Existe la idea generalizada de que la protecciĆ³n de los derechos de las mujeres en los diversos cĆ³digos estĆ” garantizada por la igualdad y la equidad formal, reconocida constitucionalmente. Nada mĆ”s alejado de la verdad. A la luz de los datos duros ālas diez mujeres asesinadas en promedio cada dĆa y las mĆ”s de 1,500 llamadas de auxilio por violencia que cada mes realizan mujeres al 911, por ejemploā la protecciĆ³n de la vida y la integridad fĆsica de mĆ”s de la mitad (52%) de la poblaciĆ³n es un rotundo fracaso para el Estado mexicano.
Nuestro entramado jurĆdico clasifica los distintos tipos de violencia que puede enfrentar una mujer en la vida diaria. Esto visibiliza e identifica las caracterĆsticas propias de cada una de estas violencias, pero no se traduce en que la regla jurĆdica tenga mayor impacto en el fondo ni, peor aĆŗn, en la realidad social. Por el contrario, parece que a la larga lista de agresores y agresiones a los que debe hacer frente las mujeres en MĆ©xico, hay que sumar al propio Estado, que ejerce violencia por medio de los distintos Ć³rganos de gobierno, y a travĆ©s de acciones u omisiones que constituyen una categorĆa propia: la violencia institucional.
SegĆŗn el artĆculo 18 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, vigente desde 2007, la violencia institucional āson los actos u omisiones de las y los servidores pĆŗblicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, asĆ como su acceso al disfrute de polĆticas pĆŗblicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violenciaā. Es posible que en esta definiciĆ³n formal no alcancemos a percibir el cĆŗmulo de violencias que transitamos casi a diario, pues la desigualdad de gĆ©nero en MĆ©xico estĆ” tan estructurada que hemos aprendido involuntariamente a coexistir con ella a travĆ©s de la normalizaciĆ³n de las agresiones sociales, econĆ³micas, polĆticas y a travĆ©s de actuaciones judiciales.
Sin embargo, la violencia institucional, ejercida por agentes del Estado, estĆ” latente en muchos actos de diversas instancias. Solo el dĆa previo a la marcha del #8M, autoridades federales y locales de la Ciudad de MĆ©xico ejercieron violencia psicolĆ³gica en contra de toda mujer que estuviera alistĆ”ndose para participar en esa manifestaciĆ³n, dando cuenta de la supuesta existencia de grupos radicales violentos con el fin de disuadir a las manifestantes, y tal vez buscando impedir por previa censura el ejercicio del derecho a la libre asociaciĆ³n y el derecho de protesta. Prevenir sobre la amenaza de un posible riesgo sin acusar medidas de prevenciĆ³n para evitarlo es violencia ejercida por el Estado.
Esa misma violencia institucional se manifiesta cuando se revictimiza a una mujer maltratada, menospreciando o restando valor a su testimonio. En 2020, el presidente LĆ³pez Obrador desestimĆ³ el 90% de llamadas de auxilio por violencia realizadas por mujeres al 911, afirmando la falsedad de las mismas sin aportar datos de prueba. En la misma tesitura, agentes ministeriales o juzgadores del orden familiar califican como āconflictos normales de parejaā las situaciones de violencia emocional, fĆsica, sexual, econĆ³mica y patrimonial expuestas por mujeres que denuncian o demandan protecciĆ³n y justicia.
El Estado tambiĆ©n ejerce violencia institucional cuando planea y ejecuta recortes en recursos especĆficos destinados a erradicar la violencia y la desigualdad de gĆ©nero. Con ello incumple el mandato constitucional de dar especial protecciĆ³n a grupos vulnerables de la poblaciĆ³n, y limita la salida e integraciĆ³n de la mujer en todos los campos econĆ³micos, polĆticos y sociales de acciĆ³n a que pretenda acceder. La desapariciĆ³n de los programas de estancias infantiles y escuelas de tiempo completo son dos ejemplos claros de la violencia institucional ejercida por el gobierno federal, pues tiene como efecto restringir de manera significativa la posibilidad de integrarse al mercado laboral a las madres de familia y cuidadoras, asignadas por roles sociales basados en la desigualdad genĆ©rica.
