El 22 y 23 de septiembre se llevó a cabo la primera Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas en el contexto de la Asamblea General de la ONU. El objetivo principal fue impulsar los derechos de las personas indígenas y el cumplimiento de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas adoptada por la Asamblea General hace siete años. El documento final de la reunión plenaria destaca la necesidad de resolver las desigualdades y la discriminación que afectan a las comunidades indígenas. En palabras de Ban Ki-moon: solo así podrá lograrse el “progreso de toda la humanidad”.
En varias secciones, el documento final subraya la importancia de promover y proteger los derechos de grupos indígenas que requieren atención especial: las mujeres, los niños, los jóvenes, las personas de edad y las personas con discapacidad. Sin embargo, en ninguna parte se menciona a las personas indígenas que requieren un enfoque específico por su condición migratoria.
En Indigenous Routes: A Framework for Understanding Indigenous Migration (Organización Internacional para las Migraciones, 2008), Carlos Yescas explica que la migración internacional por lo general no se ha considerado parte de la experiencia de los pueblos indígenas. Más allá del desplazamiento interno como resultado de urbanización o el despojo de tierras, generalmente se les asume como grupos “estáticos, enraizados fuertemente en sus territorios y costumbres, y reacios al cambio”. Contrario a estas percepciones atemporales (como las que agudamente describe Mario Arriagada sobre la representación de los pueblos indígenas en el Museo de Antropología), en los últimos años ha aumentado, individualmente o en grupo, la migración internacional de personas indígenas. Las características de esta migración requieren nuevos enfoques analíticos y de políticas públicas que tomen en cuenta tanto los retos como las oportunidades desde la perspectiva de los pueblos indígenas.
En el caso de México, la migración indígena hacia Estados Unidos no es un fenómeno nuevo. Al menos desde el periodo del Programa Bracero (1942-1964), grupos de purépechas, mixtecos, zapotecos y nahuas han migrado en busca de empleo. Aunque no hay cifras exactas y los criterios para identificar a esta población (ya sea por autoidentificación o por idioma) son limitados, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) estimó que en 2010 la población de mexicanos indígenas era de 14 millones, de los cuales dos millones residían en el extranjero (lo que correspondería a cerca del 18% del total de la población mexicana migrante en EUA). El principal reto para muchos de estos migrantes, como lo documentó el New York Times, es que no hablan español ni inglés, lo cual dificulta su acceso a trabajos, servicios de salud, contacto con autoridades y representación en las cortes.
Aunque México ha tenido un papel protagónico en la promoción de los derechos de los pueblos indígenas en la ONU –incluyendo la reunión de esta semana– hasta hace pocos años no se habían desarrollado programas específicos para atender el tema de la migración indígena, y los que existen ahora son muy limitados. La mayor parte del trabajo consiste en enviar, de manera aletoria, materiales del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas en distintas lenguas indígenas a las representaciones consulares, promover el intercambio de maestros mexicanos hablantes de lenguas indígenas a Estados Unidos como parte del Programa Binacional de Educación Migrante, o traducir carteles y folletos a lenguas indígenas como parte de los programas de Repatriación. Por medio del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, algunos consulados han organizado seminarios de formación educativa en lenguas indígenas y se han hecho intentos por establecer Plazas Comunitarias enfocadas en la enseñanza de lenguas indígenas, pero hasta el momento no se ha logrado.
En años recientes, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha identificado un aumento de casos de protección consular relacionados con indígenas migrantes. Los más delicados tienen que ver con arrestos, deportaciones o casos de separación familiar injustificados o sin haber obtenido apoyo consular a tiempo. Esto se debe, en gran medida, a la falta de traductores de lenguas indígenas, la discriminación en contra de estos grupos y la falta de conocimiento o aceptación de sus usos y costumbres.
Ante esta situación, en 2009 la SRE, en colaboración con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas lanzó la iniciativa de crear un directorio de hablantes de lenguas indígenas, y, en 2010, creó la Plataforma Especial para Atención de Migrantes Indígenas (PEAMI). El objetivo es identificar a migrantes mexicanos hablantes de lenguas indígenas que puedan fungir como intérpretes en cortes y casos de emergencia. A cuatro años de su creación, esta base de datos cuenta con 1,026 registros y traductores para 29 lenguas.
