La รบltima vez que Brasil se vio amenazado por un levantamiento fue el 1 de abril de 1964, cuando las fuerzas armadas derrocaron al gobierno electo de Joรฃo Goulart e instauraron una dictadura que durรณ hasta 1985.
Desde entonces, la democracia brasileรฑa se ha fortalecido, o al menos se ha sostenido y ha hecho frente a las crecientes amenazas. Hasta hace poco, la mayor habรญa sido el gobierno de Jair Bolsonaro, con miles de muertos durante la pandemia โcausados en buena medida por el negacionismo cientรญfico del gobiernoโ, declaraciones y medidas antidemocrรกticas y la incitaciรณn a la violencia que se tradujo en la presencia de grupos en las calles amenazando a las instituciones.
Bolsonaro ha amenazado persistentemente a periodistas, ha incitado a sus partidarios a atacar a la prensa y su discurso de odio contra las minorรญas ha hecho que estas teman por sus vidas. En plenas elecciones, a finales de 2022, los partidarios del presidente decidieron pasar de las palabras a los hechos, atacando e incluso asesinando a simpatizantes y partidarios del entonces candidato de la oposiciรณn, Luรญs Inรกcio Lula da Silva.
Tras la derrota de Bolsonaro, sus partidarios se radicalizaron aรบn mรกs. Hubo bloqueos carreteros, un intento de invadir la sede de la Policรญa Federal el 12 de diciembre del aรฑo pasado, y una ocupaciรณn de los alrededores de cuarteles del ejรฉrcito por bolsonaristas que acampaban y exigรญan que el gobierno democrรกticamente electo de Lula da Silva fuera derrocado en un golpe militar.
El propio Bolsonaro, temeroso de ser detenido, huyรณ del paรญs a Orlando, Florida. Pero sus seguidores no abandonaron el radicalismo.
El 8 de enero, miles de partidarios de Bolsonaro decidieron seguir el instructivo de Donald Trump, estrecho aliado del ahora expresidente, y lanzar un nuevo ataque contra el centro del poder polรญtico de Brasil.
Si en Estados Unidos ocuparon el Capitolio, en Brasil los terroristas โasรญ llamados por la prensa y el propio Tribunal Supremoโ, invadieron, saquearon, robaron obras de arte y destrozaron el Congreso Nacional, el Tribunal Supremo y el Palacio Presidencial. Por suerte, la invasiรณn tuvo lugar un domingo, cuando no habรญa actividad.
La similitud entre los hechos de Brasilia y los de Estados Unidos tambiรฉn se encuentra en el hecho de que ninguno de los dos lรญderes, Bolsonaro y Trump, tuvo que tomar la iniciativa, ni siquiera dar una orden. El lรญder no es el instigador que toma la iniciativa, sino alguien que, en la percepciรณn de sus partidarios, vendrรก despuรฉs a resolver el problema.
Las escenas de salvajismo fueron posibles gracias a la connivencia del gobierno del Distrito Federal, donde se encuentra Brasilia, las fuerzas policiales y las fuerzas armadas, que apenas disimulan su simpatรญa por el expresidente ultraderechista. Mientras los terroristas invadรญan las instituciones, era posible ver a policรญas sonriendo, haciรฉndose fotos y confraternizando con los golpistas. Simultรกneamente los periodistas que se encontraban en el lugar eran atacados, agredidos, les robaban las cรกmaras e incluso los mantenรญan cautivos.
Solo cuando la destrucciรณn ya era completa โy cuando armas y documentos clasificados de la Agencia Brasileรฑa de Inteligencia habรญan sido robadosโ las fuerzas de seguridad se movilizaron para expulsar a los terroristas.
El gobernador del Distrito Federal, Ibaneis Rocha, llegรณ a pedir disculpas por la falta de actuaciรณn de su policรญa y exonerรณ a su secretario de Seguridad, Anderson Torres (quien fue ministro de Justicia de Bolsonaro). Sin embargo, el procurador general pidiรณ su detenciรณn, mientras que el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes decidiรณ destituir al gobernador por 90 dรญas. Lula nombrรณ a un interventor federal por 30 dรญas para cuidar de la seguridad en el Distrito Federal.
Durante los eventos, Torres estaba en Florida visitando a Bolsonaro. No podrรญa ser mรกs simbรณlico. El 14 de enero volviรณ a Brasil y fue detenido.
A pesar de que todo fue grabado โtanto por periodistas como por los propios terroristas, que incluso transmitieron en directo sus crรญmenes por las redesโ, los partidarios de Bolsonaro negaron haber hecho algo malo.
