Claudia Sheinbaum inició su sexenio en condiciones inmejorables: tenía una legitimidad y un capital político envidiables por haber ganado la elección con 60% de los votos; gozaba de todo el respaldo de López Obrador y su enorme popularidad; disponía de un poder inigualable al de ningún otro presidente en la historia del país (los poderes Legislativo y Judicial sometido; mayorías calificadas en ambas cámaras para modificar la Constitución a su antojo; desaparición de los principales contrapesos políticos; una oposición irrelevante) y tenía fama de ser una política seria, con buena formación académica.

Poseía todo para construir un extraordinario “segundo piso” de la 4T. Lástima que no hubiese diseño de tal proyecto y, aunque lo hubiera habido, su gobierno, quince meses después, no tiene un perfil definido. A partir de mayo del año pasado, la sucesión ininterrumpida de acontecimientos violentos, escándalos de corrupción y vínculos de Morena con el crimen organizado, tragedias naturales, amenazas y presiones de E.U., malas noticias económicas, movilizaciones de protesta contra diversas políticas gubernamentales han generado la percepción de un gobierno acosado, meramente reactivo a la coyuntura, sin una agenda propia ni un plan o estrategia general de gobierno.

Claudia Sheinbaum está entrampada en un campo minado, sembrado desde dentro y fuera del país. Desde dentro, por el desastre heredado de AMLO, quien no solo no construyó el primer piso, sino que se dedicó a destruir hasta los cimientos que encontró. Desde fuera, por la segunda presidencia de Trump con su agresiva política antimexicana. Su gobierno se convirtió casi por completo en un cuerpo de bomberos con escasa preparación y mal equipado para apagar fuegos que le han surgido por todo el país. Un recuento de los eventos vinculados con la herencia de su antecesor que le han marcado la pauta a su gobierno permite confirmar lo anterior.

1. La herencia de López Obrador

No es necesario abundar mucho en los hechos y datos; todos bastante conocidos, bastará una breve recuperación ordenada para dimensionar la magnitud del desastre heredado.

Economía

1. Crecimiento nulo. El PIB creció en su sexenio a una tasa promedio anual de 0.4%. Ello implicó oportunidades desperdiciadas, proyectos abortados o pospuestos, mayor rezago en infraestructura, millones de empleos no creados, etc. Sheinbaum trató de resolverlo con el Plan México, inviable por varias razones, entre las cuales resalta la segunda herencia.
2. Desconfianza del empresariado nacional. Pese al insistente cortejo a los principales hombres de negocios, el resto de las decisiones económicas de AMLO (cancelación del aeropuerto de Texcoco, intimidación fiscal, estatismo energético y un larguísimo etcétera) ahuyentaron sistemáticamente la inversión privada nacional.
3. Déficit y deuda pública crecientes. En 2024, el primero ascendió a 6% del PIB y la segunda pasó de 10 a 17 billones de pesos, producto de un gasto público exorbitante e inútil productivamente (un aeropuerto y un tren que no son utilizados y que costaron tres veces lo presupuestado; una refinería innecesaria y carísima; corrupción descontrolada) y un gasto billonario en programas de transferencias monetarias de escasa rentabilidad social.
4. Rigidez del gasto público. Al duplicarse el pago de los intereses de la deuda pública hasta representar 4% del PIB, el gobierno se ve obligado a dejar de gastar en educación, salud, medio ambiente, campo, investigación y desarrollo, inversión pública, etc. Por cada peso del presupuesto de educación, se pagan tres pesos de intereses y por cada peso para la Secretaría de Salud, catorce pesos; el servicio de la deuda cuesta tres veces el presupuesto de la Defensa y de la Marina juntos; 13 veces el presupuesto de la Secretaría de Seguridad y 15 veces todo el gasto en inversión pública.  
5. Política energética nacionalista y Pemex al borde de la quiebra. La soberanía energética con visión estatista, sin participación del sector privado y entendida como reducir o eliminar por completo la importación de gasolina, tiene metido a Pemex en un callejón sin salida y al país sin suficiente energía eléctrica, con apagones masivos en el sureste. El modelo de negocio de Pemex no es el correcto por lo que difícilmente mejorará su situación financiera en el corto plazo; los cerca de dos billones de pesos que le transfirió Hacienda en el sexenio anterior no resolvieron su crisis productiva ni financiera.
6. Política agropecuaria. Para completar el cuadro de problemas, el desmantelamiento de la política de apoyos a la producción agropecuaria y de las instituciones financieras del sector rural llevado a cabo por AMLO el sexenio pasado le explotó este verano a Sheinbaum. Los productores de maíz exigen subsidios ante el desplome del precio de ese producto y están movilizados en diversas regiones del país, paralizando la movilidad en carreteras y autopistas por todo el país y causando importantes daños a economías regionales.

