Para nadie debería ser una sorpresa que la acusación de los Estados Unidos contra el gobernador Rubén Rocha Moya se centre en el pacto electoral que éste selló con los hijos del Chapo Guzmán —”los Chapitos” del Cártel de Sinaloa— para recibir votos a cambio de cobertura durante su administración. Lo que hoy formaliza la justicia estadounidense ya había sido ampliamente documentado por la prensa mexicana desde 2021, pero nunca procesado por la justicia mexicana: es el retrato nítido del ciclo de cooptación criminal del Estado que se repite en distintas regiones del país.

De acuerdo con la acusación formal del Distrito Sur de Nueva York, el primer paso de este ciclo se materializó en Sinaloa en una serie de reuniones que el entonces candidato Rocha Moya y miembros de su círculo —entre ellos Enrique Inzunza Cazarez, hoy senador, y Enrique Díaz Vega, después secretario de Administración y Finanzas del estado— sostuvieron con Iván Archivaldo y Ovidio Guzmán para pactar una alianza electoral que les diera acceso a las áreas de seguridad y justicia una vez instalados en el nuevo gobierno. Las reuniones —custodiadas por sicarios armados— terminaron con un compromiso recíproco: los Chapitos garantizarían el triunfo y, a cambio, Rocha colocaría a funcionarios afines al cártel en puestos clave .

Esa primera reunión, probablemente confirmada por los propios hijos del Chapo Guzmán que hoy son informantes de la justicia americana —y cuyo testimonio podríamos ver en un hipotético juicio—, dio paso después a una operación electoral abierta en Sinaloa que fue palpable en distintas regiones durante la jornada electoral.

Ya en 2021, medios como Ríodoce y periodistas como Héctor de Mauleón documentaron al detalle cómo aquel 6 de junio el Cártel de Sinaloa “levantó” a un centenar de operadores políticos del PRI en Culiacán, Concordia, Badiraguato y Guasave; cómo robó urnas en Mazatlán, Navolato y Elota; cómo amenazó a candidatos como la priista Guadalupe Iribe en Badiraguato. No hay sorpresas en la acusación estadounidense.

Ese fue el segundo paso del ciclo de la narcopolítica que pocas veces se castiga en México: el de la intervención electoral. En algunos casos se ha reflejado en el financiamiento de campañas, como sucedió en 2021 con la trama del huachicol fiscal vinculada a Mario Delgado. En otros estados, como en Michoacán, la intervención fue tan grosera que el Tribunal Electoral federal anuló los votos de cuatro municipios enteros por intervención del crimen en favor del ahora gobernador por Morena.

En los casos más graves, donde el electorado no favorece al candidato de las mafias, esa intervención se tiñe de sangre. En 2024, 43 aspirantes fueron asesinados en todo el país, con especial saña contra alcaldes y precandidatos municipales: el caso de Humberto Amezcua, alcalde con licencia de Pihuamo, Jalisco, fue simbólico de una temporada de horror. Por las buenas o por las malas, el objetivo es el mismo: hacer de los cárteles el gran votante.

La tercera etapa es la de cobrar la deuda: llegados al poder, las estructuras burocráticas se ponen al servicio de las mafias. La acusación del Departamento de Justicia describe con precisión cómo se distribuyó el botín en el caso sinaloense. El propio gobernador garantizó el “control casi total” de los Chapitos sobre las instituciones de seguridad y justicia del estado. El vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra recibía 11 mil dólares mensuales. El exsecretario de Seguridad Pública, 100 mil dólares mensuales a cambio de pitazos sobre operativos. Había agentes en la nómina del cártel y hasta un comandante municipal acusado del secuestro, tortura y asesinato de un informante de la DEA y de un familiar suyo. El cuadro entero: una nómina criminal para recordar quién mandaba.

Públicamente también ya había elementos suficientes para señalar este nivel de colusión. El secuestro del Mayo Zambada destapó la cloaca desde 2024: en una carta, el propio capo señaló a Rocha Moya como anfitrión de su emboscada. Y no podemos olvidar el asesinato, ese mismo día y en ese mismo lugar, de Héctor Melesio Cuén principal rival político de Rocha y cuya muerte trató de encubrirse desde la fiscalía de ese estado.

