Foto: Samantha Pantoja, CC BY 2.0 , via Wikimedia Commons

Una agenda nacional

Si el feminismo no establece como su primera meta la eliminación de la violencia estructural desde el Estado, el muro de la desigualdad de género permanecerá intacto.
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Existe la idea generalizada de que la protección de los derechos de las mujeres en los diversos códigos está garantizada por la igualdad y la equidad formal, reconocida constitucionalmente. Nada más alejado de la verdad. A la luz de los datos duros –las diez mujeres asesinadas en promedio cada día y las más de 1,500 llamadas de auxilio por violencia que cada mes realizan mujeres al 911, por ejemplo– la protección de la vida y la integridad física de más de la mitad (52%) de la población es un rotundo fracaso para el Estado mexicano.

Nuestro entramado jurídico clasifica los distintos tipos de violencia que puede enfrentar una mujer en la vida diaria. Esto visibiliza e identifica las características propias de cada una de estas violencias, pero no se traduce en que la regla jurídica tenga mayor impacto en el fondo ni, peor aún, en la realidad social. Por el contrario, parece que a la larga lista de agresores y agresiones a los que debe hacer frente las mujeres en México, hay que sumar al propio Estado, que ejerce violencia por medio de los distintos órganos de gobierno, y a través de acciones u omisiones que constituyen una categoría propia: la violencia institucional.

Según el artículo 18 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, vigente desde 2007, la violencia institucional “son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia”. Es posible que en esta definición formal no alcancemos a percibir el cúmulo de violencias que transitamos casi a diario, pues la desigualdad de género en México está tan estructurada que hemos aprendido involuntariamente a coexistir con ella a través de la normalización de las agresiones sociales, económicas, políticas y a través de actuaciones judiciales.

Sin embargo, la violencia institucional, ejercida por agentes del Estado, está latente en muchos actos de diversas instancias. Solo el día previo a la marcha del #8M, autoridades federales y locales de la Ciudad de México ejercieron violencia psicológica en contra de toda mujer que estuviera alistándose para participar en esa manifestación, dando cuenta de la supuesta existencia de grupos radicales violentos con el fin de disuadir a las manifestantes, y tal vez buscando impedir por previa censura el ejercicio del derecho a la libre asociación y el derecho de protesta. Prevenir sobre la amenaza de un posible riesgo sin acusar medidas de prevención para evitarlo es violencia ejercida por el Estado.

Esa misma violencia institucional se manifiesta cuando se revictimiza a una mujer maltratada, menospreciando o restando valor a su testimonio. En 2020, el presidente López Obrador desestimó el 90% de llamadas de auxilio por violencia realizadas por mujeres al 911, afirmando la falsedad de las mismas sin aportar datos de prueba. En la misma tesitura, agentes ministeriales o juzgadores del orden familiar califican como “conflictos normales de pareja” las situaciones de violencia emocional, física, sexual, económica y patrimonial expuestas por mujeres que denuncian o demandan protección y justicia.

El Estado también ejerce violencia institucional cuando planea y ejecuta recortes en recursos específicos destinados a erradicar la violencia y la desigualdad de género. Con ello incumple el mandato constitucional de dar especial protección a grupos vulnerables de la población, y limita la salida e integración de la mujer en todos los campos económicos, políticos y sociales de acción a que pretenda acceder. La desaparición de los programas de estancias infantiles y escuelas de tiempo completo son dos ejemplos claros de la violencia institucional ejercida por el gobierno federal, pues tiene como efecto restringir de manera significativa la posibilidad de integrarse al mercado laboral a las madres de familia y cuidadoras, asignadas por roles sociales basados en la desigualdad genérica.

La violencia institucional funciona como una técnica de control político y social de la población femenina –abarcando tanto a mujeres cisgénero como a mujeres trans, si se les niega el derecho a la dignidad humana de la propia identidad o a los servicios de salud propios de la misma– a través de la perpetuación y mantenimiento del sistema machista patriarcal de dominación. Y esta violencia no se limita a las violaciones a derechos humanos cometidas por policías, presidente o gobernadores, sino que comprende también a las instituciones ligadas al sistema penal, penitenciario, judicial familiar y de salud.

En los últimos cinco años, según datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, Endireh, 33% de las mujeres de entre 15 a 49 años que tuvieron un parto sufrió maltrato por parte de quienes las atendieron durante el mismo, lo que en sí son actos de violencia ginecológica. Cuando el 85% de esas situaciones de maltrato se llevan a cabo en hospitales o clínicas de salud públicas pertenecientes al IMSS, ISSSTE u otro servicio estatal de salud, esta violencia es también institucional. Las redes de esta violencia se extienden a través de jueces y magistrados de tribunales, oficiales de registro civil, relaciones laborales y/o autoridades escolares del sector público, y frecuentemente subyacen a otro tipo de violencias sexuales, discriminatorias, o económicas, que implican la violación a derechos humanos o  la probable comisión de delitos.

En el mundo actual en el que cada mujer aspira a la libertad –que comienza por el derecho a estar viva para ejercerla–, la lucha contra la violencia institucional debe ser el eje que coadyuve a la creación de una sola agenda feminista, que exija como presupuesto básico la existencia de un Estado aliado que observe la obligación constitucional de gobiernos y dependencias públicas, de todos los niveles y en todos los ámbitos, de fomentar, ejercer y garantizar los derechos humanos y la protección de los grupos vulnerables.

No son suficientes el ejercicio colectivo del abrazo y alzar la voz al unísono por las muertas y las desaparecidas cada 8 de marzo, si las mujeres seguimos condenadas a la muerte y la invisibilidad civil, jurídica y política los 364 días restantes del año. El feminismo es un movimiento que contiene en sí mismo diversas expresiones, como diversas son las mujeres y el cúmulo de las violencias y agresiones vividas. Pero no podemos seguir combatiendo a David y Goliath al mismo tiempo.

Las colectivas y activistas han realizado una extraordinaria labor para visibilizar las distintas violencias y sus características. Pero si no se establece como fin primero la eliminación de la violencia estructural desde el Estado, el muro de la desigualdad de género seguirá siendo el límite de las potencialidades femeninas en lo individual y lo colectivo. Así es como han hecho historia las parceras, las morras y las brujas: transformando al Estado patriarcal en un Estado aliado, lucha por lucha. Sin una alianza absoluta alrededor de una agenda que exija compromisos específicos por parte del Estado, la marcha conmemorará las mismas cuitas cada año.

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