Entre los cรญrculos de la opiniรณn pรบblica, del activismo y en el propio gobierno existe una renuencia a calificar lo que sucede en Mรฉxico en materia de violencia como un conflicto armado. Desde el punto de vista de algunos acadรฉmicos y activistas, esta narrativa ha permitido justificar la intervenciรณn militar en asuntos de โseguridad pรบblicaโ, esos que supuestamente deben resolver los policรญas. Desde el punto de vista del gobierno actual, hablar de guerra es reconocer que el monopolio legรญtimo de la violencia estรก perdido y que el Estado sufre una crisis de hegemonรญa interna.
Lo cierto es que ante las dantescas escenas de masacres y enfrentamientos que hemos visto en las รบltimas semanas en Mรฉxico, es inevitable volver a esa palabra tan vetada: guerra. En Zacatecas, durante la noche del 24 de junio, dos grupos de decenas de personas armadas, operando como autรฉnticas milicias (presumiblemente pertenecientes a los grupos Flecha del Cรกrtel de Sinaloa y รlite del Cรกrtel Jalisco Nueva Generaciรณn) se enfrentaron en Valparaiso, dejando entre 18 y 35 โcombatientesโ asesinados. Dรญas antes, en ese mismo estado, los cuerpos de cuatro personas, entre ellos dos policรญas del estado vecino de San Luis Potosรญ, fueron colgados en puentes viales.
Pero acaso el evento mรกs grave, bรฉlico y criminal que hemos visto en los รบltimos meses fue el del 19 de junio en Reynosa, Tamaulipas, donde un grupo armado atacรณ a civiles que realizaban sus actividades cotidianas. Segรบn reportan los medios y las propias autoridades, quince vรญctimas civiles de este ataque no pertenecรญan a ninguna organizaciรณn criminal y la decisiรณn de asesinarlos fue aleatoria.
El acto, segรบn confesรณ uno de los criminales detenidos, buscaba โcalentar la plazaโ. Esta tรกctica pone en evidencia una racionalidad a veces negada a los grupos criminales armados: consiste en generar terror en una localidad o regiรณn controlada por un grupo armado rival con el fin de conseguir que las autoridades โentrenโ y debiliten al grupo dominante en ese territorio.
Contrario a los deseos del gobierno, estas escenas reafirman una realidad que es cada vez mรกs evidente en Mรฉxico: hay un problema extendido de agrupaciones armadas y organizadas compitiendo por obtener tramos de poder en el territorio nacional. Y no es que todo se relacione al narcotrรกfico. Decenas de esos conflictos territoriales responden tambiรฉn a pugnas polรญticas o por el control de actividades econรณmicas que de hecho son lรญcitas. Pero lo que subyace a todos estos conflictos internos es que el Estado, cada vez mรกs centralizado, ha perdido la capacidad de gestionar el orden en la periferia.
Mรกs allรก de que estemos o no de acuerdo en que el gobierno utilice los medios de la guerra para combatir este mal, es fundamental recordar que la guerra no solo la hace el Estado, sino tambiรฉn actores no estatales que se arman, organizan y combaten para obtener poder territorial y beneficios econรณmicos. La guerra no es un asunto narrativo, es una realidad objetiva y, en el caso mexicano, es tan tangible como las escenas de enfrentamientos armados que podemos ver cada dรญa en los blogs especializados de violencia.
Hablar en tรฉrminos de conflictos armados nos permite abordar nuestro problema de violencia con lentes que trascienden a la seguridad pรบblica y nos ayudan a entender el componente polรญtico de esta crisis. Ademรกs, nos llama a mirar con una perspectiva de derechos humanos los crรญmenes que se cometen en estos conflictos. Si el fenรณmeno mexicano fuera admitido como un conflicto bรฉlico interno, lo que sucediรณ en Reynosa podrรญa calificarse como un crimen de guerra o de lesa humanidad. No es ninguna locura: el propio Estatuto de Roma establece que esos crรญmenes no son exclusivos de los Estados o de conflictos internacionales, sino tambiรฉn de organizaciones armadas en conflictos internos. Y en casos analizados por la Corte Penal Internacional, como el de Kenia 2010 por ejemplo, se establece que para considerar a organizaciones como culpables de este tipo de crรญmenes basta con que cuenten con jerarquรญa, control territorial, asรญ como el propรณsito y capacidad criminal para atentar de manera extensa o sistemรกtica en contra de la sociedad civil.