La importancia de la acusación estadounidense es que une las piezas de un rompecabezas que aunque ya era evidente para todos en México, nunca una autoridad había formalizado en una acusación judicial como esta que retrata por completo el sistema mafiocrático. La denuncia, a diferencia del caso de García Luna, no es contra una persona que se desvía de la legalidad. La denuncia es a ese sistema: a un conjunto de elementos, pasos y actores que funcionan consistentemente para alcanzar el objetivo de poner al Estado en manos de grupos armados paralelos al mismo. Son diez personas acusadas a las que hay que sumar a los propios miembros del Cártel de Sinaloa que ya están en custodia de Estados Unidos.

El hecho de que la acusación suceda en aquel país es la señal prístina de que este nivel de cooptación trasciende ya el ámbito local y alcanza también al gobierno federal, al menos por omisión. La inoperancia de la justicia mexicana para procesar el caso y la grotesca defensa política de Rocha son la confirmación de un pacto de impunidad. Un pacto que parece que pese a todo se va a sostener, pues la propia presidenta de México ya mandó señales de blindaje.

La defensa que ha hecho desde el púlpito mañanero se ha centrado en dos aspectos: primero, que no hay pruebas suficientes; segundo, que es una intervención que viola nuestra soberanía nacional.

En cuanto a las pruebas, hay que apuntar que un indictment —el documento al que aludió Claudia Sheinbaum en su mañanera— no debe interpretarse como un archivo probatorio sino como la articulación formal de los cargos que un Gran Jurado, en aquel país, aprobó tras revisar la evidencia que le presentó el fiscal. A cada hecho narrado le corresponde, en el expediente subyacente, un testimonio jurado, una prueba documental, una intervención telefónica o un testigo cooperante. Ese material no se hace público con la imputación: se desahoga ante el juez durante el proceso.

Por otro lado, de acuerdo con el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, la solicitud de detención provisional —prevista en el artículo 11— no necesariamente debe venir acompañada de dichas pruebas. La solicitud es una medida cautelar de emergencia para evitar fugas, y el país requirente tiene un plazo de 60 días para presentar a su contraparte el expediente formal. Rocha y el senador Inzunza tienen fuero constitucional, y existe un debate legítimo sobre si pueden o no ser detenidos, pero no hay pretexto con los otros ocho imputados. El riesgo de fuga es mayúsculo y es precisamente lo que la detención provisional buscaba prevenir.

Pero lo más importante a recriminar a la presidenta de México en su defensa es el falso discurso soberanista. Habría que responderle algo claro: la soberanía no se enuncia, se ejerce. El hecho de que sea Estados Unidos quien enjuicie a Rocha es, en verdad, un síntoma de pérdida de soberanía, pero no causada solamente por los impulsos intervencionistas de aquel país, sino fundamentalmente por la incapacidad y falta de voluntad del nuestro para aplicar la justicia.

En algo atina el régimen morenista: México vive una crisis de soberanía. Pero es una que causaron ellos y que tiene doble rostro: la interna, por los grupos armados que arrebatan territorios al Estado y han penetrado sus gobiernos; y la externa, por el deterioro de la imagen del país como uno que no puede o no quiere combatir a dichos grupos. Parafraseando al patrono de Morena: la peor política exterior es la mala política interior.

Fueron los pactos con el crimen organizado y la falta de voluntad para combatirlos, reflejados en la infame frase de los “abrazos no balazos”, lo que nos expuso a los peores apetitos de un Estados Unidos que se quitó las cadenas de sus poderes extraterritoriales.

Claudia Sheinbaum ha tratado de navegar una encrucijada imposible de equilibrar: entre la necesidad de retomar el control territorial del país frente a los cárteles para contener a Estados Unidos, y el liderazgo de un movimiento político que pactó con esos mismos grupos. A ello hay que agregar un grado de complicidad personal: ¿cuántos de esos pactos y recursos no terminaron apoyando, también, su propia carrera presidencial?

La crisis a la que se enfrenta la presidenta fue gestada por su propio régimen. La disyuntiva es ya crítica: o salva al movimiento o salva al país. No detener a los acusados por la justicia estadounidense puede tener consecuencias desastrosas para la relación bilateral, no solo en el enfriamiento de los esquemas de cooperación de seguridad, sino incluso en la suerte del tratado de libre comercio y de la economía mexicana.

Tal vez haya todavía una salida decorosa y soberana: detener a Rocha y a sus cómplices para enjuiciarlos en México. Pero si la presidenta opta por honrar el pacto de impunidad heredado a costa de la relación comercial y de seguridad más importante que tiene este país, entonces valdrá la pena preguntarse seriamente quién está realmente traicionando a la patria. ~