La Argentina atraviesa por una de los peores crisis de su historia. Incluso episodios dramáticos como la hiperinflación del 89 palidecen al compararse con la situación actual: parálisis económica, descomposición política y violencia social, desempleo a niveles dramáticos, desprestigio de las instituciones, son algunos de los factores que han pues-
to al país al borde del colapso y la desintegración. Tal vez la anécdota tragicómica de haber tenido cinco presidentes en diez días resuma mejor que ninguna otra la gravedad de la situación. Para colmo, el gobierno de Duhalde parece estar equivocando el diagnóstico y pretende afrontar el problema con las mismas recetas que lo crearon: cerrar la economía y aumentar las regulaciones, los controles y el peso del sector público en la economía.
Pocos imaginaban este desenlace a mediados de los noventa, cuando Argentina crecía a altas tasas, y parecía encaminarse hacia el desarrollo y la estabilidad. Pero, a poco de repasar los hechos, se perciben con claridad los gérmenes de esta penosa realidad.
En 1989, luego de años de políticas económicas populistas, agudizadas con Alfonsín, Argentina cayó en la hiperinflación. Fue el final de un periodo de cuatro décadas signado por la irracionalidad en el manejo de la economía, que "logró" el milagro inverso de convertir a una de las naciones más prósperas y ricas del orbe en un país estancado y mediocre. En medio de aumentos de precios delirantes, convulsiones sociales, saqueos y violaciones a la propiedad privada, asumió el poder Menem, quien estableció la convertibilidad peso-dólar y dio comienzo a un proceso de reformas tendientes a las privatización, la desregulación y la apertura. Estas políticas significaban cambiar algunas de las banderas tradicionales del peronismo, que históricamente promovió el papel central del Estado en la economía. No es un cambio menor, ya que en la implementación de estas políticas racionales y modernizadoras quedó clara la poca comprensión y el escaso compromiso de muchos de los principales líderes peronistas con la filosofía que las inspiraba. Lo cierto es que se estableció un marco macroeconómico más serio y racional y, sobre todo, se "ató" la moneda local a la divisa americana, permitiendo eliminar la inflación y estableciendo las condiciones para un manejo más serio de las finanzas públicas.
Los beneficios de este programa fueron impresionantes: entre 1991 y 1995, el PIB creció al 9% anual, la inversión al 25%, las reservas y los depósitos se incrementaron tangencialmente. Reapareció el crédito —ausente por años— y millones de argentinos pudieron acceder a una vivienda, a un auto o simplemente a un electrodoméstico cuya compra había sido aplazada.
Argentina se convirtió en uno de los destinos preferidos de los capitales internacionales, que llegaron a más de ochenta mil millones durante la década. De no menor entidad es lo que ocurrió con el comercio internacional. A pesar de estar la economía atada a la moneda más fuerte del mundo, las exportaciones crecieron más del 150%, pasando de diez mil millones en 1990 a 25 mil en 2000. Aun considerando la década completa —en el periodo 95-99 el ritmo de las reformas se atemperó y el crecimiento fue menor—, el saldo resultó ampliamente positivo para el país. Sin embargo, el Plan de Convertibilidad requería condiciones que, lamentablemente, no se cumplieron, generando su colapso.
Los ejecutores de las nuevas políticas del gobierno de Menem no eran necesariamente hombres consustanciados con la filosofía liberal que supuestamente las inspiraba. El propio Cavallo se definía como un economista heterodoxo y pragmático. El desconocimiento o la incomprensión de ciertos aspectos esenciales que permiten el funcionamiento de la economía de mercado, en particular el enorme papel de las instituciones, trajo como consecuencia un programa en el que convivían medidas acertadas con otras equivocadas e incoherentes. Se privatizaron, es cierto, todas las empresas. Pero si en muchos casos las ventas fueron impecables, asegurando a los consumidores mercados abiertos y competitivos, en otras simplemente se trasladaron monopolios estatales a manos privadas, con el consiguiente perjuicio para la sociedad. Las desregulaciones también fueron a medias, y no alcanzaron al mercado del trabajo, con el consecuente aumento del desempleo. La economía se abrió pero no lo suficiente, sobre todo si se compara con el exitoso proceso chileno.
Pero si estos aspectos han jugado un papel negativo, el nudo central del problema es el comportamiento del sector público durante la década. Los gastos estatales crecieron un 90%, pasando de cincuenta mil millones de dólares en 1991 a más de 95 mil millones en 2000: un 90% de aumento, mientras la economía sólo crecía un 50%, se privatizaba todo y se pregonaba la economía de mercado. Increíble, pero cierto.
Este comportamiento del Estado dinamitó los cimientos del Programa de Convertibilidad. Porque el aumento del gasto público generó déficit, que se cubrió con más y más deuda pública, la cual a su vez generó más y más intereses, provocando así un circulo vicioso que llevaría inexorablemente al país al default.