La violencia institucional funciona como una tĆ©cnica de control polĆtico y social de la poblaciĆ³n femenina āabarcando tanto a mujeres cisgĆ©nero como a mujeres trans, si se les niega el derecho a la dignidad humana de la propia identidad o a los servicios de salud propios de la mismaā a travĆ©s de la perpetuaciĆ³n y mantenimiento del sistema machista patriarcal de dominaciĆ³n. Y esta violencia no se limita a las violaciones a derechos humanos cometidas por policĆas, presidente o gobernadores, sino que comprende tambiĆ©n a las instituciones ligadas al sistema penal, penitenciario, judicial familiar y de salud.
En los Ćŗltimos cinco aƱos, segĆŗn datos de la Encuesta Nacional sobre la DinĆ”mica de las Relaciones en los Hogares, Endireh, 33% de las mujeres de entre 15 a 49 aƱos que tuvieron un parto sufriĆ³ maltrato por parte de quienes las atendieron durante el mismo, lo que en sĆ son actos de violencia ginecolĆ³gica. Cuando el 85% de esas situaciones de maltrato se llevan a cabo en hospitales o clĆnicas de salud pĆŗblicas pertenecientes al IMSS, ISSSTE u otro servicio estatal de salud, esta violencia es tambiĆ©n institucional. Las redes de esta violencia se extienden a travĆ©s de jueces y magistrados de tribunales, oficiales de registro civil, relaciones laborales y/o autoridades escolares del sector pĆŗblico, y frecuentemente subyacen a otro tipo de violencias sexuales, discriminatorias, o econĆ³micas, que implican la violaciĆ³n a derechos humanos o la probable comisiĆ³n de delitos.
En el mundo actual en el que cada mujer aspira a la libertad āque comienza por el derecho a estar viva para ejercerlaā, la lucha contra la violencia institucional debe ser el eje que coadyuve a la creaciĆ³n de una sola agenda feminista, que exija como presupuesto bĆ”sico la existencia de un Estado aliado que observe la obligaciĆ³n constitucional de gobiernos y dependencias pĆŗblicas, de todos los niveles y en todos los Ć”mbitos, de fomentar, ejercer y garantizar los derechos humanos y la protecciĆ³n de los grupos vulnerables.
No son suficientes el ejercicio colectivo del abrazo y alzar la voz al unĆsono por las muertas y las desaparecidas cada 8 de marzo, si las mujeres seguimos condenadas a la muerte y la invisibilidad civil, jurĆdica y polĆtica los 364 dĆas restantes del aƱo. El feminismo es un movimiento que contiene en sĆ mismo diversas expresiones, como diversas son las mujeres y el cĆŗmulo de las violencias y agresiones vividas. Pero no podemos seguir combatiendo a David y Goliath al mismo tiempo.
Las colectivas y activistas han realizado una extraordinaria labor para visibilizar las distintas violencias y sus caracterĆsticas. Pero si no se establece como fin primero la eliminaciĆ³n de la violencia estructural desde el Estado, el muro de la desigualdad de gĆ©nero seguirĆ” siendo el lĆmite de las potencialidades femeninas en lo individual y lo colectivo. AsĆ es como han hecho historia las parceras, las morras y las brujas: transformando al Estado patriarcal en un Estado aliado, lucha por lucha. Sin una alianza absoluta alrededor de una agenda que exija compromisos especĆficos por parte del Estado, la marcha conmemorarĆ” las mismas cuitas cada aƱo.
es licenciada en derecho con especialidad en derecho fiscal por la UDLAP. Activista en favor de la cultura de la legalidad.
