Son raras y escasas las personas que creen seriamente que la iniciativa de la Cocopa de 1996 sobre derechos y cultura indígenas puede atentar contra la soberanía nacional o auspiciar la fragmentación del país. Los principales grupos de presión y los diversos conglomerados de intereses ciertamente no tienen nada
que perder si se aprueban modificaciones a la Constitución a partir de los acuerdos de San Andrés. ¿Qué le importa a los banqueros si en las zonas indígenas se aplican sistemas normativos propios en la regulación de sus conflictos internos? ¿En qué puede afectar a los industriales el disfrute colectivo de recursos naturales en el hábitat de los pueblos indígenas? ¿Cómo se ha visto amenazada la vasta hegemonía del otrora partido oficial, el PRI, en las zonas rurales si algunos municipios indígenas optan por prácticas políticas tradicionales? ¿En qué estorba a las grandes compañías explotadoras de recursos naturales el pago de royalties a gobiernos indígenas locales y no a instancias estatales o ejidales? ¿En qué se ve afectada la Iglesia Católica con la preservación de lenguas indígenas? ¿Acaso los comerciantes tienen interés en oponerse a cambios en la demarcación de distritos electorales? ¿Los grandes sindicatos se ven amenazados por la formación de asociaciones de comunidades indígenas? ¿Ven acaso un peligro de seria competencia los grandes monopolios de la radio y la televisión si los pueblos indígenas operan sus propios medios de comunicación? ¿Se quebranta la burocracia judicial o militar si se procura acercar a presos indígenas a sus comunidades?
Tan evidente es el hecho de que la iniciativa de la Cocopa resulta inofensiva que el propio presidente de la República —que no es ningún izquierdista— la apoya decididamente, y su antecesor, Ernesto Zedillo, aceptó los acuerdos de San Andrés. Todos los sectores políticos han declarado que no se opondrán a la "esencia" de la iniciativa de la Cocopa. Reformas que emanan de un espíritu similar han sido introducidas en la legislación oaxaqueña, gracias al apoyo del PRI. Las propuestas están, además, cobijadas por una organización internacional —no precisamente subversiva— dedicada a proteger los derechos y los niveles de vida de la población trabajadora. Me refiero al convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), que de manera implícita asimila las identidades indígenas o tribales a su existencia como mano de obra protegida. La misma marcha del EZLN a la Ciudad de México en marzo de 2001 no sólo fue tolerada, sino en muchos casos protegida y auspiciada por los más diversos poderes materiales y espirituales que a su paso se rendían a la evidencia de que los guerrilleros eran inofensivos y hasta simpáticos.
El único detalle verdaderamente incómodo, y para algunos ofensivo (por eso dicen que el demonio se esconde en los detalles), lo hallamos en el hecho espectacular y altamente simbólico de que esta iniciativa de ley existe gracias al alzamiento militar de un grupo guerrillero en Chiapas, el EZLN. Y con este detalle particular comienzan los misterios intrigantes: ¿por qué un grupo guerrillero de orientación rígidamente maoísta y convencido de la necesidad de una guerra popular prolongada entra, pocos días después del alzamiento, en negociaciones con el gobierno contra el que lucha y casi tres años después adopta como bandera principal la defensa de una iniciativa de ley que, por dondequiera que se la mire, es cualquier cosa menos revolucionaria? ¿Por qué un movimiento armado que emerge con violencia en la vida pública contribuye decisivamente a la transición pacífica a la democracia? Dejo la contestación de estas preguntas para otra ocasión.1 Lo que me interesa ahora es destacar una extraña pero fascinante contradicción: los acuerdos de San Andrés, que cristalizan en la iniciativa de ley de la Cocopa, aparecen en la imaginería simbólica como la expresión de los impulsos más rebeldes y avanzados del pueblo, mientras que en el plano de la ingeniería legislativa se trata de propuestas que sólo molestan, si acaso, a los intereses más atrasados de algunos sectores marginados de comerciantes parasitarios, a compañías dedicadas a la explotación salvaje de recursos naturales y a otros grupos similares.
La gran paradoja radica en la oposición entre la imaginería política y la ingeniería legislativa, que no es sino la forma que adoptan las diferencias entre los planos de la legitimidad y de la legalidad. Los legisladores están enfrentados a la dificultosa tarea de adaptar su riguroso ingenio jurídico a las elásticas reglas del juego simbólico de imágenes políticas.
