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Presidente Trump y la paradoja del mentiroso

Lo que la comunidad hispana y los grupos opuestos a Trump deben hacer es elevar el costo político de sus decisiones.
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Cuando oigo hablar a Donald Trump el recuerdo de mi paso por la Facultad de Filosofía y Letras me asalta. Creo que fue leyendo a Bertrand Russell cuando me topé con esta famosa paradoja: “Si un hombre miente al decir ‘Todo lo que digo es falso’, entonces lo que dice es verdad”. En el caso de Trump el enunciado sería: “Créanme que todo lo que digo es verdadero, aunque sepan que soy un mentiroso patológico”. Y es precisamente esa relatividad la que causa mayor incertidumbre tratando de descifrar cuándo es sincero y cuándo está tratando de manipularnos.

Durante los casi dos años en los que Trump se dedicó a denigrar a México y a los mexicanos destaco cuatro insultos/amenazas por su dureza: su humillante promesa de que construiría un muro en la frontera sur; su alarde de que la financiación del muro se haría con dinero mexicano; su amenaza de que deportaría a los más de 5 millones de mexicanos que trabajan y viven sin documentos en EUA y su advertencia de que renegociaría el Tratado de Libre Comercio de América Latina.

El domingo 13 de noviembre durante su primera entrevista televisiva como presidente electo, Trump matizó algunas de sus declaraciones anteriores. Sobre el muro dijo que se construiría con bardas y rejas. ¿Consolador? Lo dudo. Tanto las bardas como las rejas enfatizan la separación, pero hay que entender que ya tres cuartas partes de la frontera están amuralladas. 

Sobre el financiamiento de la construcción de muro no habló esta vez pero ha dicho que si el gobierno mexicano se niega a pagarlo confiscaría las remesas que los mexicanos envían a sus familiares en México o impondría tarifas a los productos mexicanos que se exportan a EUA. Si se decomisaran los casi 25 millones de dólares que los mexicanos reciben de sus familiares en EUA habría mayor pobreza en México y mayores incentivos para emigrar al norte.

Sobre las deportaciones dijo que aceleraría la deportación de la gente con antecedentes penales que, según sus vagos cálculos, serían entre dos y tres millones de personas. Una cifra más realista sería de menos de un millón de personas. Más tarde en la entrevista vino algo sorprendente y contrario a sus declaraciones anteriores. Dijo que una vez construido el muro en la frontera decidiría qué hacer con el resto de los indocumentados, incluidos los Dreamers, los muchachos que llegaron a este país no por un acto voluntario sino como menores de edad acompañando a sus padres. Trump había dicho que en su primer día en la Casa Blanca derogaría la orden ejecutiva del presidente Barack Obama que temporalmente protegía a estos jóvenes de la deportación. Antes de la entrevista en 60 Minutes, Peter Hakim, presidente emérito del Diálogo Interamericano me había dicho que no sería raro que “la deportación de los Dreamers se aplazara e incluso que se extendiera por un año o dos”. ¿Cómo lo sabía? No lo sé pero todo indica que así será.

Su indecisión también dejó abierta una posibilidad muy interesante. Dijo que antes de decidir qué hacer con los indocumentados sin antecedentes penales necesitaba acabar de construir el muro. Luego dijo, y quizá esto sea lo más importante, que haría “una reforma migratoria preciosa”. ¿Qué quiere decir preciosa para este hombre tan lleno de contradicciones? No lo sé pero confieso que cuando lo oí pensé de inmediato en el síndrome Nixon – China. Nixon pudo abrirse a China porque su probado anticomunismo lo absolvía de cualquier acusación de colaborar con el enemigo. Trump y el Congreso dominado por el Partido Republicano tienen ahora la oportunidad de reivindicarse con la comunidad hispana que votó contra Trump. El dilema otra vez es: ¿le creemos o no, está manipulando a la opinión pública, se está congraciando con el ala moderada de los congresistas? Habrá que esperar. 

Del TLCAN no dijo nada pero todos los expertos que consulté coinciden en que modificarlo substancialmente implica demasiados riesgos. “Muy probablemente, el presidente electo Trump, sus consejeros y el Congreso Republicano pronto se darán cuenta de la importancia de México para la economía estadounidense y de la necesaria cooperación de México en muchos asuntos “interdomésticos”, me dice el profesor Abraham  Lowenthal. En términos reales, me dice David Ayón, investigador consejero de Latino Decisions, “los indocumentados son el 6% de la fuerza laboral en la economía nacional. No solo en el sector agrícola sino en la industria de la construcción, en la del mantenimiento de instalaciones de todo tipo, en la de hospitalidad: hoteles, restaurantes, bares. ¿Qué sucedería en términos económicos sin ellos?

No menos realista es la apreciación del economista mexicano Rolando Cordera cuando me dice: “no me imagino a la Ford o a General Motors aceptando sumisamente una revisión del Tratado que llevara a cortar sus cadenas de valor, insumos y ganancias, mediante una política arancelaria proteccionista. Los millones de americanos y mexicanos involucrados en las redes múltiples creadas por el TLCAN algo tendrán que decir”. Coincido con Cordera y con Ayón cuando subraya la importancia de mantener la presión para detener o mitigar cualquier intento de  medida drástica: “Lo que la comunidad y los grupos opuestos a Trump deben hacer es elevar el costo político de sus decisiones. Hay que presionar al estilo de lo que se hizo cuando se aprobó la Proposición 187[1] en California en 1994.”    

Se vienen tiempos difíciles pero como bien señala Ayón, “recuerda la resistencia colectiva al proyecto de Ley Sensenbrenner [2], y cómo 5 millones de personas salieron a las calles a expresar su rechazo. Al final, el proyecto de ley no fue aprobado en el Senado”. 

No quiero ser demasiado optimista pero me parece que las medidas que adopte el presidente Trump de ninguna manera podrán ser tan radicales como los pronunciamientos del candidato Trump. Por lo pronto, hoy nos toca a todos defender a nuestra comunidad y nuestros intereses.

 

 

[1] Una propuesta legislativa presentada para las elecciones de California que proponía negarle a los inmigrantes indocumentados servicios sociales, servicios médicos y educación pública.

[2] Ley para el control de la inmigración, el antiterrorismo y la protección de las fronteras presentada en 2005.

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