Rafael Acosta ArĆ©valo entrĆ³ al tribunal en silla de ruedas. EntrĆ³ es un decir. No podĆa mover las manos. Tampoco sus piernas. No era capaz de articular una palabra. Estaba adolorido y sangrando. Iba descalzo y tenĆa los ojos muy abiertos. AsĆ lo llevaron al tribunal los agentes de la inteligencia militar venezolana la noche del 28 de junio de 2019. PrĆ”cticamente muerto. Al verlo en ese estado, el juez ordenĆ³ su traslado inmediato a un hospital y postergĆ³ su audiencia.
Pero el ex capitĆ”n de corbeta no alcanzarĆa a escuchar los cargos de traiciĆ³n a la patria y rebeliĆ³n militar por su presunta participaciĆ³n en una conspiraciĆ³n contra el presidente NicolĆ”s Maduro. Tampoco llegarĆa vivo al hospital, ubicado a apenas cinco minutos en coche del tribunal. Su caso es uno de los 48 que se detallan en el informe presentado hace un mes por la misiĆ³n especial de Naciones Unidas, que investigĆ³ a fondo 223 expedientes de violaciones de derechos humanos en Venezuela y examinĆ³ casi tres mil.
El informe forense, obtenido por la misiĆ³n, habla del trato que se dispensa en los calabozos de la DirecciĆ³n General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), un organismo que reporta directamente a Maduro. āTenĆa 38 heridas, 30 en la parte delantera y ocho en la parte trasera del cuerpo. El capitĆ”n Acosta ArĆ©valo tenĆa el tabique nasal roto, abrasiones en el hombro, los codos y las rodillas, y moretones en varias partes del cuerpo, incluyendo el muslo, los glĆŗteos y la espalda (…) tambiĆ©n mostraba una fractura en un pie y signos de quemaduras en su pie y su muƱecaā.
Acosta era un hombre sano de 50 aƱos cuando lo detuvieron seis dĆas antes, sin una orden de arresto. La autopsia oficial estableciĆ³ como causa de la muerte āun edema cerebral grave por insuficiencia respiratoria aguda, debido a la rabdomiĆ³lisis (descomposiciĆ³n muscular) causada por un politraumatismo generalizadoā. En pocas palabras, muriĆ³ debido a las torturas.
Durante los primeros cuatro dĆas despuĆ©s de su arresto no se supo nada de Ć©l. Estuvo en un limbo. SegĆŗn el informe, fue vĆctima de desapariciĆ³n forzada de corta duraciĆ³n. La misiĆ³n revelĆ³ que la DGCIM suele mantener a sus presas en centros de detenciĆ³n clandestinos durante horas o dĆas. La misiĆ³n identificĆ³ la ubicaciĆ³n de seis centros, incluido uno dentro de Fuerte Tiuna, donde se encuentra la sede del ministerio de Defensa.
A la familia de Acosta no le permitieron identificar sus restos hasta 12 dĆas despuĆ©s de la muerte ni enterrarlo en su ciudad de origen. āLos fiscales no mencionaron la palabra torturaā, ni una vez, en la acusaciĆ³n a los responsables inmediatos. Dos oficiales de la DGCIM fueron encontrados culpables de homicidio preterintencional, que refiere la intenciĆ³n de herir pero no de matar, y condenados a menos de 7 aƱos de prisiĆ³n.
āEl delito de tortura tiene una pena mĆ”s alta (15 a 25 aƱos) que la de homicidio preterintencional (7 a 15). AdemĆ”s, segĆŗn la Ley especial sobre la tortura en Venezuela, el Estado es corresponsableā, precisĆ³ el documento.
Tras un aƱo de trabajo, la misiĆ³n concluyĆ³ que āexisten motivos razonables para creer que en Venezuela se cometieron crĆmenes de lesa humanidad en el periodo examinado (2014-2020)ā. MĆ”s aĆŗn, sostiene que tambiĆ©n hay motivos para creer que fueron cometidos con el conocimiento del presidente NicolĆ”s Maduro, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y los cuatro militares que han estado a cargo del ministerio del Interior.
En un paĆs donde la represiĆ³n polĆtica es una de las rutinas del poder y los funcionarios de los cuerpos de inteligencia parecieran anticiparse a las conspiraciones antes de que empiecen a incubar en el pensamiento, como los torturadores que recreĆ³ GarcĆa MĆ”rquez en El otoƱo del patriarca, nunca se sabrĆ” si Acosta era culpable o inocente. Su caso es el mĆ”s estremecedor, pero los detalles de los demĆ”s son igualmente abrumadores y dan cuenta de oficiales āmetĆ³dicos en la crueldad y refractarios a la compasiĆ³nā, como aquellos de la novela de GarcĆa MĆ”rquez.
El grupo de la ONU ha logrado identificar a mĆ”s de 20 oficiales del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y 25 de la DGCIM, que destacan por su dedicaciĆ³n a estas prĆ”cticas. Pero queda por delante la tarea de identificar a responsables directos en otros cuerpos de seguridad como la Guardia Nacional, la PolicĆa Nacional, la policĆa criminalĆstica (CICPC) y algunas policĆas regionales.