Estas contraposiciones, si las observamos con cuidado, tienen visos que pueden llegar a ser tragicómicos. Estamos ante una propuesta legislativa cuyo espíritu fundamenta la autonomía y la libre determinación de los pueblos indígenas en criterios genéticos (que definen su ascendencia), en sistemas normativos de origen colonial, en la defensa integrista y tradicionalista de la comunidad, en formas de gobierno que excluyen a los partidos políticos y en intereses corporativos o patrimonialistas. El espíritu que está detrás de esta iniciativa se ha ido decantando a lo largo de decenios en muy diferentes regiones del globo. No es una propuesta nueva ni original, aunque es cierto que no ha tenido expresiones en México sino en años recientes. Se liga a varios procesos que han definido estatutos autónomos de gobierno para la población "aborigen", clasificada como tribal o primitiva, en vastas regiones colonizadas, con el fin de reservar, apartar o independizar territorios de acuerdo a criterios étnicos y lingüísticos. Los ejemplos son muy variados, desde los gobiernos negros del Bantustán en África del Sur o las reservaciones indias en Estados Unidos hasta las comarcas y regiones autónomas, basadas en "nacionalidades", en la Unión Soviética. La historia de estos procesos es intrincada y su seguimiento es arduo e incluso tedioso. Pocos se detienen a desentrañar los tecnicismos de estos procesos o a examinar sus dramáticas y a veces desastrosas extensiones en América Latina, como en la costa atlántica de Nicaragua o en las zonas indígenas de Colombia. En cambio, el brillante espectáculo de un inteligente y creativo subcomandante zapatista es muy atractivo, especialmente para la izquierda decepcionada por la grisura de las perspectivas electorales y por la falta de opciones después de la caída del Muro de Berlín. La imaginería de la izquierda, en contraste, crece y se enriquece en torno al nuevo espectáculo que fascina a amplios sectores de la población. El EZLN, así, se erige como una gran fuerza simbólica en la imaginería política nacional, una fuerza que tuvo la audacia de arrumbar rápidamente el bagaje dogmático guerrillerista y sustituirlo por un conjunto de fórmulas pluriculturales que defienden las tradiciones indígenas. A lo largo del camino, los zapatistas fueron absorbiendo selectivamente las propuestas procedentes de las muy distintas tradiciones "autonomistas" que he mencionado, especialmente las de origen anglosajón y soviético, que se han ido mezclando en un curioso coctel. Es importante subrayar que, lamentablemente, en las propuestas de la Cocopa no se percibe ninguna influencia de otras formas más sofisticadas y avanzadas de autonomía, como las que cristalizaron en la España posfranquista o las que en México ilustran el funcionamiento del Instituto Federal Electoral y muchas instituciones públicas de educación superior.
El papel de los legisladores que…
El papel de los legisladores que se inclinan hacia la izquierda (independientemente del partido al que pertenezcan) es verdaderamente difícil. Ante el reto, me pregunto si serán capaces de reconocer los aspectos conservadores que contiene la iniciativa de la Cocopa, a pesar de la vistosa imaginería progresista que rodea como un aura los acuerdos de San Andrés. Las formas de gobierno indígena están, en esos acuerdos, ligadas a poblaciones que conservan sus antiguas instituciones, que definen su práctica política de acuerdo con la tradición, que disfrutan (o quieren disfrutar) en forma colectiva tradicional el hábitat que las rodea y que ejercen formas de justicia basadas en la costumbre. El espíritu conservador, tradicionalista y costumbrista es evidente, aunque está atenuado por sintomáticos agregados condicionantes sobre el necesario respeto a las garantías individuales, los derechos humanos, los preceptos constitucionales y, muy especialmente, la dignidad de las mujeres.
