No es Andrés Manuel López Obrador. Decide Claudia Sheinbaum.

Un reportaje reciente del Wall Street Journal describe a la presidenta mexicana tomando decisiones bajo presión directa de Washington. No se trata de matices ni de continuidad administrativa, sino de definiciones concretas: despliegue de la Guardia Nacional en la frontera, coordinación operativa con inteligencia estadounidense, entrega de líderes criminales, imposición de aranceles para alinearse con la política comercial de Estados Unidos y el corte de envíos de petróleo a Cuba. En el mismo texto se documenta un viraje en materia de seguridad: operaciones más agresivas contra organizaciones criminales y una cooperación más estrecha con agencias de ese país.

Lo relevante no es cada medida por separado, sino lo que en conjunto evidencian: no estamos frente a una presidenta que administra decisiones ajenas, sino frente a una jefa de Estado que negocia, concede, redefine y ejecuta en función de un cálculo propio. No está ejecutando una herencia, está ejerciendo el poder.

Esa constatación rompe una coartada que se ha vuelto cómoda en la vida pública mexicana: que el poder real está en Palenque. Bajo esa lógica, lo que incomoda se atribuye al pasado y lo que parece razonable se explica como contención. La presidenta aparece como administradora de inercias, no como autora de decisiones. Esa lectura permite opinar sin confrontar y criticar sin señalar.

El problema es que no resiste los hechos. Y, más importante aún, tiene consecuencias.

La reforma al Poder Judicial no es una extensión automática de lo que ocurrió antes. Es una decisión política que implica sustituir jueces, magistrados y ministros por cargos electos, modificar los incentivos de independencia judicial y someter la carrera de los jueces a una lógica electoral. Ese rediseño no ocurre por arrastre institucional: requiere mayoría, dirección y disposición a debilitar un contrapeso.

El llamado “Plan B” electoral responde a la misma lógica. Cuando no se alcanza el umbral constitucional, se recurre a leyes secundarias para ajustar al árbitro, la representación y las reglas de competencia. No es un ajuste técnico. Es una forma de intervenir el terreno de juego desde donde sí se tiene control.

En seguridad, el cambio no es discursivo, sino operativo. Las acciones recientes –más agresivas, más coordinadas– marcan una distancia clara con la lógica de “abrazos no balazos”. En los hechos, el Estado vuelve a un esquema de confrontación con organizaciones criminales, con los costos y dilemas conocidos. No es continuidad. Es redefinición.

En política exterior, el caso de Cuba condensa la tensión entre soberanía y dependencia. Se corta el suministro energético bajo presión de Estados Unidos y se intenta compensar con ayuda humanitaria. La decisión implica aceptar límites en la política exterior para evitar costos mayores en la relación económica y de seguridad con el vecino del norte.

En conjunto, estas decisiones configuran una dirección: hacia adentro, concentración de poder y reducción de controles institucionales; hacia afuera, disposición a garantizar a Estados Unidos orden en su frontera sur, incluso a costa de márgenes de autonomía.

Ese es el proyecto en curso. Y tiene responsable.

Los hechos recientes en Sinaloa lo vuelven evidente. El futuro político de Rubén Rocha no depende de versiones ni de equilibrios internos. Depende de una decisión que tomará Claudia Sheinbaum.

Una vez que los hechos fijan ese hecho elemental, que las decisiones se están tomando hoy, la explicación dominante se desplaza. Cuando no se puede negar la decisión, se reinterpreta. Se dice que la presidenta quisiera combatir la corrupción con mayor profundidad, pero que debe cuidarse de su propia base; que cualquier movimiento podría activar tensiones internas o poner en riesgo mecanismos como la revocación de mandato. Se sugiere que el margen es estrecho y que el costo de confrontar hacia adentro sería mayor que el de administrar.

El argumento vuelve a ser el mismo: no es que no quiera, es que no puede. Pero esa explicación no solo es insuficiente. Es conveniente, porque traslada el problema de la decisión a un supuesto límite político y evita algo más básico: argumentar. Si todo se reduce a lo que “se puede” o “no se puede”, la obligación de explicar desaparece.

El resultado es un poder que decide sin explicarse.

El problema no es solo ese. Es lo que eso hace con la democracia. Porque esta no se agota en el voto: depende de que quien decide pueda ser identificado, cuestionado y obligado a responder. Cuando esa relación se rompe, el sistema sigue funcionando en la forma, pero se vacía en el fondo.

En ese contexto, atribuir las decisiones a otro no es un error menor, sino una parte del mecanismo, que permite que el poder avance sin fricción clara. Si la responsabilidad no se fija, la crítica no tiene destinatario y la exigencia se dispersa.

Particularmente hoy, en vísperas de un proceso electoral, esto define lo que está en juego. Los partidos tienen una responsabilidad pedagógica que también es estratégica.

Porque la discusión no es si Claudia es mejor o peor que López Obrador. Esa comparación confunde. López Obrador inició un proceso de debilitamiento de contrapesos y concentración del poder. Y lo que muestran los hechos es que Claudia no corrige ese rumbo. Lo profundiza. Por eso el punto no es de estilo. Es de dirección.

Y esa dirección es la que los partidos deben desnudar en la vida pública, porque están compitiendo en dos planos. Compiten por votos, como siempre. Pero también compiten contra una forma de ejercer el poder. La primera se resuelve en campaña. La segunda exige credibilidad para confrontar ese rumbo.

Eso implica decir con claridad qué está en juego. No es solo una preferencia partidista. Es si el poder se concentra o se limita. Si los contrapesos estorban o se respetan. Si las decisiones se justifican con evidencia o con lealtad.

Para ello, no basta con sumar candidatos ni construir coaliciones. Se necesita una alternativa creíble. Perfiles que no contradigan lo que se dice representar. Criterios claros: cómo se crece sin clientelismo, cómo se gobierna la seguridad sin tolerancias, cómo se usan las instituciones sin capturarlas.

Sin eso, la oposición compite en lo primero, pero pierde en lo segundo. La elección puede cambiar nombres. Si no se disputa el rumbo, el poder sigue intacto. ~