La lista de crĆmenes remite a los tiempos de Pinochet y Videla: detenciones arbitrarias, violaciones a las garantĆas al debido proceso, desapariciones forzadas; torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, que incluyen actos de violencia sexual, y ejecuciones extrajudiciales. Aunque resaltan los casos de militares y dirigentes polĆticos, la gran mayorĆa de las vĆctimas son civiles: venezolanos comunes que fueron detenidos en protestas, tuiteros demasiado francos y jĆ³venes pobres con antecedentes penales.
āEstas violaciones fueron cometidas como parte de una lĆnea de conducta generalizada y sistemĆ”tica, y de conformidad con polĆticas de Estadoā, denunciĆ³ Marta ValiƱas, presidenta de la misiĆ³n, al presentar el informe. āAutoridades de alto nivel de las fuerzas de seguridad del Estado y servicios de inteligencia, asĆ como autoridades de alto nivel del gobierno, adoptaron dichas polĆticas y contribuyeron a su implementaciĆ³nā.
Los mĆ©todos de tortura no varĆan mucho de los utilizados en Villa Grimaldi y la ESMA, en Chile y Argentina, o en Abu Ghraib, en Irak. Y tienen los mismos propĆ³sitos. Entre los suplicios documentados estĆ”n āla crucifixiĆ³nā y āel pulpoā, un cinturĆ³n de metal con cadenas para inmovilizar muƱecas y tobillos, asĆ como viejos clĆ”sicos: asfixia con bolsas, quĆmicos o agua, golpes con bastones, bates y objetos afilados; descargas elĆ©ctricas en los genitales y otras partes del cuerpo; cortes y mutilaciones en pies y uƱas; amenazas de violencia, de muerte y violaciĆ³n sexual; desnudez forzada, iluminaciĆ³n continua y frĆo extremo; privaciĆ³n de comida y agua, y alimentaciĆ³n forzada de heces.
La cotidianidad misma de los prisioneros, las condiciones de reclusiĆ³n, hablan por sĆ solas: la mayorĆa hacinados en pequeƱas celdas donde hacen sus necesidades en bolsas plĆ”sticas delante de los demĆ”s. Unos cegados por luces artificiales permanentes y expuestos al frĆo extremo en āla Tumbaā, cinco pisos bajo tierra, y otros en la oscuridad absoluta en un cuarto sin ventanas. Algunos sofocados por las paredes hĆŗmedas de la celda conocida como āel baƱitoā, otros apilados peldaƱo a peldaƱo en āLa escaleraā y mujeres sometidas a menstruar sin acceso a una gota de agua.
El documento tambiĆ©n pone en evidencia un juego perverso difĆcil de comprender: cĆ³mo los cuerpos de seguridad pasan por encima de un poder judicial sometido al gobierno. En varios casos, el Sebin o la DGCIM mantuvieron a personas detenidas a pesar de contar con boleta de liberaciĆ³n. Antonia Turbay, una abogada de 67 aƱos, acusada de ayudar a escapar a un vecino que estaba bajo arresto domiciliario, saliĆ³ de su encierro en agosto de 2020 aunque un tribunal habĆa ordenado su excarcelaciĆ³n en junio de 2019, 14 meses antes.
La investigaciĆ³n de la ONU se basĆ³ en casi 300 entrevistas con vĆctimas, testigos y ex funcionarios de cuerpos de seguridad, declaraciones de oficiales activos bajo anonimato, expedientes legales, documentos confidenciales y videos verificados. El gobierno venezolano ignorĆ³ las peticiones de la misiĆ³n para visitar el paĆs.
El informe dedica un capĆtulo a las ejecuciones extrajudiciales en el marco de operativos de seguridad, denominados Operaciones de LiberaciĆ³n del Pueblo. A finales de septiembre, Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, informĆ³ que ha habido āmĆ”s de dos mil muertes desde enero de 2020ā, es decir, mĆ”s de 200 mensuales, en estos procedimientos. En teorĆa, las OLP buscan combatir la delincuencia y en la prĆ”ctica refuerzan el control social en los comunidades mĆ”s pobres.
El retrato de 443 pĆ”ginas es tan dantesco que resulta mĆ”s fĆ”cil no verlo, no querer saber mĆ”s, mirar a otra parte. Hay quienes pueden leerlo completo y permanecer neutrales, ser refractarios a su contenido y tambiĆ©n, de cierta manera, a la compasiĆ³n. La primera semana de octubre el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobĆ³ extender la investigaciĆ³n de la āMisiĆ³n internacional independiente de DeterminaciĆ³n de los hechos en Venezuelaā por dos aƱos mĆ”s. MĆ©xico se abstuvo. Fue el Ćŗnico paĆs del hemisferio occidental que lo hizo. La Argentina kirchnerista y afĆn al chavismo, apoyĆ³ la resoluciĆ³n. āLos derechos humanos no tienen ideologĆa. Si se violan, se violanā, sostuvo el presidente Alberto FernĆ”ndez.
Rafael Acosta ArĆ©valo no podĆa hablar ese 28 de junio de 2019. Pero su cuerpo era una evidencia ambulante. La tortura mĆ”s allĆ” de las pĆ”ginas de una novela de GarcĆa MĆ”rquez.