Diputados de extrema derecha y otros polรญticos cercanos a la familia Bolsonaro han expresado su apoyo a las protestas. Todos pueden ser procesados y encarcelados, segรบn el ministro de Justicia Flรกvio Dino, junto con los responsables de financiar los actos antidemocrรกticos y, desde luego, quienes participaron en ellos.
Segรบn Felippe Ramos, analista polรญtico y doctorando en sociologรญa por la New School for Social Research, hasta que no se demuestre la participaciรณn de Bolsonaro o de aliados cercanos e individuos en altos cargos de poder, lo ocurrido puede ser calificado de โinsurgencia extremistaโ.
โEl golpe de Estado requiere por definiciรณn la acciรณn de un grupo desde dentro del Estado. Hoy existe un grupo organizado bajo banderas extremistas y golpistas que utiliza la violencia de baja intensidad y la fuerza (sin armas de fuego) para imponer una voluntad antidemocrรกtica y contra las institucionesโ, explicรณ.
Agregรณ que โsi se comprueba la cadena de mando que lleva a estos grupos, lo que creo que ocurrirรก, y llega hasta Jair Bolsonaro, entonces tรฉcnicamente serรญa un intento de golpe de Estadoโ.
El sociรณlogo Celso Rocha de Barros afirma tajantemente que โBolsonaro fue golpista desde el principio y pasรณ cuatro aรฑos diciendo a sus partidarios que hicieran exactamente lo que hicieron hoy. Este despliegue fascista lleva aรฑos gestรกndoseโ.
Lula fue elegido como candidato de un Frente Amplio compuesto por partidos que van de la extrema izquierda a la centroderecha, y tras ser elegido consiguiรณ incluso el apoyo de partidos mรกs cercanos a Bolsonaro. Sin embargo, la gobernabilidad no es sencilla y a la dificultad que tendrรก para mantener contentar a esa amplia base se suma la desconfianza del ejรฉrcito y de las fuerzas de seguridad en todo el paรญs, que poco han disimulado su simpatรญa por Bolsonaro.
Buscando ampliar su poder sobre las fuerzas de seguridad, Lula reemplazรณ a 26 jefes regionales de la Policรญa Federal de Carreteras (que durante las protestas que ocurrieron poco despuรฉs de la derrota de Bolsonaro actuรณ en complicidad con actos antidemocrรกticos en las carreteras) y cambiรณ la direcciรณn de la Policรญa Federal en 18 estados. Tambiรฉn fueron despedidos al menos 140 militares de distintos organismos vinculados a la Presidencia, como el Gabinete de Seguridad Institucional, responsable de la protecciรณn presidencial. En una entrevista con el diario O Estado de Sรฃo Paulo, Lula dijo que habรญa “perdido la confianza” en algunos militares, una declaraciรณn que fue mal recibida en los cuarteles.
Cuรกl serรก el impacto final de las protestas es aรบn difรญcil de predecir, pero estรก claro que lo ocurrido en Brasilia es una muestra de la fuerza de Bolsonaro y de su ideรณlogo, Olavo de Carvalho, fallecido el aรฑo pasado, entre una parte nada desdeรฑable de la poblaciรณn y de las fuerzas de seguridad.
Es posible que estemos no ante el punto cumbre de un proceso que podrรญa desembocar en un golpe de Estado, sino al inicio del mismo, con empresarios financiando actos terroristas, con polรญticos de extrema derecha incitando a la violencia a travรฉs de las redes sociales, y con la connivencia de las fuerzas de seguridad.
Al menos esa es la percepciรณn entre los diversos grupos radicales: que lo del 8 de enero fue solo el principio. Si el ejรฉrcito no se sublevรณ en ese momento, piensan, es porque no hubo suficiente presiรณn, y corresponde a los “patriotas” ampliar las acciones para forzar el derrocamiento del gobierno.
Por parte del gobierno y de las instituciones se requiere una respuesta inmediata y dura.
Lula ha intentado calmar los รกnimos, mientras que el Tribunal Supremo ha dictado รณrdenes de detenciรณn contra los agentes que no actuaron y todos los implicados en los actos golpistas.
Al tiempo, se busca a quienes los financiaron. Debe seguir su detenciรณn, la confiscaciรณn de bienes para pagar los daรฑos, el seguimiento y cierre de las redes pro-Bolsonaro y la apertura de procesos contra quienes inciten a la agitaciรณn social. Enseguida, un profundo proceso de desradicalizaciรณn, sin espacio para amnistรญas ni tolerancia con quienes intenten dar un golpe. Esto incluye traer a Bolsonaro de vuelta a Brasil y procesarlo.~
es periodista. Ha publicado en DW, Al Jazeera, Undark, The Washington Post, Business Insider, Remezcla, entre otros medios. Es doctor en derechos humanos por la Universidad de Deusto.
