La Secretaría de Salud (SSA) es una de las instancias del gobierno federal que se ha fortalecido en los últimos 30 años con la implementación de verdaderas políticas de Estado que le han permitido mantener un rumbo claro a lo largo de varias administraciones. El mejor ejemplo de esto es el Programa de Vacunación Universal, que cuenta con uno de los esquemas de inmunización más completos y de mayor cobertura de toda América.
Sobre este proceso de progreso sostenido, en los últimos 12 años se produjeron en la SSA avances muy importantes en cuatro áreas (protección financiera y cobertura de servicios de salud, calidad de la atención, protección contra riesgos sanitarios, y transparencia y rendición de cuentas) y se consolidaron diversos esfuerzos con el fin de cumplir con las metas en salud de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
La creación del Sistema de Protección Social en Salud y su brazo operativo, el Seguro Popular, representa uno de los avances más significativos en materia de salud de los últimos 50 años en México. Gracias a este sistema, el presupuesto de la SSA (Ramo 12) se multiplicó por cuatro en términos reales entre 2000 y 2012. Esto permitió ampliar la cobertura de servicios esenciales de salud a casi toda la población y ofrecer acceso universal a un paquete de servicios especializados que incluye el tratamiento de cáncer en niños, VIH/sida y cáncer de mama, entre otros, aumentando así el nivel de protección financiera de la población mexicana, que se reflejó en el descenso de la prevalencia de gastos catastróficos por motivos de salud. Esta ampliación presupuestal permitió también extender la red de los Servicios Estatales de Salud con la construcción de cinco hospitales regionales de alta especialidad, más de 100 hospitales generales y casi 2000 unidades de atención ambulatoria. El gran reto en este sentido sigue siendo la atención de la población rural dispersa, sobre todo la población indígena, que, aunque afiliada al Seguro Popular, sigue teniendo problemas de acceso regular incluso a servicios básicos.
Otro logro importante fue incorporar el tema de la calidad de la atención a la agenda nacional de salud a través de programas como la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud y SICALIDAD, y de iniciativas como el monitoreo regular de indicadores de calidad en todas las instituciones públicas de salud y la acreditación obligatoria de las unidades que ofrecen servicios al Seguro Popular. La Cruzada y SICALIDAD han tenido impactos importantes sobre todo en indicadores de calidad interpersonal (tiempos de espera, trato a los usuarios, condiciones de las instalaciones básicas). Ahora el desafío es implementar nuevas iniciativas para mejorar la seguridad y la calidad técnica de la atención, sobre todo de los pacientes que sufren de diabetes e hipertensión arterial, que son las principales causas de muerte en nuestro país.
Por lo que se refiere a los servicios de salud pública, una de las medidas más trascendentes de los últimos años fue la reorganización de las actividades regulatorias a través de la creación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), encargada de vigilar la seguridad y efectividad de los nuevos medicamentos y otros insumos, regular la seguridad alimentaria, vigilar la aplicación de las normas medio-ambientales y de salud ocupacional y regular la comercialización de sustancias peligrosas como el alcohol y el tabaco. Ejemplos de la importancia de la COFEPRIS son las medidas para el control del consumo de tabaco, que incluyen la prohibición de la publicidad en medios de comunicación, la aprobación de la Ley General para el Control del Tabaco y el aumento de los impuestos a este producto. Las inversiones en materia de vigilancia y control epidemiológico han sido también cruciales. Destacan dentro de ellas el fortalecimiento de la red de laboratorios estatales de salud pública y de los planes y reservas estratégicas para enfrentar posibles contingencias, que fue decisivo en la pandemia de gripe AH1N1 de 2009.
Cabe destacar asimismo el esfuerzo que se ha hecho recientemente en materia de transparencia y rendición de cuentas, áreas muy pobremente desarrolladas antes del año 2000. De la mano de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y, particularmente, de la Ley General de Desarrollo Social, que norma la evaluación de las políticas y programas de desarrollo social, se amplió el acceso oportuno a la información en salud, se han evaluado de manera externa los programas prioritarios del sector y se ha publicado ininterrumpidamente el informe “Rendición de Cuentas en Salud”. Uno de los hitos en esta área es la evaluación externa del Seguro Popular realizada en 2005-2006 —“uno los estudios comunitarios aleatorizados más grandes que jamás se hayan hecho”—, que mostró los efectos benéficos de este seguro sobre la protección financiera de la población afiliada.
Sin embargo, debe señalarse que las iniciativas estatales en el rubro de transparencia han sido muy pobres. De hecho, uno de los grandes problemas asociados a la transferencia de recursos federales del Seguro Popular a los estados es la poca transparencia con la que se utilizan una vez que llegan a las secretarias de finanzas estatales.
Por último, es importante señalar que las medidas instauradas en México en el campo de la salud pública en el último cuarto del siglo pasado (vacunación, uso de la terapia de rehidratación oral, promoción de la lactancia materna, campañas de prevención y control del paludismo y del VIH/sida) se extendieron y fortalecieron en los últimos 12 años. Esto ha permitido cumplir anticipadamente con las metas de los ODM en materia de mortalidad en menores de 5 años y paludismo, y cumplir parcialmente con las metas en los rubros de VIH/sida y tuberculosis. La meta de mortalidad materna (“Reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en tres cuartas partes”), a pesar de la implantación de programas como “Arranque Parejo en la Vida”, difícilmente podrá alcanzarse, por lo que los esfuerzos en esta área tendrán que ampliarse.
Investigador del Centro de Investigación en Sistemas de Salud del Instituto Nacional de Salud Pública.
