En mi colaboración del pasado 29 de mayo, titulada “Política y crimen, ¿hasta dónde?”,  señalé que el huachicol fiscal era una de las tres modalidades de nuevas vinculaciones entre crimen organizado y política que los gobiernos de la 4T han puesto en práctica. Me referí a ese delito como una macroempresa criminal: “Es un fenómeno nuevo: ya no es el alcalde indefenso que tiene que rendirse ante el poder de los AK-47; es una miríada de funcionarios, de miembros de las fuerzas armadas y del partido gobernante, ávida de enriquecerse a lo salvaje, asociados con los peores criminales a costa de desfalcar descomunalmente las arcas públicas y las finanzas de Pemex”.

Los pocos datos que se han conocido sobre la trama criminal con las investigaciones posteriores al decomiso de 10 millones de litros de diésel que llegaron en un buque al puerto de Altamira, Tamaulipas, corroboran que se está frente a un fenómeno criminal inédito por su dimensión y complejidad.

Los dos marinos de alto rango implicados (uno detenido, el otro prófugo) son hasta el momento los actores clave que permitían el paso del combustible por los puertos. También se mencionan funcionarios de aduanas y de agencias aduanales. Según lo consigna El Universal, son al menos ocho los puertos del país donde las redes de huachicoleros mantenían control para permitir el contrabando de combustible, y se detectaron al menos 555 empresas vinculadas con actividades de contrabando de huachicol.

La compra del combustible se realiza en Estados Unidos para posteriormente importarlo a México y venderlo a diversas empresas, encargadas de distribuirlo a través de empresas comercializadoras y transportistas, vendiendo el combustible a un menor precio que el establecido en el mercado nacional. Para tales efectos se valieron de pedimentos de importación de gasolina y diésel clonados, con los que se simula la procedencia legal de los hidrocarburos. Se han reportado al menos dos modus operandi utilizando los diversos puertos y empresas de almacenamiento, transporte y comercialización.

Con base en esos datos, es posible imaginar lo que sería la estructura del negocio considerando las etapas de su cadena de valor, que da una idea de la logística necesaria para operarlas, así como la cantidad y diversidad de actores involucrados. La estructura del negocio (cadena de valor y actores) constaría de las siguientes etapas, cada una con sus actores participantes.

1. Compra de combustibles en E.U.: refinerías en Texas, empresas importadoras, la Secretaría de Energía como otorgante de los permisos.
2. Traslado a México por mar y tierra: empresas transportistas terrestres, compañías navieras y de ferrocarriles.
3. Cruce de frontera: aduanas terrestres (a cargo de Hacienda y el Ejército), puertos (Hacienda y la Marina) y agentes aduanales.
4. Almacenamiento y distribución: almacenes y depósitos privados, empresas transportistas por pipas y ferrocarriles, Guardia Nacional y policías estatales (que protegen el transporte)
5. Comercialización: Gasolineras (que venden gasolina y diésel robados y no denuncian), Procuradoría Federal del Consumidor (encubre compras fraudulentas) y Pemex (que omite verificar el nivel de compras de las gasolineras).
6. Lavado de dinero: Bancos y casas de bolsa, Morena (financiamiento de campañas electorales), gobiernos estatales y municipales.

El listado anterior permite comprender la participación de cientos de empresas en el entramado delictivo. También ubica la participación de los hermanos Farías desde sus posiciones en los puertos para que los combustibles crucen las aduanas marítimas.

Pero de ahí no se desprende que ellos sean las cabezas y socios principales de la estructura criminal.

Para montar y sostener una organización de esa magnitud y complejidad se requiere de por lo menos cinco capacidades: a) la visión empresarial del negocio; b) los recursos financieros para comprar grandes cantidades de gasolina o diésel y para sobornar a muchas autoridades; c) los contactos y relaciones para convocar a decenas o cientos de empresas participantes en ambos lados de la frontera; d) relaciones políticas de alto nivel para asegurar la protección de las dependencias del Estado (Pemex, Profeco, SHCP, Aduanas, Marina, Ejército) y, e) una gran capacidad directiva, gerencial y un equipo muy eficiente para mantener operando todo el negocio.

¿Los marinos detenidos cumplen con esos requisitos? No parece ser el caso; los datos conocidos apuntan a que ellos eran responsables de una parte de la tercera etapa de la logística, el cruce del combustible por los puertos –y solo por los puertos, ya que el cruce por las aduanas terrestres está en manos del ejército y, considerando la enorme rivalidad entre ambas instituciones, difícilmente los militares se pondrían al servicio de marinos–. Si no eran ellos los socios principales y directivos del negocio, ¿quiénes pueden serlo?

Se pueden plantear tres hipótesis. La primera: una organización criminal ya establecida y con todas esas capacidades, como sería el Cártel Jalisco Nueva Generación. De hecho, la violencia en Guanajuato está asociada a la lucha del CJNG por apropiarse del control del huachicol en esa entidad, dominado por el cártel de Santa Rosa de Lima en asociación con Pemex y su sindicato, ya que la gasolina robada en ese caso proviene de la refinería de Salamanca. Hasta el momento no hay datos que permitan inferir que esa organización sea la responsable.

