Durante los últimos dieciocho meses, el gobierno de México y sus críticos han estado enfrascados en una guerra de relatos. La indignación social por la desaparición de los 43 normalistas se expresó en una frase que al tratar de explicarlo todo de un plumazo termina por no explicar nada: fue el Estado. El gobierno federal respondió con una elaborada “verdad histórica” que se centra en la colusión entre cuerpos policiacos municipales y células del crimen organizado; una historia cuidadosamente reducida a lo local cuyo clímax sería una enorme pira en la que ardieron todos y cada uno de los 43 jóvenes desaparecidos.
De ahí, el asunto se volvió entraño, una especie de batalla piroclástica entre dos bandos que reclutaron “expertos en fuego”, supuestas imágenes de la NASA, partes meteorológicos, y otras pruebas a medio cocinar para apuntalar una necedad interesada. Si el gobierno se empeñó en defender la versión de que los 43 normalistas fueron asesinados y prontamente incinerados en el basurero de Cocula, los críticos se empeñaron en asegurar que ninguno de ellos pudo haber perecido en ese lugar. Todos o ninguno. La verdad verdadera (diría Perogrullo) probablemente entre estos extremos.
Indudablemente, todos los funcionarios federales que pasaron por el caso tenían una gran prisa por darle carpetazo al asunto. Del otro lado hubo también mucha prisa por rechazar todo relato que no se ajustara al marco preestablecido contenido en la frase “fue el Estado”. Y cómo esta frase opera en el plano de las oposiciones discursivas (en el horizonte de las batallas hegemónicas y contrahegemónicas) y no en el universo de los procedimientos judiciales, el movimiento encabezado por los padres de los normalistas y sus aliados jamás iba a validar el resultado de ninguna investigación gubernamental.
Precisamente por esta oposición irreducible entre relatos, se suponía que la labor del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) vendría a cortar de tajo la madeja de dimes y diretes. Pero tal es la capacidad mexicana para la confusión, democráticamente repartida entre gobernantes y gobernados, que el GIEI terminó atrapado también en esta guerra de posiciones. Aquí, sin embargo, hay que hacer una precisión. Si uno lee con atención los informes que ha presentado el GIEI, se observa, en todo momento, el esfuerzo de documentar las inconsistencias de las conclusiones ofrecidas por la PGR desde el inicio de la investigación. Se observa también la prudencia de no adelantar conclusiones propias por pura deducción o búsqueda de simetría. Han sido los voceros y aliados de los padres de las víctimas quienes han blandido el fundado escepticismo del GIEI como arma en una lucha más amplia contra el gobierno de Enrique Peña Nieto. Si el GIEI duda de la versión del basurero de Cocula, el movimiento alrededor de los normalistas da por hecho entonces que los desaparecidos estarán en poder del Ejército, por poner un ejemplo. Al GIEI, que vino a coadyuvar en una investigación, el movimiento lo erigió en defensor de su causa.
La presentación del segundo informe del GIEI ha desmenuzado nuevamente la enorme incapacidad de la PGR y todo el gobierno federal para llegar al fondo de esta tragedia. Lo que no ha hecho el informe es derribar el principal supuesto, reforzado con la hipótesis del quinto camión: un complot protagonizado por el crimen organizado. Esta es la única teoría plausible que explica tanto la desaparición de los jóvenes como la saña con la que se cometieron los crímenes.
Esto no es un asunto menor. Si nos planteamos honestamente la pregunta “¿qué hizo el Estado en la noche de Iguala?”, la respuesta más aterradora es esta: nada. Las instituciones del Estado mexicano no hicieron nada para proteger a la población de un ataque salvaje de una pandilla criminal; no hicieron nada para brindar protección a los jóvenes sobrevivientes (aquí es donde cabe la mayor responsabilidad del Ejército hasta donde sabemos); no hicieron nada para evitar que el crimen organizado infiltrara las fuerzas de seguridad hasta la médula, incluyendo muy probablemente algunos destacamentos de fuerzas federales ubicadas en la zona; no hicieron nada por llamar a cuentas a los partidos políticos que protegieron a alcaldes corruptos; no hicieron nada para garantizar una investigación profesional y apegada a derecho; no hicieron nada para evitar que la ineptitud de funcionarios de gobierno destruyera la posibilidad de conocer la verdad algún día.
Hay quienes piensan que la justicia solo llegará cuando alguien encuentre la pistola humeante en las manos del presidente o de uno de sus secretarios de Estado, como en el caso de Tlatelolco. Eso es lo que entienden de la frase “fue el Estado”. Hay quienes pensamos que las omisiones del gobierno federal en este caso, su prisa por enterrar una tragedia, su incapacidad inaudita ya no digamos para resolver un crimen, sino hasta para aparentar resolverlo, son muestras de una situación mucho más peligrosa que tener gobierno todopoderoso: tenemos un gobierno incapaz. Eso es lo que se desprende de la labor del GIEI y, aunque ya lo sabíamos, hay que agradecerles que lo vuelvan a evidenciar.
Politólogo, egresado de la UNAM y de la New School for Social Research.