Seguridad

El legado de López Obrador en seguridad es quizá más terrible. Aunque mucho se ha escrito sobre las graves consecuencias de la estrategia de “abrazos y no balazos”, es importante no olvidarlas, pues se trata de cientos de miles de vidas perdidas (asesinadas y desaparecidas), de tragedias familiares, de patrimonios perdidos, del miedo instalado en la vida cotidiana, de la indefensión permanente de los ciudadanos frente al poder de la violencia de psicópatas y sociópatas protegidos por la avaricia política y económica de una nueva clase gobernante, soberbia y déspota.

La herencia que se puede medir es atroz: según las cuentas del INEGI, poco más de 208 mil mexicanos asesinados oficialmente (hay otros miles escondidos en la categoría que manejan las fiscalías estatales bojo el rubro de “otros delitos que atentan contra la vida”) y más de 55 mil desaparecidos.

La que es difícil cuantificar son los fenómenos cualitativos:

• El empoderamiento económico y político del cada vez más complejo y extendido mundo criminal, debido a que se desdibujaron a pasos acelerados sus fronteras tanto con la sociedad y la economía como con la política.
• En materia económica no solo ampliaron los mercados ilegales tradicionales (drogas, armas, migrantes, trata de personas, etc.) sino que llevaron a dos de ellos –el huachicol y la extorsión o el cobro de piso– a niveles insospechados. Además, han incursionado en mercados legales (aguacate, construcción, minería, pesca, etc.) a través de empresas propias, “expropiaciones” o control de mercados regionales.
• En materia política, además del control de alcaldes, policías y ministerios públicos, todo indica que se han establecido acuerdos estatales en los que el partido oficial les otorga el control territorial a una organización criminal a cambio de apoyos electorales para ganar las elecciones. En otras palabras, libertad de acción delictiva e impunidad a cambio de hegemonía política. Sinaloa es el estado emblemático, pero no el único sometido a ese intercambio. Para cerrar el círculo, el gobierno federal garantiza la impunidad de los gobernadores.
•  Así, en muchas regiones del país ya no se sabe dónde están las líneas que dividen a una organización criminal de las estructuras políticas, económicas y sociales, instalando de facto gobernanzas criminales en la medida en que se han normalizado la violencia, la inseguridad y el crimen organizado ejerce las principales funciones del Estado: uso de la violencia, cobro de impuestos vía la extorsión, árbitro en conflictos e imposición de un nuevo marco normativo, el de la fuerza arbitraria). El asesinato de Carlos Manzo lo confirmó con toda su crudeza, abollando severamente la estrategia de Omar García Harfuch y diluyendo sus estadísticas de la disminución de homicidios.

Política

El principal legado político de AMLO fue la transformación del régimen, cuyo nuevo y único objetivo es concentrar poder en el Ejecutivo sin contrapesos para posibilitar la perpetuación de la 4T. Ello le implicó a Claudia Sheinbaum no solo terminar los cambios en proceso, sino también compartir el mando del país con su antecesor y tratar con las consecuencias.

