Después de cuarenta años de gestión ambiental en México, el país no ha podido detener la pérdida de su patrimonio natural y el deterioro de la calidad de vida de la mayoría de los mexicanos. El crecimiento económico sigue acoplado a la emisión de contaminantes y gases de efecto invernadero; entre más crece la economía, más crece su intensidad de carbono, de tal suerte que en la actualidad cada habitante del país genera 4.6 toneladas de CO2 tan solo por la quema de combustibles fósiles[1]. Más de la mitad de la población nos hemos desplazado a las ciudades, reproduciendo una y otra vez esquemas urbanos desordenados e insustentables y hemos abandonando el campo, donde hoy predomina la pobreza y el rezago. Los cambios globales del clima nos han revelado recientemente la vulnerabilidad de nuestra gente y de los sistemas productivos nacionales ante fenómenos meteorológicos extremos, como la sequía, los huracanes y las inundaciones.
Esta circunstancia no es producto de un desconocimiento generalizado de la situación ambiental del país o de una falta de claridad sobre las acciones organizativas, legales y tecnológicas que son necesarias aplicar desde el gobierno, la industria o la sociedad civil. No. Es producto de la displicencia gubernamental, del abuso de algunos actores económicos que buscan rentas desproporcionadas en el cortísimo plazo, de la omisión de las autoridades en los tres niveles de gobierno y, en no pocas ocasiones, de la falta de interés, preparación, entendimiento y visión de futuro de ese colectivo amorfo que luego llamamos “tomadores de decisiones”.
Por la relevancia del tema en la agenda política nacional e internacional, el tema ambiental fue finalmente elevado a una secretaría de Estado en los años 80, cuando surgió el paradigma del desarrollo sustentable[2]. En lo que va de este siglo, los gobiernos del PAN han consolidado una Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), fortaleciéndola principalmente con presupuesto. Tan solo en el último sexenio sus erogaciones presupuestales crecieron de poco menos de 2 mil millones a 6 mil 800 millones de pesos. La mayor parte de estos recursos, transferidos a la población como subsidios y pagos por servicios ambientales, se han dedicado a obras hidráulicas, programas de reforestación e infraestructura para inducir un manejo adecuado de la basura municipal. En contraste con la bonanza presupuestal, la capacidad de gestión y vigilancia de la SEMARNAT está claramente erosionada, en parte, porque el tema ambiental queda relegado a un segundo plano cuando hay que decidir entre el beneficio económico de una obra o la protección de la naturaleza, pero también por la debilidad y obsolescencia en la que han caído sus estructuras administrativas y los instrumentos de política que estas aplican. México posee el conjunto de normas más laxas, desactualizadas y permisivas de la OCDE, derivado por un lado de la moratoria normativa impuesta por los gobiernos panistas, que se ha venido justificando como una política de simplificación administrativa y desregulación, y por el otro, a la captura regulatoria[3] que en el sector ambiental han ejercido los monopolios energéticos paraestatales, las empresas privadas y diversos sectores productivos corporativizados.
La legislación ambiental en México ha quedado rezagada ante los avances tecnológicos mundiales y la gravedad de la problemática ecológica nacional y global. Además, la "cadena" jurídica de instrumentación, o sea, los reglamentos y normas que deberían de existir para su adecuada aplicación y vigilancia, está trunca en muchas temáticas, especialmente tratándose del manejo de los recursos hidrológicos y marinos del país, la prevención de la contaminación del aire y la justicia ambiental. Un avance importante se dio en la expedición de la nueva Ley General de Cambio Climático en el último año de gobierno, cuya reglamentación e instrumentación será una tarea fundamental para la nueva administración.
En su diseño orgánico, la SEMARNAT encabeza hoy día un sector donde los gobiernos panistas agruparon órganos desconcentrados y descentralizados que llevan a cabo la administración del agua (CONAGUA e IMTA), las actividades forestales (CONAFOR), la protección de áreas naturales y la biodiversidad (CONANP y CONABIO), el cambio climático (INECC) y la vigilancia ambiental (PROFEPA)[4]. El diseño priísta original del sector ambiental a finales del siglo pasado incluía a la pesca, que por sus características productivas fue desincorporado del sector en el año 2000, para incluirse en el sector primario encabezado por la SAGARPA y así evitar el dilema administrativo de ser juez y parte cuando de pescar y cuidar al pez se trata; pero el recurso pesquero podría visualizarse burocráticamente de la misma manera que el forestal y no sobran voces que con razón solicitan la estructuración de una gestión marina integral en el sector ambiental. Cierto es que la pesca en México, tanto ribereña como de altura, sigue siendo más una actividad extractiva devastadora que una industria tecnológicamente evolucionada que procura un manejo sustentable del recurso, por lo que se requiere una regulación y vigilancia ambiental mucho más estricta así como de una sólida política de Estado para cambiar el paradigma nacional de esta actividad productiva, ampliamente subsidiada y atrasada.
