Rafael Acosta Arévalo entró al tribunal en silla de ruedas. Entró es un decir. No podía mover las manos. Tampoco sus piernas. No era capaz de articular una palabra. Estaba adolorido y sangrando. Iba descalzo y tenía los ojos muy abiertos. Así lo llevaron al tribunal los agentes de la inteligencia militar venezolana la noche del 28 de junio de 2019. Prácticamente muerto. Al verlo en ese estado, el juez ordenó su traslado inmediato a un hospital y postergó su audiencia.
Pero el ex capitán de corbeta no alcanzaría a escuchar los cargos de traición a la patria y rebelión militar por su presunta participación en una conspiración contra el presidente Nicolás Maduro. Tampoco llegaría vivo al hospital, ubicado a apenas cinco minutos en coche del tribunal. Su caso es uno de los 48 que se detallan en el informe presentado hace un mes por la misión especial de Naciones Unidas, que investigó a fondo 223 expedientes de violaciones de derechos humanos en Venezuela y examinó casi tres mil.
El informe forense, obtenido por la misión, habla del trato que se dispensa en los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), un organismo que reporta directamente a Maduro. “Tenía 38 heridas, 30 en la parte delantera y ocho en la parte trasera del cuerpo. El capitán Acosta Arévalo tenía el tabique nasal roto, abrasiones en el hombro, los codos y las rodillas, y moretones en varias partes del cuerpo, incluyendo el muslo, los glúteos y la espalda (…) también mostraba una fractura en un pie y signos de quemaduras en su pie y su muñeca”.
Acosta era un hombre sano de 50 años cuando lo detuvieron seis días antes, sin una orden de arresto. La autopsia oficial estableció como causa de la muerte “un edema cerebral grave por insuficiencia respiratoria aguda, debido a la rabdomiólisis (descomposición muscular) causada por un politraumatismo generalizado”. En pocas palabras, murió debido a las torturas.
Durante los primeros cuatro días después de su arresto no se supo nada de él. Estuvo en un limbo. Según el informe, fue víctima de desaparición forzada de corta duración. La misión reveló que la DGCIM suele mantener a sus presas en centros de detención clandestinos durante horas o días. La misión identificó la ubicación de seis centros, incluido uno dentro de Fuerte Tiuna, donde se encuentra la sede del ministerio de Defensa.
A la familia de Acosta no le permitieron identificar sus restos hasta 12 días después de la muerte ni enterrarlo en su ciudad de origen. “Los fiscales no mencionaron la palabra tortura”, ni una vez, en la acusación a los responsables inmediatos. Dos oficiales de la DGCIM fueron encontrados culpables de homicidio preterintencional, que refiere la intención de herir pero no de matar, y condenados a menos de 7 años de prisión.
“El delito de tortura tiene una pena más alta (15 a 25 años) que la de homicidio preterintencional (7 a 15). Además, según la Ley especial sobre la tortura en Venezuela, el Estado es corresponsable”, precisó el documento.
Tras un año de trabajo, la misión concluyó que “existen motivos razonables para creer que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad en el periodo examinado (2014-2020)”. Más aún, sostiene que también hay motivos para creer que fueron cometidos con el conocimiento del presidente Nicolás Maduro, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y los cuatro militares que han estado a cargo del ministerio del Interior.
En un país donde la represión política es una de las rutinas del poder y los funcionarios de los cuerpos de inteligencia parecieran anticiparse a las conspiraciones antes de que empiecen a incubar en el pensamiento, como los torturadores que recreó García Márquez en El otoño del patriarca, nunca se sabrá si Acosta era culpable o inocente. Su caso es el más estremecedor, pero los detalles de los demás son igualmente abrumadores y dan cuenta de oficiales “metódicos en la crueldad y refractarios a la compasión”, como aquellos de la novela de García Márquez.
El grupo de la ONU ha logrado identificar a más de 20 oficiales del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y 25 de la DGCIM, que destacan por su dedicación a estas prácticas. Pero queda por delante la tarea de identificar a responsables directos en otros cuerpos de seguridad como la Guardia Nacional, la Policía Nacional, la policía criminalística (CICPC) y algunas policías regionales.