• Reforma del Poder Judicial. Durante el primer semestre de 2025, una buena parte de la atención se concentró en la organización y realización de la elección del Poder Judicial, un proceso lleno de errores, improvisaciones, irregularidades y violaciones masivas a la ley electoral (los acordeones famosos). El resultado fue, por una parte, una elección con una participación mínima y sin legitimidad y, por la otra, el arribo de una nueva SCJN y la mitad de los jueces y magistrados sin las capacidades jurídicas, políticas y técnicas necesarias para impartir justicia. La severa crisis en la impartición de la justicia apenas comenzará a sentirse para los cientos de miles de ciudadanos y empresas que están involucrados en igual número de procesos judiciales en marcha.
• Legalización del uso faccioso de la procuración de justicia. El nombramiento de Alejandro Gertz Manero al frente de la FGR fue la señal inicial; luego vinieron nuevos delitos con prisión preventiva oficiosa, acompañados por investigaciones amañadas por la UIF en contra de opositores, periodistas y críticos. De los indicios de corrupción o vínculos con crimen organizado a su interior, la FGR habló con un silencio y una inacción oprobiosas, cuyo mensaje para los de casa era contundente: hay pacto de impunidad y todo se vale.
• Corrupción e impunidad. Y así lo entendieron. A mediados de este año, el desfalco en Segalmex por un monto de 15 mil millones de pesos, palideció con las revelaciones del atraco en contra de Pemex y Hacienda equivalente a ¡600 mil millones de pesos! –cuarenta veces el de Ignacio Ovalle– llevado a cabo por una macro corporación criminal de funcionarios de múltiples secretarias y dependencias federales (Sedena, Marina, Guardia Nacional, SHCP; Aduanas, Pemex, Energía, Profeco, etc.), gobiernos estatales y líderes de Morena junto con empresas mexicanas y estadounidenses. Nada los detenía, mucho menos el decálogo de ética promulgado por Sheinbaum. La desmedida avidez por los recursos públicos, la vida lujosa y la ostentación pública proliferaron como hongos: Adán Augusto y su red de negocios alrededor de su notaría y de La Barredora; la casa de Tepoztlán de Noroña; los viajes de lujo por Japón de Andy; los rolex de Tonatiuh Márquez; el estilo de vida del diputado Gutiérrez y su esposa. La complicidad impuesta por AMLO, sancionada y administrada por Gertz, se convirtió en un legado con un elevado costo político: la pronta evaporación de la narrativa del “no somos iguales” y del “se acabó la corrupción”. Para cerrar el año con broche de oro, la tragedia del Tren Interoceánico, herencia de la corrupción en las megaobras de López Obrador.
• Plan C. Concretar el cambio de régimen político hacia uno autoritario y populista requería mucho más trabajo legislativo: militarizar la seguridad pública; sentar las bases del “Estado espía” y de mayor control de los medios (leyes de trámites administrativos, sistema de inteligencia, de telecomunicaciones); desaparecer organismos autónomos; debilitar y atemorizar a la ciudadanía y al empresariado (ley de amparo); garantizar las mayorías calificadas en el Legislativo y condenar a la oposición a un enanismo permanente (reforma electoral) y revivir los monopolios estatales en materia energética. Legislar al vapor leyes mal hechas, sin lectura ni análisis previos de sus consecuencias, violando la normatividad de los procesos legislativos para satisfacer caprichos, sin diálogo con nadie, se volvió la norma de los periodos del Congreso.

Política social

Por si la economía estancada, las finanzas públicas sostenidas con alfileres, el campo en crisis, la seguridad descontrolada, las gobernanzas criminales creciendo y el dueto corrupción-impunidad viviendo una época dorada fueran poca cosa, el soporte institucional de la política social (reducida a las transferencias monetarias)  –especialmente la de salud y educación– que recibió Claudia Sheinbaum requiere de atención urgente.

• Salud. Nunca imaginaron que siete años después de desaparecer el sistema de compras de medicinas y el Seguro Popular no habrían podido resolver los gravísimos problemas generados: decenas de miles de muertes evitables, treinta millones de mexicanos sin acceso a los servicios, incremento del gasto privado de salud, precariedad en los hospitales públicos; desplome de los índices de vacunación y regreso de enfermedades infecciosas ya desaparecidas. Abandonar y superar incompetencia, frivolidad, ocurrencias, corrupción, irresponsabilidad (no se puede ni debe olvidar el manejo de la pandemia) y recortes presupuestales severos tomará mucho tiempo, trabajo y dinero.
• Educación. La cancelación de la reforma educativa para implantar un modelo pedagógico llamado “Nueva escuela mexicana” que, entre otras cosas, expulsó de las aulas a la ciencia (matemáticas incluidas), le regresó a la CNTE un espacio de poder que había perdido; ahora regresó a exigir el control de la nómina del magisterio y la cancelación de la reforma de pensiones de 2007, obligando a Sheinbaum a tratar de contener a un aliado muy incómodo. Del desastre que significa el retroceso en el aprendizaje de los niños y jóvenes y del abandono de la educación por parte de más de un millón de estudiantes que no regresaron a las escuelas después de la pandemia de covid-19 nada se ha hecho, pues no hay quien proteste.

