María del Rosario Piedra Ibarra, designada como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), podría haber incurrido en un delito federal para poder llegar al puesto, pues hay nuevos indicios de que falseó un documento público necesario para ocupar el cargo, en el cual negó ser dirigente partidista de Morena.
Para garantizar la autonomía de la CNDH, su Ley orgánica (artículo 9) prohíbe que los dirigentes de partidos políticos sean presidentes de ese órgano autónomo, a menos que hayan renunciado un año antes a su dirigencia.
“Artículo 9o.- El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos deberá reunir para su elección los siguientes requisitos:
(…)
IV.- No desempeñar, ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal, en algún partido político en el año anterior a su designación”.
Como mostró Ricardo Raphael la semana pasada, la ahora presidenta de la Comisión ha mentido ante el Senado de la República y medios de comunicación, ya que ocultó su calidad de dirigente nacional de Morena, a pesar de que forma parte del Consejo Nacional del partido.
Sin embargo, la dirigente morenista no sólo mintió, sino que al hacerlo podría haber cometido el delito federal de falsificación de documentos en general, previsto en los artículos 243 y 244, fracción V y 245 del Código Penal Federal.
El 9 de octubre de 2019, Piedra presentó un documento ante el Senado de la República, en el cual manifestó, “bajo protesta de decir verdad”, “[n]o desempeñar, ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal, en algún partido político en el año anterior a su designación”.
No obstante, según los registros del Instituto Nacional Electoral (INE), los cuales son actualizados con la información proporcionada por los mismos partidos, hasta el 24 de octubre de este año Rosario Piedra seguía siendo Consejera de Morena. Según afirmó Pamela San Martín, comisionada del INE, hasta el día de hoy los “registros de Rosario están vigentes, pues no se ha notificado ningún cambio, ella está registrada como Consejera Nacional y Estatal de Morena”.
De hecho, el 20 de julio de este año, Rosario Piedra Ibarra, en su calidad de Consejera Estatal de Morena, firmó y presentó una queja en contra de Yeidckol Polevnsky, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido, ante su Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ).
En el documento, Rosario Piedra argumenta que el Consejo Nacional de Morena, órgano del cual ella forma parte, es la máxima autoridad del partido, por lo que su dirigencia nacional se encuentra obligada a acatar los acuerdos de dicho Consejo.
Este documento muestra que Rosario Piedra Ibarra, ahora presidenta de la CNDH, ha sido dirigente de Morena en el último año y ha ejercido activamente el puesto. Como ella misma argumenta, el Consejo del que ella forma parte es “la máxima autoridad de Morena”.
Aun así, la dirigente morenista presentó un documento ante el Senado de la República en el cual, para poder competir por la presidencia de la CNDH y bajo protesta de decir verdad, negó ser dirigente del partido.
De esta forma, la ahora presidenta de la Comisión habría cometido el delito de falsificación de documentos en general –el cual, al tratarse de documentos públicos, se castiga con prisión de cuatro a ocho años– al cumplir los elementos del tipo penal, según los artículos citados anteriormente:
En primer lugar, Rosario Piedra habría faltado a la verdad en un documento público, al atribuirse una “calidad o circunstancia que no [tiene] y que [es] necesaria para la validez del acto”, esto es, la calidad de no haber sido dirigente partidista durante el último año.
En segundo lugar, Piedra habría incurrido en dichas mentiras para “sacar algún provecho para sí”, consistente en la oportunidad de competir para la presidencia de la CNDH a pesar de que no sería elegible para el puesto.
En tercer lugar, con el documento falsificado, causaría un perjuicio a los bienes del Estado, tanto de naturaleza económica –el sueldo bruto mensual de 154 mil 066 pesos y todas las demás prestaciones que corresponden a su nuevo en cargo–, como no económicos –el debido ejercicio de la función pública, entre otros–.
Rosario Piedra, como todas las personas, cuenta con el derecho a la presunción de inocencia, por lo que su culpabilidad tendría que ser probada en un juicio, de presentarse las denuncias penales correspondientes. Por el bien de la CNDH y de la vida pública del país, es necesario que este asunto se esclarezca.
Consultor en Derecho Anticorrupción y litigio estratégico.
