En la batalla por el CIDE hay que seguir explicando en público, y con palabras muy claras, qué se defiende y de qué se le defiende. Es vital por dos razones. Primero, porque la razón pública es –ha sido siempre– el más formidable recurso contra la arbitrariedad del poder político. No puede perderse de vista: autoridades intoxicadas por el prejuicio, dispuestas a abusar de su poder y desafectas al espíritu de las leyes han arrastrado a la pequeña comunidad de un pequeño centro público de investigación y docencia a una lucha por lo demás dispareja.
Segundo, porque la batalla por el CIDE es por la institución en sí y también por lo que esta, pese a su minúsculo tamaño, ha llegado ya a representar. Podríamos desviarnos hacia una discusión bienintencionada de todo lo que es perfectible en el Centro, en el sistema nacional de ciencia y tecnología, en la universidad mexicana toda. En las circunstancias del momento, esa es una de varias trampas en el camino, pues el gobierno y sus comisarios han demostrado una y otra vez que no es ése su propósito.
Tal vez sin quererlo, el CIDE abandera hoy causas más grandes y más trascendentes de lo que parece a primera vista. Ha quedado a la vanguardia de un movimiento por la libertad intelectual, la autonomía, el pluralismo en las universidades, el abandono de pretensiones de intervención despótica. Reivindica principios altos para cualquier sociedad democrática: que los gobernantes en turno no son dueños del Estado ni pueden imponerse por la vía de la sinrazón, la burla de las reglas y la llana mentira. En la movilización del CIDE, que ya es más que del CIDE, ha quedado claro lo que fue cierto antes en nuestra historia: que la comunidad estudiantil de México está muchos pasos democráticos por delante del gobierno, y no consiente pretensiones autoritarias.
La desproporción del embate (que sería un craso error político no asumir como presagio) es la seña de que el CIDE representa hechos y argumentos que hoy resultan incómodos. Entre los principales, que el estudio, la ciencia y el apego a la evidencia –en contraposición con los instintos, los slogans, y la pura Voluntad– son la base para atender los problemas públicos. Que un país complejo como el nuestro no admite recetas fáciles, ni puede mejorar demoliendo instituciones. Que la cultura del esfuerzo no es sinónimo de un vil clasismo, ni otros odiosos ismos. Y que aquellas virtudes que valoramos como colectividad –el compromiso democrático, la preocupación por la injusticia social, la búsqueda de soluciones a los problemas de nuestros conciudadanos– no están en absoluto reñidas con pertenecer a una comunidad científica global, a la que México tiene bastante que aportar.
El CIDE es ante todo una vocación: conseguir que instituciones públicas sólidas sean una plataforma común para superarse, el cemento de una sociedad democrática, un sitio de encuentro de personas de todas las clases sociales y regiones de este país escindido. En ese pequeño Centro de Investigación y Docencia se ha conciliado lo que el discurso político actual presenta como irreconciliable. En efecto, el CIDE es una prueba de dos cosas hoy anatematizadas. Uno, que lo público en México puede ser de altísima calidad; dos, que entre la bruma, hay instituciones valiosas que es un deber cívico cuidar. A pequeña escala, el CIDE es la imagen de un país más justo, próspero, educado y democrático, a través de la construcción institucional. Por todo eso hay que defenderlo.
Egresado del CIDE (licenciatura en ciencia política y relaciones internacionales, 2004-2008) y exprofesor de la División de Estudios Políticos. Profesor Investigador de El Colegio de México.