2. El significado de la herencia y la perspectiva para 2026

Este recuento no exhaustivo de la herencia de López Obrador (faltan lo relativo a la política exterior, medio ambiente, ciencia y tecnología, cultura, infraestructura básica) permite apuntar tres significados de la acción de gobierno durante 2025, construidos a partir de los hechos objetivos, innegables incluso por los defensores de la 4T: las estadísticas económicas y de seguridad; las investigaciones de la FGR sobre el huachicol fiscal; las farmacias vacías; los casos reportados de sarampión; los testimonios en las redes sociales de los lujos de los morenistas, los contratos de asignación directa a empresas de parientes y amigos, etc. Esa mirada detallada arroja por lo menos tres significados y sus implicaciones para la gobernabilidad.

La herencia de AMLO devastó al país y lo dejó en una ruta muy peligrosa, pues no solo no resolvió los principales problemas (de hecho los agravó), sino que destruyó muchas de las capacidades del Estado para enfrentarlos con eficacia, producto de la destrucción de instituciones, de la cancelación de políticas y programas y su sustitución por políticas equivocadas fundadas en ideología y hasta en caprichos personales; por la pérdida de capital humano calificado en las tareas de gobierno y por el uso, abuso y despilfarro en el manejo de la hacienda pública. Es por eso que el gobierno de Sheinbaum no se trata de construir ningún segundo piso, sino de administrar un desastre con capacidades y recursos disminuidos e instituciones debilitadas frente a problemas agravados. Esto significa, pues, que un primer eje de la gobernabilidad, la eficacia de gobierno para solucionar problemas, está en niveles reducidos y sin visos de mejorar.

De ahí el descontento creciente de los últimos meses en importantes sectores y organizaciones sociales (productores agropecuarios, transportistas, maestros, trabajadores del Poder Judicial y del sistema de salud, de la generación Z, madres de los desaparecidos, etc.) por motivos económicos, sociales y de seguridad, fenómeno que no se vio durante el sexenio de López Obrador. Si bien la popularidad de la presidenta se mantiene elevada, la evaluación social de la gestión de los principales asuntos públicos ha caído estrepitosamente, especialmente la relacionada con crimen organizado y corrupción. Para fortuna de Sheinbaum, las protestas están dispersas y no hay liderazgo político ni social que las pueda articular y traducir en acciones más eficaces para cambiar el rumbo del gobierno o en una fuerza electoral organizada que pueda retar a Morena en 2027. En este sentido, un segundo eje de la gobernabilidad, el respaldo social, muestra dos caras, una positiva (la aprobación presidencial) y otra comenzando a desmoronarse (el respaldo a la gestión de gobierno).

No por obvio y repetido mil veces deja de ser absolutamente relevante el tercer significado: la concentración de facultades legales y de instrumentos de poder en el Ejecutivo, más el sometimiento del Poder Judicial vía la “elección popular” y el debilitamiento de la sociedad –tanto del sector empresarial como de los medios y las organizaciones de la sociedad civil, gracias al uso discrecional de la procuración de justicia, el Estado espía y la nulificación de la figura del amparo–significan una regresión autoritaria y un debilitamiento descomunal de la institucionalidad democrática. A diferencia de los tiempos de AMLO, cuando inició este proceso, las reformas constitucionales y legales realizadas en los primeros 15 meses de Sheinbaum, ahora se puede hablar de un autoritarismo legalizado. Muchas de las políticas, leyes y decisiones que en tiempo de López Obrador eran ilegales o inconstitucionales (algunas fueron revertidas por la SCJN o por amparos concedidos) ahora serán legales. Poder sin contrapesos.

