Cédulas de identidad

Hemos desperdiciado mucho tiempo y mucho dinero en registros, cédulas y credenciales inútiles, y todo indica que lo seguiremos haciendo. 
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En una aldea todos se conocen, con las ventajas y desventajas de saberse conocidos: acompañados y observados. No hacen falta credenciales. La identificación es un control social ejercido por todos. La "base de datos" sobre quién es quién está en la memoria. Identificarse ante extraños es una necesidad que aparece con los viajes y las grandes ciudades, donde todos se vuelven desconocidos.

La chismografía que acompaña a las personas reconocibles porque salen en televisión recupera algo de la vida aldeana, con una diferencia notable: la falta de reciprocidad. La multitud que adora a un cantante (y quiere saber cosas de su vida personal) es impersonal, a diferencia de la comunidad aldeana. Los fans no se conocen entre sí, ni pueden ser conocidos por su ídolo. John Lennon muere sin saber quién es el fan que lo reconoce y le dispara.

Esta asimetría tiene otra forma en el caso del poder. Los políticos televisados son como los cantantes: reconocibles y asesinables; pero los que ejercen el poder desde la burocracia anónima son desconocidos que pueden observar sin ser observados, investigar sin ser investigados, responsabilizar sin responsabilizarse. Cualquier persona está expuesta a que las autoridades la fotografíen, la fichen, la extorsionen, la secuestren o la maten impunemente. Teóricamente, responden del poder que recibieron; pero se las arreglan para responsabilizar a sus víctimas y a todos los ciudadanos.

Una gran parte de las extorsiones se hacen por teléfono desde las cárceles. Para acabar con esto, bastaría que las autoridades hicieran su trabajo y recogieran los celulares, en vez de cobrar por tolerarlos. Pero les pareció más fácil responsabilizar a millones de personas y someterlas al Renaut que acabar con la corrupción de unos cuantos miles de custodios. Naturalmente, el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil no funcionó. Los criminales siguen extorsionando y sus custodios protegiéndolos, a pesar del esfuerzo tirado a la basura de 62 millones de personas que registraron su celular.

El esquema se repite una y otra vez. En vez de ocuparse de las excepciones problemáticas, digamos el 1%, las autoridades se lanzan contra el 99% que nada tiene que ver. El 1% sirve de pretexto para multiplicar los controles autoritarios, la burocracia y el gasto público. Sucedió con el Registro Federal de Automóviles, que supuestamente protegía a los propietarios y en realidad sirvió para facilitar el robo y contrabando de autos. En vez de acabar con eso, el registro desapareció para volver como Registro Nacional de Vehículos. Millones de propietarios tuvieron que entregar sus datos a un distinguido criminal (buscado por la Interpol) que fue nombrado director sin investigarlo, y sin que los responsables de nombrarlo pagaran su descuido (intencionado o no). También con el pretexto de mejorar el control vehicular, se impuso un cambio de placas completamente innecesario, que tiró a la basura el tiempo y el dinero de millones de automovilistas, y los dejó con placas menos legibles.

Según Ilsen About y Vincent Denis (Histoire de l'identification des personnes), el uso masivo del carnet apareció en el siglo XX. De los expedientes delictivos se pasó a los ficheros policiacos centralizados, y de ahí al registro obligatorio de todos los posibles delincuentes: vagabundos, gitanos, extranjeros. La Sociedad de las Naciones (antecesora de la ONU) propuso un sistema internacional de pasaportes y visados para los refugiados, apátridas, emigrantes o viajeros. Hitler creó un carnet racial (que facilitaba la discriminación y el genocidio), Stalin un pasaporte interno (que impedía viajar sin permiso o cambiar de empleo sin permiso). En la Francia ocupada por los nazis se creó una cédula de identidad para todos.

Así se fue pasando del control de las excepciones al control total. Toda persona es sospechosa mientras no demuestre lo contrario. En muchos países no existe cédula de identidad (o desapareció) precisamente por eso: porque tiene un tufo totalitario.

En el Reino Unido, hubo mucha resistencia a su creación. Cuando se introdujo, el gobierno dio toda clase de seguridades sobre su manejo. A pesar de lo cual, hubo un escándalo en 2007 porque se perdió una copia de 25 millones de registros que nadie supo dónde quedaron. Esto fue tema de campaña en 2010, y ayudó a que los opositores ganaran las elecciones y suprimieran la cédula.

En México, el amor a los trámites barrocos, las pugnas interburocráticas y el interés de los proveedores han desatado una y otra vez las fantasías de control de la población. Los principales protagonistas han sido la Secretaría de la Defensa (que, sensatamente, fue desvaneciendo la famosa cartilla militar); la Secretaría de Hacienda (que impuso el Registro Federal de Contribuyentes con una mica que nunca se usó y con errores de "homonimia" que ahora quiere subsanar imponiendo un registro biométrico para la firma digital); el Instituto Federal Electoral (cuyos registros ciudadanos, inclusive fotos, se vendieron en los Estados Unidos) y la Secretaría de Gobernación.

Gobernación tuvo a su cargo la credencial de elector hasta 1990, cuando pasó al IFE. De lo cual se quiso consolar en 1996 imponiendo la CURP (Clave Única de Registro de Población), cuyas ambiciones protagónicas se revelan en la palabra Única, y que no sirve para nada (aunque logró que Hacienda la exija). Ahora quiere ampliar ese registro inútil (para el cual molestó a millones de personas) molestándolas nuevamente para incluir sus datos biométricos en una Cédula de Identidad igualmente inútil, que no excluye molestias adicionales para actualizarla o incluir datos adicionales. Afortunadamente, se ha topado con la resistencia del IFE (cuya credencial funciona como identificación oficial) y la Cámara de Diputados. De perdida, se lanzó al registro biométrico ¡de los niños! (como si la cara no cambiase con la edad), asegurando que las fotos no caerán en manos de pedófilos. Tan peligrosa tontería es el premio de consolación que exige su protagonismo.

¿Por qué no ficha a la clase política, donde hay uno que otro delincuente? ¿O al personal policiaco, judicial y carcelario que se resiste a la certificación? Porque (a diferencia de los niños) tienen recursos para defenderse. Y porque no tiene caso molestar a unos pocos delincuentes, cuando se puede molestar a toda la población.

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(Monterrey, 1934) es poeta y ensayista.


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