México vive una crisis de violencia de género y feminicidios que es urgente resolver. Diariamente, cientos de niñas y mujeres son agredidas, violadas, asesinadas y revictimizadas por individuos e instituciones que nos violentan tanto en lo social como en lo político y económico. Las cifras son de horror y sin embargo poco sabemos de la magnitud real del fenómeno. Las respuestas gubernamentales escasean y, cuando aparecen, lejos de apaciguar, ofenden. Entre tanto, la urgencia e indignación se acumulan y dan paso a nuevas formas de exigencia que se salen de las lógicas políticas tradicionales. Son las mujeres más jóvenes, hartas de tanta simulación, quienes se han organizado en un poderoso movimiento que reclama la titularidad de sus derechos y rechaza el estado actual de las cosas, exigiendo un nuevo pacto social. La demanda es clara: el Estado mexicano debe reconocer la magnitud de la violencia contra nosotras y cambiar en consecuencia.
¿Pero de dónde viene tanto enojo? Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en nuestro país 10 mujeres son asesinadas diariamente. De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia México (REDIM), 1 de cada 10 feminicidios se comete contra niñas y adolescentes menores de 17 años. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) demuestra que de las mujeres mayores de 15 años que quedamos vivas, el 66% hemos sufrido algún incidente de agresión física (34%), emocional (49%), económica (29%) o sexual (41.3%), y que lo hemos sufrido a manos de agresores conocidos o desconocidos, tanto en el espacio privado como en el público.
Si bien la violencia de género y los feminicidios no son homogéneos y presentan importantes diferencias geográficas, temporales y socioculturales, su aumento es dramático. A ese aumento hay que sumar la dimensión de género que los hace distintos a la violencia sufrida por los hombres. Por ejemplo, un hombre no es más susceptible de sufrir violencia o ser asesinado en función de su estado civil, mientras que una mujer sí. Según la ENDIREH, las mujeres que tienen o tuvieron una relación de pareja están más expuestas a las agresiones que aquellas que permanecen solteras
((Sin embargo, en este último grupo poblacional hay también razones para activar las alarmas, pues la violencia emocional que sufren aún sin vivir en pareja (34.3%) se acerca a la que viven las mujeres casadas o unidas (37.5 por ciento), y la violencia física toca ya a cerca de medio millón de jóvenes que enfrentan situaciones de gravedad.
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, incluso si hoy en día la brecha entre ambos grupos tiende a cerrarse, sobre todo para el caso de violencia psicológica.
No es un secreto que con la militarización de la seguridad pública el riesgo de convertirse en víctima de la violencia letal aumentó para toda la población. Sin embargo, este aumento no parte de la misma base para las mujeres, pues a diferencia de los hombres, ya arrastrábamos un historial de violencia privada que tampoco cesó. Data Cívica identificó que, entre 2007 y 2017, los asesinatos de mujeres registraron un cambio fundamental en los patrones de victimización y en los perfiles de las víctimas debido, precisamente, a que la violencia en el espacio público superó por primera vez en décadas a la violencia que tradicionalmente vivimos en espacios privados y porque, si bien los asesinatos de mujeres crecieron para todos los grupos etarios, la tasa de mujeres jóvenes asesinadas de entre 20 y 35 años se triplicó.
Y esto es solo la punta del iceberg, pues de violencia de género y feminicidio desconocemos mucho más. De entrada ¿cuántos feminicidios ocurren realmente en el país cada año? No lo sabemos. Tan sólo para 2019, el SESNSP reportó 890 feminicidios, mientras que el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios identificó más de tres mil. Las razones son múltiples: tenemos distintas fuentes oficiales que cuantifican diferentes cosas, no todos los estados tienen el tipo penal de feminicidio definido en sus códigos, no todas las autoridades inician todas las carpetas de investigación como feminicidio y no todas las que lo hacen logran acreditarlo adecuadamente.
Solo para adentrarnos en una de estas razones, pongamos el ejemplo de los datos. El INEGI reporta homicidios dolosos de mujeres sin utilizar la categoría de feminicidio debido a que los registros en los que se basa (es decir, certificados, actas y cuadernillos de defunción) son llenados antes de la judicialización de los casos y por lo tanto antes de su vinculación a algún tipo penal en específico. Por su parte, el SESNSP reporta el número de carpetas de investigación abiertas en cada fiscalía, ya sea por los delitos de homicidio doloso de mujer o feminicidio, sin considerar registros emitidos por otras autoridades (sanitarias o registro civil) y obviando en la mayoría de los casos el problema de la clasificación del tipo penal. Esto sin mencionar que los datos proporcionados por las fiscalías no reflejan propiamente la incidencia delictiva, ya que pueden responder a otros fenómenos como la variación en la denuncia, la eficiencia de la autoridad o la calidad de los registros estadísticos.