La historia administrativa del agua en el sector ambiental fluye por cauces más abundantes. Desde el punto de vista presupuestal, la SEMARNAT sufre literalmente de hidrocefalia, ya que la Comisión Nacional del Agua concentra más del 70% de los recursos asignados a los temas ambientales. Esta circunstancia mantiene los impulsos centrífugos de la CONAGUA, cuyo titular es designado por el presidente de la república; caso similar al de la CONAFOR, que por su parte ejerce el 12% del presupuesto sectorial. Al igual de lo que ocurre con SENER, que agrupa a PEMEX y la CFE, la capacidad de mando del Secretario en el sector se ve mermada por la inevitable desproporción institucional de la CONAGUA y la CONAFOR, sopesada en dinero y capacidad operativa; sin mencionar el acceso directo de sus titulares a la Presidencia, que les da ventaja a la hora de definir políticas públicas.
Para muchos, la creación de una Secretaría del Agua es evidente, más a la luz del impacto social y económico causado por un periodo prolongado de sequía. De llevarse a cabo, la separación de la administración del agua del sector ambiental requerirá de fuertes contrapesos regulatorios y de vigilancia, para que la dotación y uso del recurso hídrico respete el gasto ecológico, en cantidad y calidad, necesario para proteger la salud pública y lograr la conservación de las áreas naturales protegidas y la biodiversidad natural y paisajística del país.
Cabe recordar que la justicia ambiental en México es tardía y parcial tratándose de personas o comunidades, e inexistente tratándose de ecosistemas y especies amenazadas y en peligro de extinción. Los daños ambientales en nuestro país nunca son resarcidos totalmente, se asumen como parte de las deseconomías externas del desarrollo. A veces son "compensados" con medidas limitadas, las cuales se especifican en las resoluciones de la PROFEPA o en los dictámenes de las Manifestaciones de Impacto Ambiental que deben incluir los proyectos de obras o servicios antes de realizarse; pero en la mayoría de los casos, estas compensaciones son poco satisfactorias o ineficaces desde el punto de vista ecológico. La impunidad ambiental es más evidente a nivel local, por ejemplo, un presidente municipal puede omitir en su administración las responsabilidades ambientales que le establece el artículo 115 de la Constitución, en particular no hacer un manejo adecuado de la basura, no construir plantas de tratamiento de las aguas residuales u omitir la expedición y el cumplimiento de un plan de ordenamiento ecológico territorial, sin que exista una autoridad o un mecanismo legítimo para sancionarlo y corregir el ecocidio que muchas veces provocan sus decisiones o inacción. Esto mismo ocurre con autorizaciones de pozos de agua, obras de infraestructura carretera y edificios, por poner solo unos ejemplos igualmente promovidos por entidades y funcionarios del gobierno federal o los gobiernos locales.
El sector ambiental, o más bien el Estado mexicano, requiere urgentemente de una Procuraduría Federal de Protección Ambiental independiente y autónoma, capaz de vigilar y en su caso sancionar por igual a entes privados como de gobierno. Este es sin duda uno de los mayores retos del próximo gobierno, pues la posible separación y el fortalecimiento presupuestal, tecnológico y administrativo de la PROFEPA, para que sea efectiva, debe ir aparejada del establecimiento de salas especializadas del Poder Judicial en materia de medio ambiente, donde exista unaprofesionalización de jueces y funcionarios de la judicatura.
En el oficio de proteger el medio ambiente y lograr un manejo sustentable, que no sostenido, de los recursos naturales del país, se requiere de la colaboración de prácticamente todos los sectores de la sociedad y del gobierno.Los esquemas de gestión ambiental más exitosos a nivel mundial son transversales, es decir, las metas y medidas para mejorar el ambiente son responsabilidad de las autoridades que regulan y promueven las actividades productivas, y no solo de la Secretaría del ramo.
Finalmente, es importante destacar que el campo de la innovación y adopción de nuevas tecnologías limpias en el país esta desactivado, lo que nos condena a ser una fuente de ingresos rentistas en lugar de un polo de desarrollo industrial que genere riqueza por el surgimiento de una economía verde y de baja intensidad de carbono. Esta situación está generando un peligroso retraso tecnológico y una pérdida de competitividad en múltiples sectores productivos y de servicios de la economía, particularmente en el de la energía, el transporte y la construcción. México tiene el potencial y la necesidad de lograr en esta década un crecimiento económico sustentable, lo suficientemente robusto para enfrentar de manera simultánea los dramáticos niveles de pobreza de la población y los enquistados problemas ambientales. El nuevo gobierno tiene la palabra.
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Las opiniones aquí expresadas son a título personal y no representan la postura del Centro Mario Molina.
[1] En el año 2000 se emitían 3.4 ton CO2/habitante por la quema de combustibles fósiles.
[2]La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología se creó en 1982.
[4]CONAGUA. Comisión Nacional del Agua; IMTA. Instituto Mexicano de Tecnología del Agua; CONAFOR. Comisión Nacional Forestal; CONABIO. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad; CONANP. Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas; INECC. Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático; PROFEPA. Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
Ingeniero Ambiental; Presidente Fundador del Colegio de Ingenieros Ambientales de México. Actualmente es Coordinador de Programas del Centro Mario Molina.
