El viernes 13 de agosto, la primera página del periódico El Nacional destacaba, a todo color y en gran tamaño, una foto de la morgue de Caracas. En una sala desarreglada y sucia, aparecían varios cadáveres desnudos, compartiendo camillas o simplemente tendidos en el suelo, amontonados sin ningún orden, entre los rastros de sus sangres. Era una imagen agresiva, espeluznante; una áspera postal de guerra. La polémica no se hizo esperar. El gobierno indignado denunció una nueva conspiración mediática. La siguiente víctima fue la libertad de expresión.
Con una rapidez inusitada, atendiendo a una petición de la Defensoría del Pueblo, un juez dictó una prohibición para cualquier medio impreso de publicar imágenes de tipo “violento, sangriento, grotesco, bien sea de sucesos o no”. El mismo juez giró también una instrucción en contra de El Nacional, ordenándole no divulgar más informaciones con “contenido de sangre, armas, mensajes de terror, agresiones físicas, imágenes que aticen contenidos de guerra y mensajes sobre muertes y decesos que puedan alterar el bienestar psicológico de los niños”. En ambos casos, curiosamente, la medida judicial abarcaba solo cuatro semanas, justo el tiempo destinado a la campaña electoral que vivía el país, antes de las elecciones parlamentarias del 26
de septiembre.
Al día siguiente de la medida, las páginas dedicadas a la nota roja, en El Nacional, aparecieron en blanco. En otro espacio, los periodistas de la fuente redactaron unas irónicas líneas donde le preguntaban al gobierno si alguno de los sucesos policiales ocurridos el día anterior podría ser considerado como “contenido prohibido”. Teodoro Petkoff, legendario líder de la izquierda en Venezuela y editor del periódico Tal Cual, desafió la instrucción judicial reproduciendo en sus páginas la fotografía de marras. En todas las oportunidades, ninguno de los responsables editoriales negó la intención política del crudo retrato que se ofrecía a los lectores. La foto había sido tomada en diciembre del 2009 y se publicaba en ese momento casi como un estallido, como una exasperación frente a la indolencia que el gobierno había mantenido ante el problema de la inseguridad en el país.
Durante años, el gobierno se ha resistido a considerar a la inseguridad como un problema real, de enormes dimensiones. Mientras las noticias, diariamente, reseñan el testimonio de numerosas víctimas de la criminalidad, desde el 2005 el país no cuenta con estadísticas oficiales sobre esos casos. Hace ocho años se cerró la sala de prensa que ofrecía a los medios informaciones concretas sobre la violencia social. Aunque la Comisión de Defensa del parlamento ha reconocido la existencia de más de nueve millones de “armas ilegales” en
Venezuela, el gobierno se empeña en denunciar que todo forma parte de un espectáculo mediático. En el colmo del absurdo, algunos voceros han llegado a acusar a los paramilitares colombianos y al imperialismo yanqui de inf iltrarse en los barrios populares del país para producir y alentar la delincuencia, con el único fin de atacar y sabotear a la revolución bolivariana.
Un informe del ine (Instituto Nacional de Estadística), filtrado a la prensa en el mes de septiembre, mostró sin embargo una realidad tan espeluznante como la fotografía de la morgue. Las especulaciones y los cálculos de las ong se quedaron cortos. Según el informe, en el año 2009 se produjeron en Venezuela 19.133 homicidios. Ese solo dato basta para sentenciar la tragedia que vive el país. Representa una tasa de 75 asesinatos por cada cien mil habitantes. Para tener una idea, México, incluso con la guerra contra el narco, tiene una tasa de 10 homicidios por cada cien mil habitantes. Colombia, país que vive también sometido a un conflicto armado, tiene una tasa de 37… Ante estas estadísticas, sin embargo, el gobierno eligió guardar un contundente silencio. Como no pudieron prohibir los números, decidieron ignorarlos.
Hugo Chávez ha hecho de la confrontación su método político. Se ha sumado a la nefasta tradición que entiende que la diversidad y la crítica son formas de traición. Por eso, con el paso de los años y la acumulación de poder, su proyecto, cada vez más, ha ido perdiendo en transparencia y ganando en autoritarismo. Cuando no puede combatir de manera frontal algún cuestionamiento, lo descalifica o simplemente lo ignora. Actúa como si no existiera. Utiliza el silencio como forma de exclusión.
Pero incluso más allá de esta naturaleza, que ya es parte de la genética del chavismo, el problema de la inseguridad social propone otro desafío a la prédica gubernamental en Venezuela. Quienes han defendido durante años la tesis de que la delincuencia es una consecuencia directa de la miseria, un resultado del capitalismo neoliberal, no encuentran cómo explicar ahora que, después de pregonar que en el país se ha reducido de manera drástica la pobreza, las cifras de la inseguridad social hayan aumentado también de manera drástica. Ante los ojos del mundo, la gran retórica de Chávez de pronto cruje. No es fácil justificar lo que ocurre: por qué el paraíso bolivariano está lleno de balas.
La violencia de pronto ha aparecido como un síntoma más de las grandes contradicciones que esconde el proyecto político de Hugo Chávez. Obviamente, existe una relación entre las condiciones de pobreza y la violencia social. La desigualdad sigue siendo el gran problema de Latinoamérica y Venezuela no es la excepción. Pero, junto a ese factor fundamental, también conviven otra cantidad de elementos, de variables específicas, que no pueden suprimirse con las loas a Fidel o los barriles de petróleo. En dos gruesos volúmenes, titulados Y salimos a matar gente, el Centro de Investigaciones Populares ha tratado de ordenar veinticinco años de trabajo intentando comprender el mundo popular venezolano. A partir de quince casos reales, testimoniados en hojas de vida, la investigación se adentra en el universo de la delincuencia y de la violencia en los sectores pobres del país. El sacerdote salesiano Alejandro Moreno, coordinador del equipo, señala: “Aquí se caen muchos mitos. Y uno es que la pobreza no tiene nada que ver con la delincuencia. Es decir, tiene que ver en cuanto a que son pobres, pero no es por pobres por lo que delinquen. ¿Por qué lo hacen? Delinquen porque quieren sobresalir, quieren adquirir lo que ellos llaman respeto. Y respeto es imposición, miedo. Eso aplica para todos los delincuentes, pero los viejos lo consiguieron en su época de una manera y los nuevos de otra. A los nuevos no les interesa la comunidad sino solamente la acción violenta.”
Se trata, sin duda, de una óptica diferente, más compleja y menos mecánica, que también permite establecer relaciones entre lo que ocurre y la existencia de un gobierno que legitima constantemente la violencia como un medio para alcanzar las metas. El símbolo gestual que identifica al proyecto de Chávez es un puño que golpea amenazante la palma de la otra mano. El nombre de campaña que guió al oficialismo en las pasadas elecciones fue “Operación Demolición”. En cada acto, el presidente exigía “demoler” al adversario. Nada se negocia. Todo se invade, se arrebata, se expropia. Llevamos doce años viviendo ese mismo mensaje. En política, la revolución tampoco permite sobrevivientes.
Hemingway, en Por quién doblan las campanas, logra un momento crucial e inolvidable cuando Pilar narra el linchamiento y la ejecución de varios miembros del bando nacional. En medio de la algarabía, un hombre que está junto a ella, del lado de los republicanos, le ofrece algo de beber. “Matar da mucha sed”, dice. Eso somos ahora los venezolanos. Por desgracia. Un país sediento. ~
(Caracas, 1960) es narrador, poeta y guionista de televisión. La novela Rating es su libro más reciente (Anagrama, 2011).