Un segundo problema radica en que, fuera de la ENDIREH, sabemos muy poco sobre las distintas formas de violencia que tanto niñas como mujeres sufren de manera cotidiana, y que pueden o no llegar al feminicidio. En México Unido Contra la Delincuencia nos dimos a la tarea de analizar el número de carpetas de investigación iniciadas por el delito de violencia familiar, tanto a nivel nacional como estatal y municipal, con el objetivo de comparar el volumen de casos que este delito representa contra el total de carpetas de investigación iniciadas por la totalidad de los delitos, así como para analizar algunas diferencias regionales que puedan darnos más luz sobre el monstruo que enfrentamos.
Nos encontramos con varios problemas. De entrada, para la violencia familiar (a diferencia de otras como homicidio doloso, secuestro o extorsión) no se registra información sobre el número de víctimas contenidas en las carpetas ni sobre las características básicas de las víctimas (sexo y rango de edad). Tampoco conocemos la magnitud real del subregistro de este delito, porque, aun cuando el INEGI calcula en su Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) un estimado de la cifra negra (es decir, el total de delitos no denunciados) del total de delitos que ocurren en México, no hace el mismo cálculo de los delitos no denunciados para violencia familiar. Esto, a pesar de que los datos aportados por las fiscalías estatales demuestran que el número de víctimas es suficientemente alto como para poder hacer una estimación sin incurrir en errores estadísticos significativos.
Aun así, encontramos que durante 2019, a nivel nacional, el 10% del total de carpetas de investigación iniciadas por delitos del fuero común fueron registradas como casos de violencia familiar (202 mil 409 en total) y que dentro de las 98 categorías de delitos previstas en el instrumento de registro del SESNSP, la categoría de “violencia familiar” concentró el mayor porcentaje de carpetas de investigación iniciadas a nivel nacional. Otro dato interesante es que, si bien la mayoría de las fiscalías estatales reporta porcentajes elevados de carpetas de investigación iniciadas por violencia familiar (11% del total de carpetas de investigación iniciadas por delitos del fuero común en la Ciudad de México, entre 20 y 22% en estados como Chiapas, Durango, Coahuila o Nuevo León), aquellos que reportan porcentajes más bajos para este tipo de delito también reportan porcentajes atípicamente altos de delitos sin clasificación específica (“otros delitos del fuero común”).
La preguntas obligadas son: ¿qué pasa con todos estos casos y cómo utilizamos la información que arrojan para hacer política pública? Hasta el momento todo parecería indicar que permanecen algunos retos de compatibilidad entre los sistemas locales y federal, que en lo local las fiscalías tienen poca capacidad o dan poca importancia al correcto registro de los delitos, que siguen existiendo incentivos para el subregistro y que hacemos poco o casi nada para aprender de estas denuncias y evitar que la violencia contra las mujeres escale. Corregir este tipo de cosas es precisamente lo que puede lograrse si se adopta la perspectiva de género en la recolección de datos y la investigación de los delitos.
Ahora bien ¿qué hacer hacia adelante? Estefanía Vela, directora de Intersecta, lo exponía de manera magistral recientemente: lo primero es fomentar y posibilitar la denuncia, informando a las mujeres cómo y en dónde pueden hacerlo. Parecería obvio, pero Vela nos recordaba que un alto porcentaje de las mujeres que viven o vivieron violencia familiar o de género no denunciaron porque no sabían a qué autoridad acudir.
Segundo, posibilitar opciones de salida para esas mujeres que no están seguras en el hogar y que deben abandonar el espacio familiar luego de denunciar a su agresor. Ahí entran los refugios y los centros de justicia que pueden recibirlas si se trabaja en su suficiencia y eficacia, sobre todo por la vía presupuestal.
Tercero, revisar las historias detrás de los casos que ya sucedieron, para identificar las acciones u omisiones de la autoridad que posibilitaron el escalamiento de la violencia y corregirlas. Esto, como encontramos nosotras también, implica mejorar los sistemas de información, reducir el rezago de casos atorados en el sistema de justicia penal, tratar con perspectiva de género los casos –sobre todo– penales y de lo familiar y mejorar los protocolos de referencia y contra-referencia en los servicios de salud, entre otros.
Cuarto, esclarecer los feminicidios de los que ya conoce la autoridad. Después de todo la acción más efectiva contra la violencia de género es que no quede impune.
Es maestra en Gestión Pública y Gobernanza por la London School of Economics, maestra en Ciencia Política por la Universidad Sorbona y licenciada en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey y el Instituto de Estudios Políticos de París. Es directora general de México Unido Contra la Delincuencia, A.C.