La lista de crímenes remite a los tiempos de Pinochet y Videla: detenciones arbitrarias, violaciones a las garantías al debido proceso, desapariciones forzadas; torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, que incluyen actos de violencia sexual, y ejecuciones extrajudiciales. Aunque resaltan los casos de militares y dirigentes políticos, la gran mayoría de las víctimas son civiles: venezolanos comunes que fueron detenidos en protestas, tuiteros demasiado francos y jóvenes pobres con antecedentes penales.
“Estas violaciones fueron cometidas como parte de una línea de conducta generalizada y sistemática, y de conformidad con políticas de Estado”, denunció Marta Valiñas, presidenta de la misión, al presentar el informe. “Autoridades de alto nivel de las fuerzas de seguridad del Estado y servicios de inteligencia, así como autoridades de alto nivel del gobierno, adoptaron dichas políticas y contribuyeron a su implementación”.
Los métodos de tortura no varían mucho de los utilizados en Villa Grimaldi y la ESMA, en Chile y Argentina, o en Abu Ghraib, en Irak. Y tienen los mismos propósitos. Entre los suplicios documentados están “la crucifixión” y “el pulpo”, un cinturón de metal con cadenas para inmovilizar muñecas y tobillos, así como viejos clásicos: asfixia con bolsas, químicos o agua, golpes con bastones, bates y objetos afilados; descargas eléctricas en los genitales y otras partes del cuerpo; cortes y mutilaciones en pies y uñas; amenazas de violencia, de muerte y violación sexual; desnudez forzada, iluminación continua y frío extremo; privación de comida y agua, y alimentación forzada de heces.
La cotidianidad misma de los prisioneros, las condiciones de reclusión, hablan por sí solas: la mayoría hacinados en pequeñas celdas donde hacen sus necesidades en bolsas plásticas delante de los demás. Unos cegados por luces artificiales permanentes y expuestos al frío extremo en “la Tumba”, cinco pisos bajo tierra, y otros en la oscuridad absoluta en un cuarto sin ventanas. Algunos sofocados por las paredes húmedas de la celda conocida como “el bañito”, otros apilados peldaño a peldaño en “La escalera” y mujeres sometidas a menstruar sin acceso a una gota de agua.
El documento también pone en evidencia un juego perverso difícil de comprender: cómo los cuerpos de seguridad pasan por encima de un poder judicial sometido al gobierno. En varios casos, el Sebin o la DGCIM mantuvieron a personas detenidas a pesar de contar con boleta de liberación. Antonia Turbay, una abogada de 67 años, acusada de ayudar a escapar a un vecino que estaba bajo arresto domiciliario, salió de su encierro en agosto de 2020 aunque un tribunal había ordenado su excarcelación en junio de 2019, 14 meses antes.
La investigación de la ONU se basó en casi 300 entrevistas con víctimas, testigos y ex funcionarios de cuerpos de seguridad, declaraciones de oficiales activos bajo anonimato, expedientes legales, documentos confidenciales y videos verificados. El gobierno venezolano ignoró las peticiones de la misión para visitar el país.
El informe dedica un capítulo a las ejecuciones extrajudiciales en el marco de operativos de seguridad, denominados Operaciones de Liberación del Pueblo. A finales de septiembre, Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, informó que ha habido “más de dos mil muertes desde enero de 2020”, es decir, más de 200 mensuales, en estos procedimientos. En teoría, las OLP buscan combatir la delincuencia y en la práctica refuerzan el control social en los comunidades más pobres.
El retrato de 443 páginas es tan dantesco que resulta más fácil no verlo, no querer saber más, mirar a otra parte. Hay quienes pueden leerlo completo y permanecer neutrales, ser refractarios a su contenido y también, de cierta manera, a la compasión. La primera semana de octubre el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó extender la investigación de la “Misión internacional independiente de Determinación de los hechos en Venezuela” por dos años más. México se abstuvo. Fue el único país del hemisferio occidental que lo hizo. La Argentina kirchnerista y afín al chavismo, apoyó la resolución. “Los derechos humanos no tienen ideología. Si se violan, se violan”, sostuvo el presidente Alberto Fernández.
Rafael Acosta Arévalo no podía hablar ese 28 de junio de 2019. Pero su cuerpo era una evidencia ambulante. La tortura más allá de las páginas de una novela de García Márquez.
