El pasado domingo 3 de septiembre se llevó a cabo en la Ciudad de México la consulta ciudadana para el presupuesto participativo que se ejercerá en 2018. Esta consulta se realiza anualmente desde 2011 con la intención de que los ciudadanos participemos activamente en las decisiones sobre cómo se gasta una parte del presupuesto de nuestras delegaciones o pueblos originarios.
A través de esta consulta se decide el destino del 3% del presupuesto asignado a cada delegación y se distribuye de manera igualitaria entre las colonias y pueblos que la conforman. Este año la bolsa total alcanzó la friolera de 927 millones de pesos.
Los habitantes que viven en las colonias, incluidas las organizaciones de la sociedad civil y los órganos de representación ciudadana, pueden participar presentando un número ilimitado de proyectos sobre siete rubros (los no residentes –siempre y cuando manifiesten algún vínculo con la colonia– pueden someter hasta cuatro proyecto específicos). Los rubros son:
- Actividades culturales
- Actividades deportivas
- Actividades recreativas
- Equipamiento
- Infraestructura urbana
- Obras y servicios
- Prevención del delito.
Las delegaciones son las responsables de crear un órgano técnico colegiado que realiza un estudio de viabilidad (física, financiera y legal) y de ejercer el presupuesto de acuerdo a los resultados de la votación. En esta ocasión se registraron 25,000 proyectos, pero solo 14 mil fueron dictaminados positivamente.
Como cada año, este “ejercicio democrático” puso en evidencia nuestra apatía, pues de un universo de más de 7 millones de habitantes inscritos en la lista nominal, solo participaron 289,778, el 3.88% de la población. Y aunque era posible votar por internet, por este medio solo se registraron 4,589 opiniones (¡Carajo! La petición de justicia para la mamá tlacuache y sus crías asesinadas en Agua Dulce, Veracruz, triplicó la participación electrónica del presupuesto participativo).
En medio de nuestro poco interés y baja participación, o quizá justo a causa de ellos, se cuelan y ganan proyectos que la delegación debería financiar obligatoriamente, como trabajos de limpia, rehabilitación de puentes, pasos peatonales y reductores de velocidad, abastecimiento de agua potable y servicio de drenaje y alcantarillado, entre otros. O peor aún, se validan propuestas que, como ha denunciado Susana Kanahuati, de la Asociación Vecinos de San Ángel, solo benefician a un grupo de particulares, como la compra y colocación de paneles solares para que unos vecinos ya no gasten tanto en gas LP.
Llevamos mucho tiempo quejándonos de la “crisis de representatividad” que nos aqueja y hablamos, cada vez con más urgencia, de la necesidad de cambiar el régimen político. Pero, ¡por favor! ¿Cómo vamos a conseguir eso si ni siquiera podemos involucrarnos seriamente en las colonias en las que vivimos?
Es politóloga, periodista y editora. Todas las opiniones son a título personal.
