El 20 de de junio de 2011, Miguel Ángel Granados Chapa publicó en Reforma la siguiente editorial:
Prensa en los tribunales
Plaza Pública
Abundan los litigios civiles por presuntas lesiones a una imagen, a una reputación, al honor. Los más de ellos son promovidos, paradójicamente, por personas en cuyo patrimonio no pesa particularmente su buen crédito público. El gobernador Mario Marín se dio el lujo de demandar por daño moral al periodista Jorge Meléndez.
Otras veces se reclama de periodistas como Ana Lilia Pérez y Miguel Badillo rectificar informaciones verídicas que los afectados juzgan causantes de perjuicio. Está en la Suprema Corte, en espera de que se le aplique la sabia definición de que los funcionarios están sujetos al escrutinio público en mayor medida que las personas privadas, el caso de la Sosa Nostra, litigio que ha durado ya siete años.
También en el máximo tribunal aguarda ser abordado el conflicto legal entre el diario La Jornada y la revista mensual Letras Libres. Me parece de especial relieve este caso por su excepcionalidad. El uso y el abuso de los instrumentos legales para defender el buen nombre de las personas proviene de ámbitos ajenos al periodismo, y ha dado lugar a una forma extrema de limitación a las libertades de información y de expresión, que es el acoso judicial. Pero cuando una publicación acude a los tribunales para denunciar la conducta de otra publicación, me parece que estamos ante una deformación del propósito legal, dañina para la prensa en su conjunto y que, en el caso al que ahora me refiero, puede redundar en perjuicio del demandante, que por la índole de su tarea quedaría sujeto a reclamos judiciales a tal punto que se anularía su derecho de informar.
La pieza de acusación es un artículo de Fernando García Ramírez, a la sazón subdirector de Letras Libres, la revista dirigida por Enrique Krauze, en marzo de 2004. El texto partía de un diferendo entre La Jornada y el famoso juez español Baltasar Garzón, que en enero anterior había viajado a México para una diligencia en el proceso de extradición a que estaban sujetas varias personas señaladas como integrantes de ETA, el grupo terrorista (no hay posibilidad de eludir esa calificación) que por décadas ha tratado de conseguir mediante la violencia lo que militantes vascos por la democracia han conseguido por la vía electoral, la vía pacífica. Ante informaciones aparecidas sobre ese momento procesal en La Jornada, incluida la presencia aquí del combatiente juzgador, Garzón lamentó la “manipulación informativa” que conducía a presentar “como paladín de la libertad y de la dignidad restaurada a una organización terrorista que tantas muertes ha causado y que tanto dolor ha llevado y lleva a muchos hogares españoles y de otras nacionalidades”.
Años atrás, Fernando Savater había denunciado un reportaje sobre ETA, aparecido en ese diario diciendo que “es difícil encontrar una celebración más partidista y mendaz de un País Vasco afortunadamente imaginario” como el contenido de esa pieza periodística. Naturalmente, La Jornada publicó esas opiniones sobre su trabajo: la de Savater en su suplemento La Jornada semanal del 13 de junio de 1997 y la de Garzón el 31 de enero de 2004.
Además de aducir esos argumentos de autoridad, García Ramírez pretendió que La Jornada había ocultado un convenio con Gara, un diario de Batasuna, cercano a ETA, a diferencia del anuncio de sendos acuerdos con The Independent y Le Monde. Conforme dice Enrique Krauze, Josetxo Zaldúa, el influyente coordinador general de información de La Jornada, tiene abiertos en España dos procesos por terrorismo (que, digo por mi parte, el Estado español no ha querido llevar adelante, porque es pública y notoria la presencia del periodista en México).
El texto de García Ramírez apareció bajo el título de “Cómplices del terror”, que resumía con justeza la posición y los argumentos del autor. Olvidada de la inolvidable máxima de Francisco Zarco, según la cual “la prensa se combate con la prensa”, en vez de refutar desde sus páginas las opiniones de que discordara, como corresponde a un diario que todos los días expresa juicios sobre multitud de personas en todos los ámbitos, en agosto de 2004 La Jornada acudió a la justicia, tan endeble en nuestro país. Presentó una denuncia penal y una demanda civil, la primera contra el autor y la segunda contra la casa editora de Letras Libres.
Para bien, la vertiente penal quedó cancelada por la derogación de los delitos de difamación y calumnia. Subsiste el litigio civil, a pesar de que se inició antes de la aparición de la ley para la protección del derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen, de mayo de 2006, y se invocó al iniciarlo el riesgoso y represor tratamiento que en 1982 le dio el código civil.
Tras un fatigoso recorrido por diversas instancias, incluidas las de la justicia de amparo, la Suprema Corte de Justicia atrajo el conflicto de La Jornada y Letras Libres, en enero pasado. Entró en una lista de espera que demanda paciencia en los interesados, pues ha ocurrido que otro caso, el de Gerardo Sosa contra Alfredo Rivera, atraído también por ese tribunal se programó una y otra vez sin que se discutiera, y cuando ocurrió fue devuelto el proyecto de sentencia para la preparación de otro. Es entendible que un hombre carente de escrúpulos como el que domina la Universidad pública de Hidalgo actúe de esa manera. No se comprende que lo haya hecho La Jornada, que necesita como del aire para respirar las libertades que resultarían conculcadas con un fallo adverso a Letras Libres.
Ya está dicho: la prensa se combate con la prensa.
Cajón de sastre
No lo cree así quien ha presentado una demanda por daño moral contra Lorenzo Meyer, el notable historiador y periodista, que todos los jueves alumbra a los lectores de Reforma con textos donde enlaza su saber histórico y la penetración de su observación sobre la actualidad. Asombra que se dé entrada a documentos como el que intenta que se castigue a Meyer, que está muy por encima de las invectivas del habla cotidiana y por supuesto del nivel intelectual y ético desde donde se le quiere formular un reproche jurídico y de paso, si las cosas marchan bien, ganar unos centavos. Además de la defensa jurídica de la doctora Perla Gómez, docta en la teoría sobre libertades de expresión y de información, y experta en el manejo tribunalicio de los casos que atiende, Meyer cuenta con la solidaridad de sus compañeros.