Podemos advertir los peligros de este conservadurismo para la propia población indígena: exclusión de los partidos políticos y de instituciones nuevas que contengan semillas de cambio, confusión de funciones políticas y eclesiásticas católicas, marginación de jóvenes, mujeres y disidentes en la práctica cotidiana de una democracia directa ejercida en asambleas, transformación del disfrute colectivo de los recursos naturales en usufructo corporativo de rentas y royalties cobrados a compañías privadas, y otras amenazas que sería largo enumerar. Los aspectos conservadores de la iniciativa de la Cocopa no son inferencias imaginarias: cualquier persona pudo comprobar su existencia en las mismas intervenciones de los zapatistas ante el Congreso de la Unión el 28 de marzo de 2001. Hicieron allí la defensa de un "pluralismo jurídico" que acepte en el ámbito constitucional sistemas normativos ya existentes en las comunidades (como dijo Adelfo Regino); que legitime aquellos usos y costumbres considerados "buenos", según la delegada del Congreso Nacional Indígena, María de Jesús Patricio, como el hecho de reconocer que el marido que va a la asamblea comunitaria lleva "la participación de la mujer" (que se queda en casa), aceptar que en dichas asambleas "no hay voto" sino acuerdos unánimes impuestos por la "palabra verdadera" de los ancianos o reconocer que se hace más justicia "reparando el daño antes que castigando al culpable" (una práctica en la que cabe una gran variedad de tradiciones: desde la exhibición pública del presunto culpable, para que se avergüence, hasta el linchamiento o el trabajo forzado al servicio de las personas afectadas). Ante las dudas que flotan en el ambiente político, la comandanta Esther del EZLN defendió la iniciativa de la Cocopa al señalar que los problemas que se han observado son en realidad de toda la sociedad: los indígenas ya viven en reservaciones, apartados de los demás mexicanos; el sistema legal del país es atrasado y promueve el racismo y la confrontación; es el gobierno quien crea excepciones en el quehacer político, al convertir los puestos y cargos en espacios de impunidad y de acumulación corrupta de riqueza. Todo esto es verdad, y es necesario combatirlo: se trata de "usos y costumbres" que es necesario cambiar, aunque se presenten bajo la forma folclórica de "sistemas normativos" supuestamente indígenas. Su presencia en el conjunto de la sociedad mexicana es una prueba más de que no se trata de valores heredados de los antiguos, sino de una nefasta contaminación de tradiciones coloniales y autoritarias que se han ido acumulando a lo largo de siglos. Todo esto no debe ocultar el hecho extraordinario y bienvenido de que, con su presencia en el Congreso de la Unión y con su discurso ante los diputados y senadores, el EZLN aceptó formalmente el inicio del diálogo con los poderes ejecutivo y legislativo. Con ello terminó una época aciaga de su relación con la sociedad política y se confirmó la nueva realidad democrática que vive México. Ante el hundimiento del sistema autoritario el EZLN se vio obligado a realizar un gran viraje. Espero que logre consolidarlo.
Como señalé, estas expresiones de tradicionalismo y conservadurismo no afectan seriamente a los grandes bloques financieros, industriales o comerciales, o sólo de una manera muy atenuada. ¿A quién pueden afectar? En primer lugar, sin duda, a los propios pueblos indígenas. En segundo lugar, al sistema democrático de partidos políticos. Como los legisladores forman parte de este sistema, y en principio están obligados a preocuparse por los intereses del pueblo, no tienen más remedio que encarar las reformas a la Constitución en materia indígena tomando en cuenta las potenciales consecuencias negativas de las leyes que discuten.
Desde luego, la iniciativa de la Cocopa ofrece importantes aspectos positivos, como son, en mi perspectiva, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, las autonomías impulsadas por el combate a la discriminación y por el enriquecimiento de las lenguas indígenas, que son la expresión más valiosa de su cultura. Añadiría también el impulso a formas propias de educación, la asistencia de intérpretes y defensores indígenas en los juicios, la capacidad de expresar la libre determinación en asociaciones que rebasen las fronteras políticas, y otras más. Espero que se logre conectar el reconocimiento de los derechos indígenas a la implementación de medidas de alcance nacional —y no sólo local— que legalicen, por ejemplo, el uso oficial de las lenguas indias más extendidas, una educación superior impartida en dichas lenguas y la obligación de los medios masivos de comunicación a reflejar el pluralismo cultural. El dinamismo de cada cultura indígena, si existe, hará el resto.
En el Congreso de la Unión y en otros ámbitos se expresarán diversas posturas y corrientes que mostrarán la necesidad de separar y distinguir los componentes de la iniciativa enviada por el presidente. Hay una izquierda crítica que debería evitar la defensa en bloque de la iniciativa, como reflejo automático ante sus atractivos simbólicos e imaginarios, y que debería distanciarse de actitudes miméticas que serían un lastre tanto para el Congreso como para sus partidos. Hay otro sector que apoyará los aspectos conservadores y tratará de anular modificaciones que expandan sus dimensiones avanzadas. Sospecho que existe también un amplio segmento muy pragmático, tal vez mayoritario, que se percata del carácter relativamente inocuo de muchos aspectos de la iniciativa, y que se orientará según las presiones cambiantes del contorno espectacular de imágenes y símbolos, y de acuerdo con las negociaciones entre partidos. Como por el momento desconocemos el grado de tolerancia del EZLN hacia posibles modificaciones de la propuesta original, es difícil predecir si —como sería deseable— aminorará la influencia de la imaginería espectacular que destaca excesivamente el teatro y el vestuario, como el uso del foro y de capuchas, por encima de la discusión de contenidos. Sin dejar de reconocer los encantos de la dramaturgia legislativa, espero que la deseable aprobación de una ley que otorgue derechos a la población indígena logre ir más allá de una batalla entre villanos de zarzuela y héroes de opereta. –
Es doctor en sociología por La Sorbona y se formó en México como etnólogo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia.
