La web CTXT ha publicado un manifiesto/petición pública “en favor de una negociación política sobre Cataluña”. Lo firman más de 200 “personas principalmente del mundo de la cultura y del ámbito académico.” Más allá de los firmantes habituales en todo manifiesto (Chomsky o Žižek), están Manuela Carmena, Iñaki Gabilondo, Daniel Innerarity, Ignacio-Sánchez-Cuenca o Jordi Amat. El texto tiene bastantes aspectos cuestionables, desde el título: no se exige una negociación “en Cataluña” sino “sobre Cataluña”. De nuevo, la identificación del independentismo con toda Cataluña.
El tono es explícitamente impersonal, en un equilibrismo digno de elogio. “Se han producido altercados” tras la sentencia. “Se ha visto alterado considerablemente el funcionamiento normal de la sociedad civil, con especial incidencia en la comunidad educativa”. Pero el “funcionamiento normal de la sociedad civil” no “se ha visto alterado”, lo ha alterado durante años el independentismo, que ha cooptado y fagocitado cualquier iniciativa ciudadana y ha roto completamente la convivencia. No existe desde hace años una sociedad civil sana: en una encuesta del CEO, los catalanes se dividen a la hora de determinar si Cataluña está dividida o no. La fractura es enorme.
Hasta la política local se ha posicionado, como demuestra la existencia de la llamada “asamblea de electos” (una especie de parlamento paralelo formado por diputados, senadores y alcaldes independentistas) y la Asociación de Municipios por la Independencia. Y la “especial incidencia en la comunidad educativa” es tan claramente provocada por activistas independentistas que provoca sonrojo el intento de equilibrismo. Durante días, manifestantes independentistas han impedido el acceso a estudiantes en varias universidades catalanas y han acampado en la plaza de la Universidad de Barcelona. Todas las universidades catalanas públicas, salvo la Rovira i Virgili de Tarragona, han modificado sus sistemas de evaluación y aplazado exámenes y trabajos para favorecer a los estudiantes en huelga tras la sentencia de los políticos presos.
El gobierno catalán al completo ha apoyado las protestas y ha criticado con timidez la violencia. El presidente Quim Torra ha participado en los cortes de carreteras, la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, afirmó que las imágenes de violencia ayudaban a la causa independentista en el extranjero. Los firmantes del manifiesto prefieren repartir las culpas. “No podemos quedarnos de brazos cruzados con indiferencia ante lo que está sucediendo en Cataluña”, escriben. Pero su actitud de mediadores fomenta precisamente la indiferencia, porque promueve la idea de un conflicto abstracto que se resolverá con vaguedades como la “negociación” o el “diálogo” (conceptos en los que nunca se profundiza).
Para los firmantes, el “conflicto” (el uso de las comillas es suyo; es sorprendente que todavía se afirme que el conflicto es entre España y Cataluña y no entre catalanes) no fue alentado, instigado y completamente promovido por el independentismo; el “conflicto” surgió por combustión espontánea. Esta actitud recuerda a la de quienes, a menudo con ingenuidad y otras veces con maldad, aseguran que la guerra civil surgió de pronto y de golpe como consecuencia de una especie de pulsión atávica violenta de los españoles, y no tras un golpe de Estado.
Una vez establecido el origen inconcluso del “conflicto” (y si hay un origen, solo se menciona la sentencia contra los políticos independentistas), los firmantes afirman que “aún no ha sido atendida” la petición del gobierno catalán de establecer una “negociación con el gobierno español a fin de abordar el ‘conflicto’”. De nuevo, la negociación como mantra sin indagar en su contexto y contenido: ¿qué ha de negociarse con alguien que acude a una manifestación en una autopista cortada al tráfico por encapuchados quemando neumáticos? El independentismo insiste en su clásica disonancia: hay que doblegar al Estado fascista que no quiere sentarse a negociar tranquilamente y sin condiciones con nosotros.
El manifiesto pide que “todos los actores implicados en el conflicto, de un lado y del otro” desescalen la tensión social. Esta vez el conflicto no tiene comillas. Tampoco la tensión social. Los dos lados, de nuevo, con responsabilidades simétricas: los camioneros que no pueden ir a trabajar por los cortes de carretera y los que cortan las carreteras con alambradas, los que construyen barricadas y luego las queman y los que limpian los destrozos la mañana siguiente. La dicotomía es esa, no entre Cataluña y el Estado español.
También exigen que se abandone la “estrategia de judicializar un conflicto de clara naturaleza política”. Es un clásico del independentismo y sus compañeros de viaje. Asume que la respuesta judicial a un delito forma parte de una “estrategia”. Parece que todo es política menos el Estado de derecho. Y, finalmente, piden que las negociaciones se lleven a cabo “con buena fe” y se busque “una solución razonable que pueda satisfacer mínimamente los intereses de cada una de las partes”, algo que puede decir cualquiera sin necesidad de ser catedrático de una universidad.
El manifiesto sorprende no por su originalidad sino por su impertinencia: en 2019 el procés está en su fase explícitamente autoritaria pero hay quienes todavía pretenden negociar con el independentismo como si la discrepancia fuera en cuestión fiscal o de financiación, como si estuviéramos en 2010, como si el problema del independentismo fuera simplemente el “encaje territorial” y no el incumplimiento continuado de las leyes democráticas.
Ricardo Dudda (Madrid, 1992) es periodista y miembro de la redacción de Letras Libres. Es autor de 'Mi padre alemán' (Libros del Asteroide, 2023).
