El gobierno mexicano decidió entrar a la discusión sobre el uso de celulares en las escuelas. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una consulta a docentes de educación básica. Dieciséis estados ya cuentan con alguna regulación, el propósito es construir lineamientos nacionales.

La discusión resulta pertinente. Los celulares interrumpen la clase, dispersan la atención y trasladan a la escuela conflictos originados en las redes sociales. La pregunta inmediata parece sencilla: ¿debemos permitirlos dentro del aula? Pero antes convendría responder otra: ¿qué queremos recuperar cuando los estudiantes guarden el celular?

La distinción importa. Retirar el dispositivo libera tiempo y atención, mas no determina qué ocurrirá después. Un estudiante sin teléfono no comienza automáticamente a leer, conversar con sus compañeros o participar en clase. Una escuela puede prohibir los celulares y aun así no ofrecer experiencias capaces de convocar a sus alumnos.

La evidencia justifica intervenir. PISA 2022 encontró que 65% de los estudiantes de los países de la OCDE se distrae al utilizar dispositivos digitales durante algunas clases. Otro 59% pierde la atención porque sus compañeros los usan. Quienes reportan menor distracción obtienen mejores resultados en matemáticas. La propia OCDE advierte, sin embargo, que si bien el uso recreativo dentro de la escuela se relaciona con peores resultados, el uso pedagógico, moderado y dirigido por un docente, puede favorecerlos.

El problema, pues, no es solamente la presencia de una pantalla: es la ausencia de un propósito.

La consulta mexicana muestra el riesgo de perder esa distinción. Una nota técnica de la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad del Tecnológico de Monterrey y México Evalúa revisó los cuestionarios aplicados por la Secretaría de Educación Pública. De los 59 reactivos sustantivos, 34 indagan afectaciones o riesgos y solo tres exploran el uso pedagógico. El dispositivo aparece, ante todo, como un problema por contener.

El cuestionario pregunta por ciberacoso, difusión de imágenes sin consentimiento, contacto con desconocidos, información falsa, fraudes, retos virales y exposición a contenidos dañinos. También pregunta por dificultades para mantener la atención, abandono de momentos de juego y conflictos iniciados en las redes sociales.

Todos son problemas reales y la escuela debe contar con reglas y protocolos para enfrentarlos. Pero identificar aquello capaz de dañarla no equivale a definir aquello que desea proteger.

La conversación internacional en torno a los celulares comenzó con la salud mental y los aprendizajes. Después apareció otra preocupación. Los jóvenes no dejaron de relacionarse, pero una parte creciente de sus relaciones migró hacia espacios digitales. Intercambian mensajes, imágenes y videos durante todo el día, pero comparten menos tiempo, actividades y conversaciones presenciales.

La diferencia resulta visible durante un recreo. Un grupo de estudiantes reunido alrededor de sus teléfonos ocupa el mismo espacio, pero no necesariamente vive una experiencia común. Cada uno puede mirar una conversación, una imagen o un video distinto. Están juntos sin encontrarse.

Guardar los teléfonos abre la posibilidad de que los alumnos hablen, jueguen, discutan una regla, resuelvan un conflicto o permanezcan en silencio. Ninguna de esas acciones garantiza una buena convivencia, pero todas exigen reconocer la presencia de alguien más.

Lo mismo ocurre durante la clase. Aprender no consiste solo en recibir información. Implica hacer una pregunta, explicar una respuesta, escuchar una objeción, trabajar con otros y corregir un error. La atención no se recupera únicamente mediante la ausencia del celular, también depende de la calidad de aquello a lo cual pedimos atender.

Por eso, una regulación limitada a prohibir, recoger o resguardar dispositivos puede producir orden sin producir aprendizaje. Puede reducir interrupciones sin fortalecer la conversación. Puede devolverle el control al docente sin ofrecerle mejores condiciones para enseñar.

México enfrenta, además, una condición ausente en buena parte de los países utilizados como referencia.

La nota técnica analiza los microdatos de la ENDUTIH 2025. Sus resultados muestran que 13.1 millones de menores de 6 a 17 años viven en hogares sin computadora, tableta ni laptop. Para uno de cada dos, el celular representa la única tecnología disponible. En el estrato socioeconómico bajo, 77% de los usuarios de internet de esas edades se conecta exclusivamente mediante el teléfono. En el estrato alto, la proporción disminuye a 30%.

La escuela tampoco compensa esa desigualdad. De acuerdo con el informe Aprender parejo, publicado por la misma iniciativa y México Evalúa, solamente 35 de cada 100 escuelas públicas de educación básica cuentan con computadoras e internet para fines pedagógicos.

El celular cumple entonces dos funciones. Distrae dentro del aula, pero permite buscar información, recibir una tarea o acceder a una lectura fuera de ella. Una regla uniforme puede ignorar esa diferencia. Para quien tiene computadora en casa, guardar el teléfono significa prescindir temporalmente de uno entre varios dispositivos. Para quien solo cuenta con el celular, puede significar perder su única vía de acceso a internet.

Esto no impide regular, obliga a hacerlo con precisión.

Durante la clase, restringir el uso recreativo protege la atención de todos, en especial de quienes dependen más del tiempo escolar para aprender. Fuera del aula, una prohibición durante toda la jornada puede producir efectos distintos según la edad, el propósito y las condiciones de cada plantel. Una telesecundaria no enfrenta la misma realidad que una primaria urbana con aula de medios. Una escuela con internet y equipo propio puede sustituir el celular; otra solo puede retirarlo.

También existe un problema práctico. La consulta pregunta cuáles mecanismos de resguardo necesitan las escuelas, pero no averigua si cuentan con un lugar seguro para guardar los aparatos. La experiencia de Brasil permite dimensionar la dificultad. Tras el primer año de aplicación de su regulación nacional, el Ministerio de Educación encuestó a directivos de 8,189 escuelas. La ley se aplicaba en 92% de los planteles, pero 39% consideraba difícil garantizar la infraestructura para el resguardo. Solo uno de cada diez disponía de casilleros individuales. En 62%, cada estudiante conservaba el teléfono apagado dentro de su mochila.

Una política nacional deberá resolver esos problemas: quién recibe el aparato, dónde se guarda, quién responde si se pierde, en qué momentos puede utilizarse con fines pedagógicos, qué sucede ante una emergencia, cómo cambia la regla según la edad y el nivel educativo.

Pero incluso una regulación impecable resultará insuficiente si termina ahí.

El gobierno no debe medir su éxito por el número de teléfonos retirados. Necesita saber si disminuyeron las interrupciones, mejoró la atención, aumentó la participación y se recuperaron momentos de convivencia. Para hacerlo requiere una línea de base, resultados públicos y una evaluación posterior. La consulta describe percepciones. No permitirá, por sí sola, saber si los lineamientos funcionan.

También necesita reconocer una responsabilidad fuera del alcance de cualquier norma. La escuela debe ocupar el espacio liberado por la pantalla. No con más discursos sobre los peligros de la tecnología, sino con mejores clases. Con lectura, conversación, actividad física, trabajo colectivo y oportunidades para utilizar la tecnología cuando exista un propósito educativo.

Los celulares merecen reglas. Los docentes necesitan respaldo para aplicarlas. Las familias y los estudiantes también deben asumir responsabilidades. Sin embargo, la discusión decisiva comienza después de guardar los aparatos.

Un reglamento puede reducir la distracción. Recuperar la escuela exige algo más: conseguir que los estudiantes vuelvan a tener razones para mirar al frente y también a quienes están a su lado. ~