Suprema Corte. Las mujeres de los partidos políticos deben ser las primeras en lograr acuerdos al respecto y librar las batallas necesarias, incluso frente a otras mujeres con posiciones de poder que rechazan el aborto.
No es fácil lidiar políticamente con la diferencia de criterio en temas tan polémicos y delicados, pero es indispensable hacerlo. La ola antidemocrática que caracteriza al mundo de hoy recusa los derechos individuales o, para expresarlo en el lenguaje del feminismo decolonial y posestructuralista, quiere controlar los cuerpos que viven, sienten y sufren la opresión. Los autoritarios de todo pelaje poseen un olfato privilegiado para aprovecharse del sentimiento de temor generalizado y de rechazo a la democracia que sacude a la política internacional. El feminismo mexicano y cada ciudadano o ciudadana consciente de esta situación debe aprestarse a una larga batalla por consolidar un logro histórico pero frágil.
Escritora y profesora universitaria venezolana. Su último libro es Casa Ciudad (cuentos). Reside en la Ciudad de México.
