El capitalismo de amiguetes, lo que los anglosajones llaman crony capitalism, es el sistema rentista en el que el éxito privado depende de las conexiones con lo público. En España, donde el lobby profesional no está desarrollado, los encuentros entre el sector público y el privado se producen en secreto, “en cacerías, reuniones de las que no se informa en la agenda pública y viajes de expansión internacional”. Eva Belmonte, miembro de la fundación Civio y autora del blog El boe nuestro de cada día, describe en Españopoly (Ariel, 2015) los fallos estructurales y disfuncionalidades que dificultan la rendición de cuentas y facilitan la corrupción.
En Españopoly habla de que “las relaciones de poder en España son familiares, ancladas en las raíces”. Del Colegio del Pilar de Madrid han salido muchos políticos, y el Instituto de Empresa Familiar reúne empresas que suman más del 17% del pib español. ¿Existe la meritocracia en España?
Somos un país con fuertes lazos familiares en el que es muy importante dónde naces. Y esa cultura, combinada con el poco nivel de exigencia que se aplica a los nombramientos públicos, en los que en muchas ocasiones da igual si estás preparado o no para el cargo, hace que la meritocracia muchas veces sea sustituida por el dedazo al familiar o al amigo del colegio.
¿Es necesario adoptar un modelo de lobby al estilo de Bruselas o Washington?
Es imprescindible. En demasiadas ocasiones centramos la mirada, en términos de transparencia, en el sueldo del alcalde o del ministro. Me preocupa mucho más que ese alcalde o ese ministro esté gobernando pensando en todos los ciudadanos, no solo en aquellos con quienes coincide o tiene vínculos personales. Para vigilar que el poder cumpla esa misión, la de velar por el interés general, tenemos que saber con quiénes se reúnen los gobernantes y para qué, a qué acuerdos llegan, si ciertos sectores implicados en la aprobación de una ley no han sido escuchados… Aunque tenga menos punch en un titular, es muchísimo más importante que el sueldo del ministro. Pero si queremos ponerle precio en euros, pensemos por ejemplo en la reforma eléctrica y los miles de millones que implica que se modifique la norma en uno u otro sentido. Aun así, no sabemos con quiénes se reunieron los altos cargos para aprobarla ni hasta qué punto influyeron determinadas empresas en el redactado final.
¿El problema son las leyes o su incumplimiento?
Ambos. En ocasiones es necesaria una ley que cambie modelos de conducta. Si tuviéramos una ley de transparencia seria, los cargos públicos tendrían más cuidado, en términos burdos, de meter la mano en la caja. Ahí la norma, como en determinados casos de corrupción, puede provocar un cambio cultural, como pasó con la ley antitabaco. Pero en otras ocasiones el problema no es la ley, sino su incumplimiento. Tenemos normas que regulan las puertas giratorias, que vigilan las finanzas públicas y los contratos que firma la administración… Son mejorables, claro, pero en algunas cosas deberían funcionar bastante bien. ¿Cuál es el problema? Que se incumplen y, muchas veces, no existe un organismo independiente y con medios suficientes y capacidad sancionadora para vigilar o multar esos incumplimientos.
Algunos organismos supuestamente independientes de carácter público están colonizados por el pp y el psoe. ¿La aparición de nuevos partidos políticos cambiará esto?
Puede cambiarlo. Que hasta ahora se haya negociado cada nombramiento en el Tribunal Constitucional, por ejemplo, como si fuera un reparto de cromos, no es normal. Rompe con la base misma de la democracia. Pero si los partidos que tienen capacidad para vetar o sacar adelante un nombramiento se plantan y no aceptan un intercambio de favores, podríamos tener organismos despolitizados. Habrá que ver, en todo caso, si entran al juego o se plantan de verdad. Soy optimista. No por los nuevos partidos en concreto, sino porque creo que no hay inercias insalvables.
Vivimos una época en la que se reivindica una política de la gente común. Sin embargo, uno de los problemas que denuncia es la desprofesionalización de determinados cargos públicos.
Lo de gente común es tan abstracto como cuando, en los programas políticos, se habla de “mejorar la calidad de vida”. ¿De quién? ¿Cómo? ¿Quién es la gente común? En todo caso, soy partidaria de cargos públicos profesionales, que tengan que pasar procesos de selección estrictos y bajo el escrutinio público y bien pagados. Quiero tener la sensación de que el ministro sabe de lo que habla más que yo o que cualquiera que esté a mi lado escuchándole.
¿Una mayor transparencia se traduce en mayor rendición de cuentas o en un mejor debate público?
En ambas cosas. Pero no es una relación causa-efecto directa y absoluta, por supuesto. La transparencia por sí sola no va a eliminar la corrupción. Eso sí, la sensación de estar siendo analizado elimina muchas tentaciones. La transparencia permite que las administraciones públicas tengan que rendir cuentas y dejar de tratar al ciudadano como un idiota que no sabe lo que quiere. Y eso se traduce en un debate público basado en hechos concretos (por ejemplo, si todos tenemos acceso al borrador de una ley y podemos discutir sobre eso y no sobre las opiniones de unos y otros a modo de globos sonda) y en una vigilancia ciudadana de las instituciones. Sin conspiraciones: no solo para evitar y denunciar malas prácticas, sino también para aportar.
¿La opacidad de las administraciones públicas es resultado de su rigidez y atraso o hay una clara intención de ocultar?
Hay una sensación, desde el alto cargo hasta el funcionario, que pasa por temer que si los ciudadanos supieran todo lo que hacen, al detalle, le sacarían punta, encontrarían el lado oscuro a cada movimiento y desconfiarían aún más. Esa sensación se basa en la idea de que no somos capaces de comprender el funcionamiento de las administraciones públicas, que estamos a otro nivel (más bajo). Pero es que tampoco han hecho un esfuerzo por explicarlo, por hacer pedagogía. Y cambiar maneras de funcionar, en un gigante como las administraciones públicas, es muy complicado. ~
Ricardo Dudda (Madrid, 1992) es periodista y miembro de la redacción de Letras Libres. Es autor de 'Mi padre alemán' (Libros del Asteroide, 2023).