La segunda: un grupo político-empresarial, quizá conformado por dirigentes de Morena, gobernadores y funcionarios gubernamentales (¿el ex secretario de Marina, antiguos directores de Aduanas?) asociados a contratistas amigos suyos. Los reportes de 2021 sobre los vínculos entre Sergio Carmona, llamado en aquel entonces el “rey del huachicol”, con Mario Delgado, entonces presidente de Morena, y el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, apuntan a ese o a un esquema similar. Además, ya se conocen muchas empresas contratistas ligadas a los líderes de Morena e incluso a los hijos del presidente. Todos los datos públicos hasta el momento sostendrían esta segunda posibilidad. La tercera hipótesis sería una combinación de ambas.

Si la primera característica de esta macro organización criminal del mercado ilegal de combustibles es su dimensión y complejidad empresarial, se puede comprobar al conocer los montos escandalosos de su impacto económico para Pemex y la Hacienda Pública; es decir para el patrimonio de los mexicanos. Francisco Barnés de Castro, ex rector de la UNAM, ha dado a conocer un estudio al respecto en el que estimó el daño de las tres modalidades del huachicol durante el sexenio de López Obrador en 28 mil 200 millones de dólares, de los cuales 7 mil (alrededor de 140 mil millones de pesos) corresponden al contrabando ilegal de diésel y gasolinas (huachicol fiscal). Si el mayor caso de corrupción del sexenio anterior fue el de Segalmex, que ascendió a 15 mil millones de pesos, el huachicol fiscal es casi diez veces mayor.  

La segunda característica que hace cualitativamente diferente esta modalidad de vinculación entre política y delito es la participación coordinada de tantas agencias del Estado en un esquema criminal que pudiera estar ideado y creado desde niveles muy elevados del gobierno y su partido. Ya no se trata de políticos sobornados por el crimen organizado, sino de políticos y funcionarios estatales que crean una empresa delictiva con los recursos y el poder del Estado (incluyendo a la Marina, una de las dos instituciones de defensa de última instancia del estado de derecho y del orden constitucional) para apropiarse de rentas multimillonarias del mismo Estado. Una parte del Estado que se transforma en crimen organizado y de dimensiones escandalosas para desfalcar al mismo Estado.

Visto así el problema, Claudia Sheinbaum enfrenta un reto mayúsculo. Por las razones que fueran (presiones de Estados Unidos, convicción personal, consecuencia natural de la estrategia de Omar García Harfuch) debe reconocérsele el mérito de haber iniciado la tarea de desmantelar esa organización criminal. Los primeros golpes fueron los decomisos en Altamira, Ensenada y Coahuila, pero sin detenidos; las detenciones de la semana pasada, especialmente la del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino del ex secretario de la Marina, Rafael Ojeda, demostraron que en principio hay voluntad de castigar a los responsables. Nuevo reconocimiento.

Pero la pregunta todavía es hasta dónde llegará esa voluntad, pues todo indica que los marinos implicados, pese a su rango, no son quienes dirigen el negocio ni los principales socios beneficiarios de una renta de siete mil millones de dólares. Si hay voluntad de ir hasta el fondo para que realmente no quede impune este macro delito asociado inevitablemente a AMLO y la 4T, los pasos a dar no son fáciles.  

El primero, por el bien ganado prestigio de la Secretaría de Marina, es aclarar el papel del ex titular de esa dependencia. Hasta ahora no es creíble, por poco convincente, la exculpación hecha por Gertz Manero sobre su denuncia de hace dos años; más bien existen datos que apuntan por lo menos a la complicidad con lo que hacían sus sobrinos. En segundo lugar, se deben examinar las ya antiguas y documentadas vinculaciones del huachicol fiscal con Morena, desde el caso de Sergio Carmona y las campañas electorales de 2021 de varios gobernadores, incluyendo las de Tamaulipas y Sonora. De confirmarse esas sospechas, Morena se convertiría en uno de los principales lavadores del dinero sucio del huachicol fiscal. ¿Cuánto de los 140 mil millones de pesos evadidos al fisco fueron a dar a sus campañas electorales, a la construcción de su estructura territorial, a los viajes a Japón de sus dirigentes, a las casas en Tepoztlán o los departamentos de lujo en Polanco, a los estilos de vida de “Dato Protegido” y su esposo, a las caravanas de salud en Chihuahua?

Ambas vertientes de la investigación exigen necesariamente que el expresidente López Obrador aclare su participación –ya sea por comisión u omisión– ya que, según su mismo dicho, es imposible que este tipo de negocios sea desconocido por el presidente de la república. ¿Nos sorprenderá de nuevo la presidenta o, como lo señaló Pascal Beltrán del Río, la corrupción solo se limpiará de la mitad de la escalera hacia abajo? Más vale que ella dé los siguientes pasos y conduzca el proceso apegado a la ley hasta el fondo, pues en este caso difícilmente tendrá el control de la información. Los halcones de la Casa Blanca saben mucho del huachicol fiscal y hay cientos de implicados en México que podrían soltar la lengua para protegerse. Los escándalos la pueden rebasar y hacer desaparecer los logros alcanzados hasta el momento. ~