El 26 de septiembre de 2010 se celebraron las Elecciones Legislativas Nacionales que pintan ahora de azul casi un tercio del Parlamento venezolano. Aunque la diferencia de votos entre los aliados de Hugo Chávez [1] y la derecha Unidad Nacional[2] haya sido inferior al 1%, y que la coalición gobernante haya conservado la mayoría simple del Parlamento (con 98 de los 165 escaños), el resultado de las elecciones fue considerado un triunfo indiscutible de la oposición. Hugo Chávez no solo perdió la mayoría calificada de 2/3 que mantenía desde 2005 y que le ha permitido gobernar sin contrapeso alguno, sino que ahora deberá negociar con los dos diputados de la minoritaria Patria Para Todos si busca aprobar leyes que requieran la mayoría absoluta durante el próximo periodo. Los nuevos legisladores asumirán su cargo mañana, 5 de enero 2011, y permanecerán en él hasta enero 2012 a menos que sean reelectos.
Pero a Hugo Chávez no le gusta gobernar negociando; su proyecto político y social es tan claro como son sus discursos y propósitos al interior y al exterior de Venezuela y la Revolución Bolivariana no puede esperar ni conceder, no más de lo que ha esperado y concedido Venezuela en el último siglo. Frente a los obstáculos, una personalidad como la del jefe del Estado venezolano, militar, socialista de la vieja guardia, soñador de una América Latina unida y libre de imperialismos, prefiere decretar antes que ceder una centésima de su poder a los “pitiyanquis”.
Así que la Asamblea de Hugo Chávez, la aún vigente hasta enero 2011, dio el contragolpe a la incipiente oposición participativa –incipiente, porque en la última década la oposición ha sido golpista, marchista, incluso abstencionista, pero no del todo participativa– y aprobó una Ley Habilitante que permitirá al presidente, en los próximos dieciocho meses, promulgar decretos con rango de ley en nueve ámbitos distintos: atención a las necesidades humanas generadas por las lluvias; infraestructura, transporte y servicios públicos; vivienda y hábitat; financiero y tributario; ordenación territorial, desarrollo integral y uso de la tierra urbana y rural; seguridad ciudadana y jurídica; seguridad y defensa integral; cooperación internacional, y sistema socioeconómico. La razón, según se arguyó, es la grave situación en que quedó el país tras las lluvias e inundaciones que dejaron alrededor de 130 mil damnificados y que requiere de atención inmediata.
La oposición alega que en realidad la emergencia climática es sólo una excusa, que Chávez “está tratando de amarrar a la Asamblea, de no permitir que haga absolutamente nada”, además que necesita hacerse de mayores ingresos para expandir el gasto. Y no es para menos, según la CEPAL, en la primera mitad del año el país registró una fuerte crisis energética a la que se sumó una caída de la inversión y del consumo privado. El descenso del PIB también se produjo en un contexto de elevada inflación (la inflación acumulada fue de 23%) y estuvo acompañado de un aumento del desempleo. Sin embargo estos resultados negativos no parecen tener, para el chavismo, el peso ni la relevancia de los objetivos alcanzados con el proyecto bolivariano el cual, también según la CEPAL, ha logrado que Venezuela esté entre los países que han reducido con mayor eficiencia la brecha de desigualdad, además que ha incrementado la participación del 40% más pobre de la población en la economía del país mientras que ha reducido la participación del 10% más rico en una proporción similar.
Así que la Ley Habilitante en efecto no solo permitirá al presidente recaudar más y expandir el gasto para atender la emergencia nacional, como es su intención, sino que le da luz verde para seguir imponiendo las reformas estructurales acordes con su proyecto de nación. La Ley es un recurso que está contemplado en la Constitución venezolana a fin de acelerar los procesos legislativos y que, en los doce años que lleva Hugo Chávez en el gobierno, se ha utilizado en tres ocasiones, 1999, 2000 y 2007, resultando en 165 instrumentos legales a favor de la causa bolivariana. El chavismo gusta de recordar que su presidente no ha sido el único en gobernar por decreto, también el liberalismo ha defendido con vehemencia su modelo de desarrollo: en el primer gobierno del ex Mandatario Carlos Andrés Pérez (1969-1974), por ejemplo, se creó el Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV) y se eliminaron 7 institutos autónomos y en el período de Jaime Lusinchi (1979-1984) se creó el Fondo de Garantías y Depósitos Bancarios (Fogade) mediante la misma figura de la Ley Habilitante.
Es en este contexto amplio que me imagino ahora al comandante Chávez, sentado en su silla presidencial, pensando en su amada República Bolivariana de Venezuela mientras sostiene una liga en la mano. La estira y la afloja, al tiempo que calcula cómo distribuirá su pauperizado PIB, cómo mejorará su índice de popularidad, cómo llevará salud y educación a las regiones que aún sufren, cómo mantendrá al margen a esos “escuálidos” (“¡capitalistas, tontos!”) de la Asamblea que confunden el socialismo con resentimiento social. Y mientras afloja y estira su liga, también se encomienda al dios de sus padres y de su abuela, y a ese dios le pide que suba el precio del barril de petróleo o que al menos lo mantenga a flote. A decir verdad, no me preocupa tanto lo que planee Chávez para 2011, porque al parecer a Venezuela le tocará más de lo mismo, como sí que de repente, sin entender bien porqué, le truene la liga en las manos de tanto haberla estirado.
– Alejandra Isibasi
(Imagen tomada de aquí)
[1] Partido Socialista Unido de Venezuela y aliados: PSUV, PCV, y Consejo Nacional Indio de Venezuela.
[2] Unidad Nacional: Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, Acción Democrática, Copei, Podemos, Proyecto Venezuela, y La Causa R.
Socióloga, maestra en Estudios Políticos, asesora de desarrollo social y bloguera.
