Muchos criticaron la frase “AMLO es un peligro para México”. Se dijo que era el emblema de la “guerra sucia” y que provenía “directamente de Joseph Goebbels”, autor del famoso dictum: “Una mentira repetida cien mil veces se vuelve verdad”. Académicos distinguidos lamentaron que la “atmósfera de miedo” y “polarización” creada por el PAN pudiese incitar a la violencia: “el concepto de ‘peligro para México’ significa que es un peligro para la nación, y entonces no se puede contemporizar, y hay que eliminarlo”. Escritores reconocidos apuntaron que el uso insistente de la frase en boca de Calderón era condenable en términos intelectuales (una “generalización… sin matiz o lógica”), deplorable en lo moral (“es la cima de la campaña de odio… es volver orgánica la histeria revanchista”), pero sobre todo peligrosa, ella sí, en términos políticos: “¿Por qué tal belicosidad si lo que se quiere es un clima civilizado?”.
Ahora López Obrador llama “traidores a México” a quienes propongan cualquier reforma energética. Aunque al principio pareció reservarse los nombres de quienes tenía en mente, no tardó en soltar algunos: Felipe Calderón, Juan Camilo Mouriño, Jesús Reyes Heroles, Santiago Creel y Manlio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa Patrón y Francisco Labastida Ochoa. Al poco tiempo, amplió la cobertura y advirtió que será “un traidor a la patria” el legislador, “sea del partido que sea”, que vote en favor “de cualquier modificación a la Constitución o leyes secundarias que permitan la participación privada en la industria petrolera”. Y, sin más contemplaciones, decretó: “Aquí hay dos grupos: los que están a favor de las reformas energéticas y los que estamos en contra. No hay lugar para la medianía. No se puede permanecer en medio, no se puede ser moderado, porque el que apoya a las reformas es traidor a la patria, sea del partido que sea”.
Señalar a un político como “un peligro para México” es, sin lugar a dudas, una acusación muy grave, pero no tiene traducción práctica en los códigos vigentes. En cambio la frase “traidor a la patria” remite a responsabilidades muy claras y específicas. En el artículo 22 de la Constitución de 1917, la “traición a la patria” estaba tipificada “en guerra extranjera” y se castigaba –lo mismo que el plagio, los delitos graves de orden militar o el homicidio con alevosía y ventaja, entre otros– con la pena de muerte. El párrafo fue omitido hace muy poco, el 9 de diciembre de 2005, pero el cargo persiste, referido sólo al presidente de la República, en el artículo 108, segundo párrafo, de la Carta vigente. Aunque la pena de muerte se ha derogado, el Código de Justicia Militar y el Código Penal Federal siguen tipificando el delito con penas severísimas. Los artículos 203 y 205 del primero prevén penas de hasta sesenta años; el artículo 123 del segundo dice a la letra: “Se impondrá la pena de prisión de cinco a cuarenta años y multa hasta de cincuenta mil pesos al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las formas siguientes”, y enseguida enumera quince puntos, casi todos referidos a casos de guerra (pérdida de territorio, espionaje) salvo el primero, más genérico: es traidor a la patria quien “realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación Mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero”.
En nuestro régimen constitucional, la determinación de la responsabilidad jurídica correspondería desde luego a los ministros de la Suprema Corte de Justicia pero, llegado el caso, AMLO no tendría el menor empacho en considerarlos, a ellos también, “traidores a la patria”. ¿Y qué ocurriría si un buen número de mexicanos se convencieran de buena fe sobre la necesidad de las reformas? Tampoco ahí cabe duda: serían “traidores a la patria”.
Pero ya se sabe: el Peje por su boca muere. Y es que el propio Proyecto alternativo de nación elaborado por AMLO decía a la letra: “… tampoco deberíamos descartar que inversionistas nacionales, mediante mecanismos transparentes de asociación entre el sector público y el privado, participen en la expansión y modernización del sector energético o actividades relacionadas, siempre y cuando lo permitan las normas constitucionales”. Bajo su actual óptica radicalizada, el líder se ha vuelto “traidor a la patria”.
El problema, como es obvio, no es legal sino político: pertenece a la órbita de nuestro imaginario histórico. La frase “un peligro para México” induce temor, pero la frase “traidor a la patria” provoca odio y ánimo de venganza. En México, quien incurre en “traición a la patria” merece el castigo terminal de todos los “traidores” de nuestra historia. Aquí ya no sólo estamos frente a una “generalización sin matices ni lógica”, una “mentira repetida mil veces”, un caso de “polarización” o “belicosidad”. Estamos frente a algo mucho más serio: una abierta apelación al “pueblo” para que, fiel a “sus usos y costumbres”, haga lo que siempre hizo con los “traidores”: llevarlos al paredón.
¿Qué dicen ahora los críticos? Ni una palabra, por supuesto.
– Enrique Krauze
Historiador, ensayista y editor mexicano, director de Letras Libres y de Editorial Clío.