Esta iniciativa del gobierno reconoce que es necesario formular políticas públicas para atender a esta población, porque “enfrenta retos específicos dada su diversidad étnica y lingüística”, y es un avance importante; pero es un programa reactivo que se utiliza solo cuando se reporta un caso y no tiene un enfoque de enlace comunitario de largo plazo. Con la excepción de algunas comunidades indígenas, sobre todo en California, que han desarrollado organizaciones muy activas como el Frente Indígena Oaxaqueño Binacional, y aquellas otras que han sido estudiadas por académicos, aún hay un gran desconocimiento sobre estos grupos, desde dónde se encuentran, hasta sus características particulares.
En una serie de entrevistas con funcionarios de consulados mexicanos que realicé junto con Carlos Yescas para una investigación publicada recientemente en la Revista Mexicana de Política Exterior, observamos que hay personal ejemplar que tiene una sensibilidad particular hacia el tema y que ha tratado de impulsar iniciativas de acercamiento con estas comunidades. Sin embargo, también hay funcionarios que, ante la falta de información y conocimiento sobre el tema, reproducen los estereotipos negativos que existen en el ámbito nacional sobre los indígenas, como asociarlos con la pobreza, el atraso, la ignorancia, la vulnerabilidad y una relación de conflicto con las autoridades, o de que son reacios al cambio y se mantienen apartados por decisión propia.
Algunos funcionarios creen que hay una barrera no solo lingüística y cultural, sino también educativa, que impide a las personas indígenas utilizar la información o el material escrito que proporciona el consulado. Estas percepciones influyen en la baja prioridad que se le da al tema y la falta de inclusión de estos grupos en el diseño de varios de los programas existentes para la población migrante en el ámbito de salud, educación o liderazgo comunitario. No obstante, con pocas excepciones, como el reciente establecimiento del primer consulado móvil con traductores de mixteco y zapoteco en Nueva York, no se ha hecho un esfuerzo por superar estas barreras, por ejemplo, al traducir materiales informativos a lenguas indígenas (También cabe mencionar como una honrosa excepción al consulado de Nueva York que ha trabajado con el INALI y la Fiscalía de la ciudad de Manhattan para traducir sus materiales sobre prevención de fraude migratorio, crímenes de odio y violencia doméstica a las lenguas indígenas predominantes en la circunscripción).
A falta de una estrategia integral en este tema, la relación con la población indígena migrante se define casi exclusivamente en términos de los retos que representa la comunicación y la protección consular con hablantes de lenguas indígenas. Sin embargo, las necesidades particulares que tiene este grupo van más allá de la comunicación bilingüe y para ello se requiere vincular la protección consular, la protección preventiva y el enlace comunitario. La relación con estas comunidades tiene que ver con temas similares a los de la comunidad migrante en general: acceso a educación y servicios de salud, temas de violencia doméstica, discriminación y otras violaciones de derechos, así como retos relacionados con su estatus migratorio, en el caso de aquellos que no cuentan con permisos de trabajo. La atención a estos grupos también requiere un enfoque específico que tome en cuenta sus usos y costumbres y su forma de organización, que no se limita a la necesidad de contar con traductores o intérpretes.
A falta de un censo nacional, la PEAMI es un instrumento desaprovechado que podría servir para acercarse a estas comunidades, trazar los flujos migratorios desde sus comunidades de origen, identificar y atender sus necesidades específicas (desde documentación hasta servicios de salud y educación, promoción de liderazgos y enlace con la segunda y tercera generación, además de casos de protección). A la par del desarrollo de programas para atender a esta población, es necesario una mayor colaboración con la comunidad indígena, tanto en México como en el extranjero, para integrarlas en el diseño de programas y lograr un verdadero avance hacia el reconocimiento de la igualdad de las comunidades indígenas, aquí y allá.
*Partes de este artículo fueron tomadas de: Alexandra Délano y Carlos Yescas, “La diplomacia consular frente a la migración indígena: una agenda pendiente”, Revista Mexicana de Política Exterior, Núm. 101, 2014.
es profesora de estudios globales en The New School en Nueva York. Su trabajo se enfoca en las políticas migratorias de México y Estados Unidos.