El segundo mandato de Menem fue francamente negativo. El presidente se dedicó a buscar su nueva reelección, continuó expandiendo el sector público y no avanzó en las reformas que debían dotar de más solidez a las instituciones.
De la Rúa, elegido presidente en el 99 con la promesa de mantener la convertibilidad, nunca tuvo el apoyo de su partido ni de la coalición que lo llevó al poder. Comenzó su gestión subiendo los impuestos —en vez de bajar el gasto—, y entre sus propias dudas e indefiniciones perdió la oportunidad de reencauzar al país en marzo de 2001. Fue entonces cuando Ricardo López Murphy —un sólido y respetado economista graduado en Chicago— planteó con severidad los verdaderos problemas del país, y propuso una drástica reforma del Estado para bajar sus gastos y no subir los impuestos. Sin embargo, su programa apuntaba al corazón de los lobbys: la corporación política, los sindicatos y los dirigentes universitarios reaccionaron con virulencia. De la Rúa no apoyó a su ministro y éste se fue, con su prestigio intacto, mientras se perdía una oportunidad histórica.
Cavallo, que ya había dado "soporte técnico" a la extraordinaria expansión del gasto público en la década pasada, dio prioridad a sus intereses políticos frente a la economía. Pretendió minimizar el problema fiscal y creyó que bastaba su presencia en el gobierno para transmitir confianza y hacer que la Argentina creciera. No fue así. Desestimada la receta de reformar y reducir el sector público, el déficit continuó creciendo, mientras las fuentes de financiación se cerraban inexorablemente. Y aunque De la Rúa y Cavallo intentaron cambiar, con una política de déficit cero, los tiempos ya no los acompañaban.
Cuatro años de recesión, derrumbe de la recaudación, renegociaciones y canjes de deuda diversos, demandas sociales crecientes, fueron ingredientes de un cóctel explosivo. Ante una dirigencia política distraída, la desconfianza externa e interna aumentó, los acreedores dejaron de prestar y los ahorristas se dedicaron a retirar masivamente sus depósitos, ante el temor a nuevas confiscaciones o a una devaluación. Finalmente, en diciembre, la confiscación llegó y los depositantes fueron privados de la disponibilidad plena de sus ahorros.
Los cacerolazos se llevaron a De la Rúa el 20 de diciembre. Llegaron Puerta, Rodríguez Saa, Caamaño y, por fin, Duhalde. Durante sus efímeros y bufonescos días de gobierno, Rodríguez Saa declaró la cesación del pago de la deuda pública en una bochornosa sesión del Congreso. Los mismos políticos que con sus propuestas dispendiosas y despilfarradoras, sus presupuestos deficitarios, su "clientelismo" patético, generaron la deuda pública, se felicitaban y congratulaban por imponer el no pago, evadiendo sus responsabilidades y exponiendo a los argentinos al destino del incumplidor que deshonra sus deudas.
Al nuevo presidente, que perdió con holgura ante De la Rúa la presidencia, no lo favorecen sus antecedentes. Su perfil se acerca mucho más al del tradicional líder populista que al de político moderno. Gobernó la provincia de Buenos Aires entre 1991 y 1998, y la dejó al borde de la quiebra. El gasto creció durante su gestión de cuatro a once mil millones de dólares, con un déficit de más de dos mil millones. No son las mejores credenciales para manejar un país que requiere prudencia y austeridad.
Pero aun más preocupante es lo que ha hecho en materia económica. Abandonó la convertibilidad, estableció el control de cambios y amenaza con el de precios, estableció una ridícula norma que impide a las empresas despedir personal por seis meses. Demagógicamente, pesificó las deudas en dólares para no castigar a los deudores, mientras dice a los ahorradores que les devolverá los depósitos en la moneda original. Esto ocasiona un terrible daño al sistema financiero, ya al borde del colapso, que trata de compensar gravando injustamente con impuestos a la exportación de hidrocarburos.
La economía se cierra, los controles avanzan, las intervenciones crecen. Se pretende responsabilizar de lo que ocurre a las empresas extranjeras, a los inversores internacionales, al fmi. No es posible girar dinero al exterior ni hacer transacciones en dólares, reapareció el dólar paralelo y las perspectivas de inflación son ciertas. Argentina volvió al pasado, y a un pasado remoto que creíamos absolutamente superado. Y no se trata solamente de las medidas que adopta el gobierno. Hemos vuelto al pasado, también, en el debate político y económico: reaparecieron los eslóganes sobre la deuda externa, las críticas a las empresas, los cuestionamientos a las privatizaciones, las loas al estatismo. Y casi toda la dirigencia política acompaña estos tontos argumentos, tratando de evadir así su responsabilidad.
Nuestro país ha desandado buena parte del camino que había recorrido. Duhalde equivocó el diagnóstico. Tal vez, más pronto que tarde, deba asumir los verdaderos problemas que tiene el país. Cuanto más se demore, más sufrirá Argentina. –
