Usos y abusos de la “simbólica” soberanía popular

Es inevitable apreciar paralelos entre el “Congreso Popular” y el “Gobierno Legítimo” de AMLO: el mismo desconocimiento de la legitimidad de las instituciones políticas.
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El último fin de semana de enero trajo consigo dos acontecimientos que marcarán el desarrollo de la izquierda mexicana durante los próximos meses. Por un lado, Morena, con Andrés Manuel López Obrador de regreso firmemente al timón, llevó a cabo su asamblea constitutiva y la agrupación está lista para solicitar su registro como partido. Por otro lado, un grupo de académicos, periodistas, intelectuales y artistas -muchos de ellos claramente identificados con la causa lopezobradorista hasta hace poco- ha convocado a la realización de un “Congreso Popular”, cuyas dos premisas fundamentales son precisamente el fracaso de la estrategia política de AMLO, entre otros actores, y la convicción de que existe una brecha insalvable entre las instituciones públicas y la soberanía popular que se supone que deben representar.

Morena será un partido político. Naturalmente su primera gran prueba de fuego serán las elecciones legislativas de 2015. La aritmética electoral ha sido repasada muchas veces y nos anticipa que lo que Morena pueda obtener de apoyo lo hará a costa del PRD en unos comicios intermedios que suelen dejar a la izquierda en su conjunto en su piso habitual de alrededor del 15% de los votos emitidos. El partido de López Obrador tendrá seguramente una significativa fracción parlamentaria, que será impotente contra las iniciativas del partido en el poder y deberá bregar mucho para conseguir apoyo para sus propios proyectos parlamentarios. En este contexto, el discurso de AMLO prometiendo convertir a Morena en la “primera fuerza política del país” en 2015, para desde esa posición “derogar y anular (sic) las reformas aprobadas en este sexenio”, no puede tomarse más en serio que las porras de un entrenador a sus jugadores antes de empezar el partido.

La inocultable debilidad del nuevo partido, así como la extrema dependencia de su máximo dirigente, motivaron la decisión de algunos de apartarse del camino electoral lopezobradorista y convocar a una instancia alternativa de movilización. A grandes rasgos, el “Congreso Popular” es una invitación para participar en una primera “sesión” que “revocará” simbólicamente las reformas constituciones promovidas por el gobierno de Enrique Peña Nieto y decidirá medidas concretas de “resistencia civil”. Los interesados registrarán sus “candidaturas” en un sitio web abierto para tal efecto y, luego de una revisión por parte de la comisión organizadora, los candidatos que pasen el filtro serán “insaculados” y los que así resulten elegidos participarán en la primera sesión el 5 de febrero.

La iniciativa del “Congreso Popular” cobra más sentido a través de un artículo de John Ackerman publicado en La Jornada el 20 de enero, así como la especie de “manual de interpretación” contenido en la columna Astillero, de Julio Hernández López, el 24 del mismo mes. En una izquierda caracterizada por su autocomplacencia y su casi nula capacidad de autocrítica, el artículo de Ackerman sobresale por su franco reconocimiento del fracaso de las múltiples formas de organización de la izquierda en las últimas dos décadas. Sin medias tintas ni ambigüedades, Ackerman pidió reconocer el tamaño de la derrota, para desde ahí replantear las posibilidades de reorganización de la izquierda. No es algo menor; el artículo completa una paulatina toma de distancia con respecto a los liderazgos actuales y traza una ruta independiente de los tiempos partidistas y electorales.

Complementariamente, el día que se abrió la convocatoria, Hernández López ofreció una guía para interpretar algunos de los elementos más controversiales de la propuesta. Si bien insistió en el rechazo de las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión y de la actuación de las instituciones políticas del país en general, aclaró que el “Congreso Popular” no “trata de instaurar diputaciones o senadurías ilusorias o permanentes” ni alentar “la idea de que la eventual revocación política tenga verdaderas consecuencias legales inmediatas”. En todo caso, lo que la propuesta busca es combatir la percepción de la “irreversibilidad” de las reformas aprobadas y “reforzar” la protesta contra las mismas.

El “Congreso Popular” es una iniciativa digna de atención porque, al lado de la insatisfacción con los resultados concretos de la estrategia política de López Obrador frente a las reformas promovidas por el gobierno en funciones, muestra también lo difícil que es terminar de romper con el modelo lopezobradorista. Lo que se puede criticar del “Congreso Popular” y sus convocantes es que, paradójicamente, no son suficientemente radicales en su intento por trascender las formas y discursos del lopezobradorismo. Es inevitable apreciar paralelos entre el “Congreso Popular” y el “Gobierno Legítimo” de AMLO: el mismo desconocimiento de la legitimidad de las instituciones políticas, la misma certeza de que la voluntad del pueblo ha sido “burlada”, y la misma pretensión de erigir una especie de contraparte moral de la institución a la que se desconoce, en este caso el Congreso de la Unión.

El problema aquí es que la idea de un “Congreso Popular” es inherentemente incompatible con las propuestas para su integración y agenda de la primera sesión. Uno de los elementos más interesantes y prometedores de la convocatoria, si consideramos las experiencias negativas en procesos similares, como la Convención Nacional Democrática de los zapatistas y el CGH de la UNAM, es la forma de selección de candidatos para la sesión del 5 de febrero. Esta combina dos factores originales: la instauración de un indispensable filtro contra la inclusión de los eternos ultras sectarios que siempre andan “zopiloteando” en torno a los movimientos sociales, así como un procedimiento más justo para elegir a los participantes con base tan solo en el azar -y no el “aplausómetro” de las asambleas ni las grillas tras bambalinas. Pero no se puede presentar una convocatoria que en los hechos es muy restringida (y por excelentes razones) y una agenda limitada a votar una sola propuesta elaborada en privado (“derogar las reformas”, lo cual recuerda a las grandes concentraciones de AMLO en donde votan a mano alzada lo que el líder ya decidió) como parte de un intento por convocar al “Pueblo de México” a recuperar “simbólicamente” su “soberanía” arrebatada por los poderes fácticos apoderados de las instituciones.

Lo verdaderamente radical habría sido, en mi opinión, prescindir de todo simbolismo en torno a la “soberanía popular”, dejar de parapetarse tras la figura del “pueblo” amparado en el artículo 39 constitucional (¿por qué siempre se omite el artículo 41 que está ahí nomás abajito?) y presentar la iniciativa como lo que es: un valiente intento de un grupo de intelectuales por trascender la tradicional división entre las “cabezas pensantes” y los organizadores, tratando de convencer a tantos ciudadanos como sea posible de que se sumen a su causa. 

 

 


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