Bajo esta lupa, no se tratarรญa del primer crimen de guerra que hemos atestiguado en Mรฉxico. De hecho, se cometen todo el tiempo: organizaciones armadas que reclutan y utilizan a menores de edad entre sus milicias, decenas de testimonios audiovisuales de tortura que pueden encontrarse con facilidad en las redes sociales y desapariciones forzadas que se siguen contabilizando en decenas de miles.
Acaso por ello preferimos no pisar el terreno de palabras grandes como โconflicto armadoโ: porque nos pone frente a una realidad que creemos reservada para naciones rotas y subdesarrolladas.
El problema es que, al no hacerlo, eximimos al gobierno de su responsabilidad, no solo nacional sino internacional, de proteger los derechos humanos mรกs elementales en su territorio. Mรฉxico es signatario de la doctrina de las Naciones Unidas conocida como โResponsabilidad de proteger-R2Pโ, que lo obliga a hacer lo necesario para evitar que en su territorio se cometan crรญmenes de guerra y lesa humanidad y, en caso de que falle, habilita a la comunidad internacional para intervenir. En Reynosa hace unos dรญas, como en Ayotzinapa hace unos aรฑos, el Estado mexicano ha fallado. De igual forma, el discurso de los abrazos no balazos, traducido en una tรณxica pasividad estatal frente a este tipo de crรญmenes, hace corresponsable al gobierno de estas graves violaciones a los derechos humanos.
Es momento de admitir que el modelo de gestiรณn territorial del Estado ha fracasado y que el intento de centralizarlo aรบn mรกs solo ha hecho que la crisis empeore. De entender que con o sin participaciรณn del gobierno, la guerra sigue y con ello la comisiรณn de graves crรญmenes contra la poblaciรณn civil. Y que la pasividad de la actual administraciรณn no ha hecho sino acrecentar el vacรญo de poder y los incentivos para que mรกs grupos tomen las armas.
Hay tambiรฉn un asunto de inseguridad pรบblica e impunidad, no hay duda, pero en buena parte de las regiones violentas e inestables del paรญs hablamos de un problema mayor: el de la crisis de hegemonรญa de un Estado que compite o comparte la gestiรณn de su control territorial con otras organizaciones armadas. Hablemos de esas organizaciones, de lo que hay detrรกs de cada una de ellas, dimensionemos (y castiguemos) sus crรญmenes con la gravedad que amerita, incluso si ello requiere acudir a instancias internacionales.
Reynosa debe ser una sacudida en el debate pรบblico sobre la violencia. Y es que no estamos dimensionando de manera correcta el tamaรฑo y la complejidad de la crisis que vivimos. En los primeros aรฑos de la โguerra contra el narcoโ de Felipe Calderรณn nos atrevรญamos a usar tรฉrminos como โEstado fallidoโ, โguerraโ o โterrorismoโ. No es que debamos caer en diagnรณsticos generalistas que oculten las particularidades de las violencias que se viven en Mรฉxico, pero reabrir esos debates, sin miedo a las palabras grandes, es una oportunidad para entender quรฉ subyace a esos problemas. Que Reynosa sirva para volver a alarmarnos, pues en la alarma puede venir la movilizaciรณn y, acaso, el cambio.
Politรณlogo por la UNAM. MPA en Seguridad y Resoluciรณn de Conflictos por la Universidad de Columbia.
