En mayo de este año, el Instituto Federal Electoral aprobó considerar cuatro mil 109 secciones de atención especial por el rubro de inseguridad pública, de nueve mil 311 secciones que, por distintos rubros, necesitarán acciones especiales por parte de los capacitadores asistentes electorales[1].
De acuerdo con el IFE una sección electoral con problemas de seguridad o salud pública es aquel “lugar donde se presentan hechos presuntamente delictivos de diversa naturaleza y violentos, zonas donde se identifica la presencia de fenómenos como pandillerismo, alcoholismo, drogadicción, prostitución y enfermedades endémicas, además de áreas y caminos con personas armadas y acceso restringido para llegar a las localidades”. Ejemplos de estas secciones son las que se encuentran en Ciudad Juárez, Chihuahua, El Fuerte, Sinaloa, Uruapan, Michoacán e incluso algunas delegaciones del Distrito Federal como Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Cuauhtémoc.
La propuesta es que la autoridad electoral asegure el entorno en el que los votantes sufragan. Y por “asegurar” no me refiero solamente al hecho de buscar incrementar la participación de los ciudadanos en las urnas (este año mayor al 60% del padrón), sino también a que los electores puedan acudir a la casilla en un entorno de seguridad. Para ello, habrían de implementarse protocolos de seguridad entre el IFE y el gobierno federal para proteger el material electoral, a los capacitadores y a los funcionarios de casilla (antes y el día de la elección). También contemplaría una oferta de transporte público para que los ciudadanos que habitan en las zonas más críticas tengan una alternativa segura para ir a votar. El IFE pondría al alcance de los ciudadanos autobuses balizados con sus logotipos con rutas preestablecidas resguardadas por las fuerzas armadas o la policía (federal, estatal o local) para llegar a la casilla y regresar a sus casas a los votantes. De esta manera se podrían evitar incidentes violentos como los de Guerrero, Tamaulipas o Sinaloa.
En Guerrero, en la casilla 2111 del municipio de San Miguel Totolapan, un grupo armado intercepto a los funcionarios de la casilla electoral, a quienes después de amagarlos con armas de fuego y revisarles la paquetería electoral, los dejaron en libertad. De igual manera, en el municipio de Coyuca de Catalán, hombres armados se llevaron urnas y boletas electorales de la casilla número 0998, regresándolas horas después con los votos sufragados de los habitantes de la comunidad de Los Ciruelos, de este mismo municipio.
Por otro lado en Tamaulipas, en el municipio de Güemes, hombres armados llegaron a la cabecera municipal para llevarse las urnas que contenían la votación por la presidencia y el Senado.
Los ejemplos más delicados se dieron en los municipios sinaloenses que forman parte del “triángulo dorado”. Mercedes Murillo, candidata al Senado, escribió días antes de la elección al Consejero Presidente del IFE para informarle que “hay un problema grave debido a la violencia causada por organizaciones delictivas en comunidades ubicadas en la serranía de los municipios de Choix, Badiraguato y Sinaloa de Leyva… Sujetos armados indican que sólo gente del PRI y del IFE entran”. En la carta, la entonces candidata recomendó al IFE que no se instalaran casillas en varias localidades porque eran vulnerables a “actos ilícitos de carácter electoral”, pero sobre todo porque corría peligro la vida e integridad de representantes de partidos y funcionarios de casilla.
Sin duda el IFE no es responsable de la seguridad pública de las zonas en donde se instalan las casillas (esa atribución es de los poderes ejecutivos de los tres órdenes de gobierno), pero sí es corresponsable en asegurar que los ciudadanos podamos ejercer nuestro derecho al voto de manera segura.
[1]El texto se elaboró con base en diversas fuentes periodísticas ya que la información actualizada de las secciones de atención especial aún no está disponible en www.ife.org.mx
Politólogo mexicano interesado en las políticas públicas de seguridad. Ha trabajado en el gobierno federal y como consultor en temas de seguridad, inteligencia y políticas públicas.
