El populismo penal es la tendencia de las autoridades de -ante el incremento de la percepción de inseguridad por parte de la población y el recrudecimiento de los fenómenos delictivos- realizar acciones “rápidas y eficientes” que, fundamentalmente, incrementan las penas corporales de quienes cometen un delito y magnifican los resultados de los operativos de las fuerzas del orden para demostrar que sí se está atendiendo el problema.
La política de three strikes and you’re out que aumenta sustancialmente las penas corporales a delincuentes reincidentes en varios estados de Estados Unidos o los planes de Mano Dura y Super Mano Dura que el gobierno salvadoreño implementó en contra de las maras –MS-13 y 18– (realizando operativos masivos contra de estos grupos y penalizando la membresía a estas bandas) son algunos ejemplos representativos de este populismo penal.
En México, el populismo penal no solo se ha ceñido a proponer incrementos nominales a las penas de cárcel por delitos como el secuestro (la propuesta de pena de muerte a secuestradores del Partido Verde Ecologista durante las elecciones federales de 2009, aun cuando el artículo 22 de la Constitución lo prohíbe), sino que ha encontrado nuevos horizontes. Algunos ejemplos: el anuncio anticipado de que fuerzas federales o las policías estatales de todos los estados iniciarán un operativo conjunto (que implica eliminar la ventaja táctica de sorprender a los criminales), firmar pactos o acuerdos contra la inseguridad (que no cambian nada porque no son vinculantes), instalar miles de cámaras de vigilancia por toda la ciudad (que solo sirven para saber cómo ocurrió el delito pero hacen muy poco para evitar que suceda), dotar de armas largas y granadas a policías estatales (que requieren un entrenamiento específico y que sería por demás riesgoso su uso en un entorno urbano) y, por supuesto, la cada vez más frecuente aparición de delincuentes en horario estelar.
Hay por lo menos tres problemas con el populismo penal:
1) No hay pruebas contundentes que avalen el hecho de que incrementar las penas disuada a los criminales de incurrir o volver a incurrir en una actividad delictiva. De acuerdo con la ONU el número de delincuentes reincidentes en muchos de sus países miembros excede el 50%.
2) De qué serviría incrementar las penas si, como ya ha señalado Guillermo Zepeda Lecuona, en México 3 de cada 4 delitos cometidos no son denunciados ante las autoridades. Del 25% de los delitos que sí son denunciados, solamente se concluye la investigación ministerial del 4.5%, pero se pone a disposición de los jueces al 1.6% del total de los delitos cometidos.
3) Aun con las cifras anteriores, el sistema penitenciario ha logrando saturar las prisiones con personas sin recursos para pagar una defensa adecuada o personas que cometieron delitos no considerados graves, pero que fueron procesados como delincuentes de alto impacto para satisfacer cuotas de consignación impuestas a los policías y ministerios públicos. Así, de acuerdo con cifras de Zepeda Lecuona, hoy el sistema penitenciario ha duplicado el número de personas tras las rejas hasta llegar a más 220 mil personas cuya manutención cuesta al erario público 29 millones de pesos diarios, sin que esto haya tenido algún impacto en la precepción de inseguridad de los ciudadanos.
Si incrementar nominalmente las penas no disuade a los criminales. Como alternativa, valdría la pena desarrollar acciones de prevención del delito que si bien arrojarían resultados en el mediano y largo plazo (y ciertamente serían acciones difíciles de publicitar) mejorarían considerablemente la relación costo-efectividad. Su implementación sería más barata y atacarían directamente la precepción de inseguridad ya que una de sus principales premisas es trabajar de cerca con los ciudadanos para conocer de manera específica sus necesidades de seguridad (que pueden ir desde mejorar la iluminación de la calle o recuperar un espacio público, hasta realizar policiales específicas contra una banda delictiva que afecta la comunidad).
Las acciones de prevención social y situacional del delito que las alcaldías de Bogotá y Medellín han implementado durante más de una década, sumadas a las acciones en contra de las grandes organizaciones criminales que impulsa el gobierno nacional colombiano, son probablemente el mejor ejemplo de cómo una política de seguridad articulada y efectuada en el largo plazo, es redituable políticamente. No por nada durante las últimas elecciones presidenciales en Colombia los dos candidatos punteros fueron por un lado, Juan Manuel Santos (ex Ministro de Defensa de Álvaro Uribe) y Antanas Mokus (ex alcalde de Bogotá). Santos resultó electo.
Colombia no solo debería ser el primer referente para México en cuanto a la evolución de la violencia relacionada con el narcotráfico, sino también un referente de continuidad, persistencia y madurez política que ha permitido que los colombianos estén y se sientan más seguros. Tan solo en Bogotá, de acuerdo con la Encuesta de Percepción y Victimización 2008 de la Cámara de Comercio de esa ciudad, la percepción de inseguridad ha mostrado una tendencia decreciente y en promedio alcanza el 44% de los encuestados.
De nada sirve realizar acciones mediáticas contra la delincuencia si, como ya se ha probado, el sistema de justicia en México funciona de manera inadecuada, genera costos onerosos para la hacienda pública y sobre todo no mejora la situación ni la percepción de inseguridad de los mexicanos. Sin embargo, con las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina, creo que solo podemos esperar propuestas “recargadas” de populismo penal.
Politólogo mexicano interesado en las políticas públicas de seguridad. Ha trabajado en el gobierno federal y como consultor en temas de seguridad, inteligencia y políticas públicas.