En términos de gobernabilidad democrática, el deterioro es notable y evidente porque ha significado un ejercicio del poder que abandonó los principios democráticos. Además, el poder ha sido ejercido con una enorme discrecionalidad posibilitada por la ausencia de límites; por esa razón tampoco escuchan razones, ni dialogan con nadie fuera de su círculo íntimo. La cerrazón desde la cual han gobernado López Obrador y Sheinbaum los ha llevado no solo a cometer graves errores sino también a ser incapaces de corregirlos. Sin límites institucionales, sin crítica externa ni autocrítica, los daños que causan las políticas públicas equivocadas no encuentran fondo. El mal manejo de la pandemia y la resistencia a modificarlo causó 300 mil muertes evitables; los abrazos y no balazos, 200 mil; sabían que la reforma del poder judicial profundizaría la desconfianza del empresariado, la cual contribuyó significativamente a que la economía se estancara y se dejaran de crear cientos de miles de empleos; financiar los programas sociales sin reforma fiscal ni crecimiento económico los obligó a contratar deuda, cuyo servicio ahoga las finanzas públicas y continúan endeudando al país; tampoco les importó; Carlos Manzo les solicitó reiteradamente protección y se la negaron.

Así, la gobernabilidad autoritaria que han construido se ha traducido en un gobierno profundamente soberbio e ineficaz, cuyos daños a la sociedad crecen geométricamente.

Estando así las cosas, las perspectivas para 2026 no son muy alentadoras. Superar la herencia de López Obrador implica necesariamente que la presidenta Sheinbaum tome distancia ideológica y política del expresidente y su grupo, tal como lo ha hecho, al menos parcialmente, en el tema de seguridad.

Sin embargo, las probabilidades de que ello ocurra en otros temas como la reforma electoral y del Poder Judicial, la política energética, la complicidad de morenistas con el crimen organizado y la militarización de la Guardia Nacional son mínimas por dos razones. La primera, Claudia Sheinabum cree que muchas de esas políticas son correctas (por ejemplo, el estatismo energético) o necesarias (la reforma judicial). La segunda razón es política: la unidad de Morena –condición necesaria para ganar elecciones, lo cual es el objetivo principal de la 4T– no puede ser puesta en riesgo, cosa que sucedería si por ejemplo investigara la corrupción o si la estrategia de García Harfuch no se detuviera ante políticos y funcionarios vinculados con el crimen organizado.

Sin embargo, la realidad y factores externos (Trump principalmente) la forzarán a hacerlo, aunque sea para asuntos puntuales y de manera gradual. Así, 2026 será un año de malabarismos para hacer compatible el modelo autoritario y populista (que implica la unidad de Morena y la dualidad de mando con AMLO) con una realidad interna y externa que reclama un gobierno eficaz en la solución de los grandes problemas heredados. Revisemos solo los dos temas más relevantes.

Economía. Todo indica que la economía tendrá un crecimiento minúsculo, entre 1 y 1.5% con una inflación relativamente alta (alrededor de 4%) que es insuficiente para atender necesidades de la población, pero que es bueno para el gobierno en la medida en que la situación general de la población no se verá afectada de manera generalizada con miras a la elección de 2027. Con que no haya crisis económica no habrá problema político; la retórica de las mañaneras y las transferencias monetarias garantizan el respaldo social; el sexenio de AMLO demostró que se puede ser popular con una economía estancada, y aunque en el discurso Sheinbaum sí quisiera un mayor crecimiento (para eso propuso el Plan México), en la realidad es más importante el objetivo de mantenerse en el poder ganando elecciones, pues de lo contrario priorizaría eliminar aquellos factores políticos que frenan la inversión privada y han generado mucha desconfianza e incertidumbre (reforma judicial, acoso fiscal, leyes al vapor, estatismo energético, cancelar su reforma electoral, etc.).

Para lograr un crecimiento mínimo y cierta disciplina fiscal que impidan una crisis económica y mantengan el dinero para la política social, es necesario atender dos procesos delicados.

Primero, la renegociación del T-MEC a partir de julio. Se trata de darle continuidad al instrumento que oxigena al sector exportador, el que producirá el 1% de crecimiento este año, por lo cual México no se puede dar el lujo de ponerlo en riesgo. No será fácil considerando la agresividad mostrada por Trump a partir del asalto a Caracas, pues a la histórica asimetría de poder entre México y E.U. se añade la voluntad de la Casa Blanca de utilizar cualquier herramienta de negociación (incorporar demandas de cualquier tipo e incluso utilizar la fuerza militar). Me temo que aunque patalee y trate apelar a sus ventajas comparativas y apoyos de empresas estadounidenses, México no tendrá otra opción que aceptar los términos que le pongan enfrente y con ello salvará la cara pues el acuerdo se mantendrá con vida, aunque no se sepa ahora qué tan sólido y por cuántos años más.

Segundo, controlar las pérdidas de Pemex. En los últimos siete años, el gobierno federal le ha aportado más de dos billones de pesos (vía distintos mecanismos, desde dinero fresco del presupuesto hasta reducción de los impuestos que tiene que pagar) y a la fecha sigue endeudada en exceso y continúa teniendo pérdidas descomunales. Es, en pocas palabras, un hoyo negro para las finanzas públicas. Aunque presentaron un nuevo plan de negocios para rescatarla, no hay certeza de que ello ocurra y puede ser el factor que desestabilice a la hacienda pública.

Fuera de estos dos focos amarillos a los que pondrán mucha atención, el resto de las acciones de gobierno serán inerciales y mucha retórica: continuarán cortejando a los empresarios que siempre le dirán que sí a la presidenta, pero sin mencionar cuándo; en las mañaneras, los funcionarios informarán de los avances en la revisión de T-MEC y la buena relación con Trump; presumirán el tipo de cambio, los poquitos empleos que se crearán y las cifras de inversión extranjera.

Seguridad. Esta es el área de gobierno más reconocida y la más presumida por Sheinbaum, al grado de que ha logrado comenzar a restaurar la relación de confianza con Estados Unidos. Sin embargo, a partir del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, se hicieron muy evidentes los límites de la estrategia de seguridad, la insuficiencia de los logros alcanzados (reducción de homicidios) y se incrementaron las críticas por el freno de las investigaciones en los dos casos de la vinculación de políticos de su partido y crimen organizado, el huachicol fiscal y La Barredora, lo que generó fuertes críticas a Sheinbaum por consolidar el pacto de impunidad para los morenistas, vigente desde tiempos de AMLO.

No parece que en 2026 haya cambios desde dentro del gobierno. García Harfuch seguirá haciendo lo que sabe hacer muy bien: operativos exitosos (detención de líderes de células violentas, destrucción de laboratorios y contra delitos específicos, como los realizados contra la extorsión o el robo en carreteras) con base en trabajo de inteligencia. Pero todo ello tendrá un impacto muy limitado por los límites estructurales de la estrategia (imposibilidad de darles permanencia a los operativos por la falta de policías locales eficaces; insuficiencia e inexperiencia de la Guardia Nacional, rezagos de los ministerios públicos, etc.). El impacto político tendrá rendimientos decrecientes.

También seguirán presumiendo la reducción de homicidios, aunque permanezcan las dudas sobre su magnitud real (no han aclarado la evidente manipulación estadística existente en la clasificación de homicidios y “otros delitos que atentan contra la vida”), sobre todo porque varias regiones del país seguirán siendo territorios de alta violencia, por los profundos reacomodos de las estructuras y los mercados criminales.

La gran interrogante en materia de seguridad es qué hará el gobierno frente a la creciente demanda de acabar con la impunidad de los políticos que protegen y lucran por su vinculación con el crimen organizado. Ya está claro que la presión social interna no moverá a Sheinbaum, pero el problema es que la Casa Blanca parece estar cada vez más decidida a tomar cartas en el asunto, incluso por medios militares. Que el secuestro de Maduro haya sido por motivos de narcotráfico mandó el mensaje muy claro de lo que están dispuestos a hacer para satisfacer los caprichos políticos de Trump. El margen de maniobra de la presidenta se redujo considerablemente. Si hace unas semanas el peor escenario para el gobierno era que un día E.U. publicara una lista de políticos de alto nivel para que sean extraditados, ahora la pesadilla de la presidenta debe ser que la despierten a medianoche para avisarle que helicópteros de estadounidenses están aterrizando en algún palacio de gobierno o en un rancho cerca de Palenque.

Lo racional sería que la iniciativa la tome Sheinbaum por dos razones. Primera, para impedir una intervención militar y reducir la vulnerabilidad en las negociaciones del T-MEC; segunda, para darle mayor eficacia y credibilidad a la estrategia de desarticular a las organizaciones criminales, pues no detener a los políticos que las protegen las hace fuertes. La gente de Sinaloa, Tabasco, Michoacán y otros muchos estados paga las consecuencias.

Pero hasta el momento todo indica que, desde su perspectiva, el costo político en términos de la unidad de Morena y del respaldo de los sectores duros y del mismo López Obrador a Sheinbaum, sería mayor. Otra vez, el gobierno haciendo malabarismos muy costosos entre no molestar a su antecesor y la necesidad de gobernar.

Política. La acción propiamente política del gobierno en 2026 está trazada por el gran éxito de la 4T en 2025: la consolidación/legalización del modelo autoritario de gobierno a la que le falta solo una pieza relevante: la reforma electoral. Si Sheinbaum ya se dio cuenta de que administrar el desastre que heredó sin la eficacia necesaria (la economía sigue estancada, la violencia elevada, el crimen organizado empoderado; la compra de medicinas incompleta, etc.) ha producido un descontento social creciente, también aumenta el riesgo de sufrir derrotas en las elecciones de 2027 (la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y gubernaturas). Corolario: la reforma electoral deberá garantizar que eso no ocurra, por tanto, no habrá concesiones a la oposición: menos dinero, menos legisladores de representación proporcional, reglas más fáciles para formar mayorías calificadas, autoridades electorales sometidas. Habrá un debate intenso y ríspido, con posibilidades de que el PT y PVEM se separen de la coalición oficial y se denuncie internacionalmente la regresión autoritaria, pero la 4T se saldrá con la suya.

El país quedará más polarizado y el endurecimiento presidencial, plenamente exhibido con motivo de la marcha del 15 de noviembre de la generación Z, será el tono político del año. La descalificación y los ataques a la oposición se justificarán ahora más fácilmente en nombre de la unidad nacional frente a las amenazas de Donald Trump, y abundarán las acusaciones de traidores a la patria a quienes se atrevan a disentir del gobierno o a demandar el fin de la corrupción y la impunidad de quienes se han asociado y protegido a las organizaciones criminales. Todo para mantener la unidad de Morena, prolongar el beneplácito del habitante de Palenque y consolidar su poder.

Finalmente, ante el nuevo y grave desorden mundial y los profundos reacomodos geopolíticos que se avecinan luego de la indefendible intervención estadounidense en Venezuela, hay dos herencias de AMLO que adquieren una relevancia enorme porque el actual gobierno no ha hecho nada para corregirlas y, de no hacerlo, los daños para México serán considerables.

Una, la ausencia de una política exterior seria. Defender dictaduras y coquetear con los enemigos de E.U. y al mismo tiempo querer trato privilegiado en materia comercial no son compatibles. Reducir la relación con E.U. a las llamadas telefónicas con Trump, por más cabeza fría que tenga Sheinbaum, e invocar la soberanía nacional en todas las mañaneras exhiben una comprensión muy limitada de la diplomacia. Ejercer una presidencia sin viajar al extranjero ni participar en las reuniones multilaterales para impulsar alianzas estratégicas y, de ese modo aislar al país, tampoco parece muy inteligente. Invocar la doctrina Estrada como el discurso único frente a cualquier evento de impacto global para posicionar al país frente a un orden internacional que se desmorona es claramente insuficiente. ¿Cómo defender los intereses de México en esta nueva situación de ruptura del derecho internacional y de luchas violentas por imponer zonas de influencia?

Dos, la política de seguridad nacional desapareció por completo hace siete años y el Cisen, hoy CNI, encargado de coordinar la elaboración de la agenda nacional de riesgos (para precisamente proteger los intereses nacionales) fue desmantelado y rebajado a una dependencia menor de seguridad pública. La ignorancia de AMLO en la materia no sorprendía. Pero que en este gobierno se insista en que el CNI se dedique únicamente a investigaciones de seguridad pública para apoyar al ministerio público, según lo declaró Sheinbaum en diciembre pasado, es un grave error. Todos los Estados tienen política de seguridad nacional para definir estrategias de prevención y administración de riesgos, para saber qué hacer tanto para impedir que se concreten o para minimizar sus daños.

Sin política exterior seria y sin política de seguridad nacional, México será un barco a la deriva, sin timón ni motor en la tormenta que ya inició. ~